Hace algún tiempo, no mucho, preguntaron a Jaime Nebot en una entrevista de prensa, qué cabe hacer con un gobierno que inequívocamente nos va a llevar al abismo. La pregunta la formuló Carlos Vera, en un destello de lucidez. Nebot respondió que se puede hacer tres cosas, aguantarlo que es una alternativa, que cambie de opinión y actúe, o botarlo.
La cuestión fue planteada en un contexto inequívoco. La clase política profesional elimina a sus peones entre sí. Miembros de la Asamblea Nacional destituyen a la presidenta del organismo legislativo por “incumplimiento de funciones” y por supuestas irregularidades en su gestión. Miembros de las comisiones de ética de los partidos políticos juzgan a sus propios militantes acusándolos de corrupción. No obstante, todos que se convierten en jueces y partes.
¿Cuándo será que sea el pueblo ecuatoriano, que ejerciendo su potestad constitucional, juzgue a sus supuestos -o superpuestos- representantes?
La propia constitucionalidad se ha encargado de complicar el ejercicio de ese derecho popular para obstruir su aplicación práctica, es decir, la propia democracia formal se pone palitos para hacer tropezar su libre andadura hacia un país con plena vigencia de soberanía popular frente al poder. Cabe dilucidar quién manda a quien. ¿No es el pueblo el mandante, aunque el presidente se denomine mandatario?
El camino a la derogatoria del mandato
¿Puede un político que ostenta la condición de mandatario, cambiar de opinión y de actuación frente a sus mandantes? Difícilmente, puesto que el ordenamiento político y social así lo predispone. No por casualidad ordenamiento implica, inexorablemente, un orden establecido, no subvertible ni revocable, so pena de terminar con los huesos en la cárcel o desaparecidos forzosamente. No por casualidad el Estado actúa inspirado en la doctrina de la Seguridad Nacional de vieja data; y, ahora mismo, está afinando las herramientas que otorguen apariencia legal al “uso progresivo de la fuerza”, una ley que no discrimina entre líneas contra quién progresará esa fuerza aplicada en manos de los aparatos represivos estatales, Policía, FFAA, etc. Y no es cuestión de pura semántica legislativa. El uso progresivo de la fuerza significa claramente el uso -no solo cada vez más progresivo- sino cada vez más represivo de la fuerza policial y militar con armas letales; aquellas que, además de disuadir o intimidar, matan.
Entonces, en democracia plena es justo y necesario dilucidar estas cuestiones acerca de qué hacer con un presidente que inequívocamente nos va a llevar al abismo y que, por añadidura, dispone ahora de todas las prerrogativas legales para disuadirnos de acatar lo que venga, so pena de aplicar el uso progresivo represivo de la fuerza.
Para no quedar en el limbo, amerita anteponer al mandatario el derecho de los mandantes: los derechos humanos que deben ser irrestrictamente respetados en una democracia plena. En definitiva, se trata de legislar de cara al pueblo en función del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, como reza el precepto democrático moderno. Pero, en el país del encontronazo con la razón, se legisla en función del poder, se crean más leyes para controlar la actuación ciudadana, para restringir la acción de la sociedad civil y, en ultima instancia, para reprimir la protesta social cuando la opinión popular se contradice con los designios del poder. Esa es la democracia, dirán algunos. Claro, la democracia formal, no la real democracia real que debe servir para garantizar una convivencia humanizada entre los seres humanos.
En el fondo de este embrollo cabe una simple conclusión. Los preceptos democráticos, tal y como nos lo legaron los pensadores europeos, sirven para paliar las contradicciones, no para resolverlas. La contradicción mayor del hombre con el hombre, la lucha de clases, bajo la apariencia y el supuesto de que esa lucha de clases es reconciliable, a través de las leyes; y que por definición está impedida de serlo, puesto que la legislación existente refleja, precisamente, esa lucha irreconciliable de las clases en la imposición de poder de una sobre la otra.
Entonces, recién comenzamos a entender por qué existe un mandatario en un gobierno que no quiere cambiar y que inequívocamente nos va a llevar al abismo, como reza la pregunta formulada a Nebot. Entonces la pregunta que fue mal formulada, debió ser: ¿Cómo hacer frente a un gobierno que no cambia y que, inequívocamente, nos va a llevar la abismo? ¿Cómo hacer para hacerlo cambiar, aun sabiendo que tiene ahora la potestad de usar progresiva y represivamente la fuerza sobre el ciudadano de a pie?
Frente a un presidente que no quiere rectificar y de cara a las tres alternativas -que en el fondo son una sola- aguatarlo, que cambie o botarlo, es hora de formular la pregunta de rigor: ¿Cómo hacer para revocar el poder de los políticos incorregibles que no quieren enmendar? Tomando en cuenta que el mandatario convoca a consensos, para actuar por sobre las diferencias y cruzar el puente hacia la «democracia», lo que implica aceptar su modelo, su camino y no otro distinto. Esto es así, no obstante que, las objeciones y críticas provenientes de los sectores ciudadanos sueles ser la respuesta a que las medidas que adopta el gobierno son decisiones tomadas sin considerar las demandas populares, esto es lo que equivale llevarnos al abismo y ocurre en ámbitos de la economía, salud, educación, agricultura, seguridad, cultura, etc.
Se trata, por tanto, de viabilizar en democracia el derecho constitucional que tiene el pueblo mandante a revocar el mandato del mandatario. Pero, si bien en la Constitución Política del Ecuador de 1998 se recoge por primera vez en el ordenamiento jurídico nacional, la figura de la revocatoria del mandato, con la Constitución de la República aprobada en 2008, se verifican cambios, pues no solo se eliminan las causales, sino que también se abre la posibilidad de que esta figura proceda en contra de cualquier autoridad de elección popular y se reduce el porcentaje de firmas requeridas respecto del padrón electoral, al 15% en caso del presidente de la república y 10% para otras autoridades, (artículo 105).
Se supone que, mediante la revocatoria del mandato, la ciudadanía cuestiona la capacidad del gobernante para vincular las necesidades emergentes de los ciudadanos que no han sido previstas en planes de trabajo elaborados antes de tomar posesión de sus funciones. Se establece, por tanto, que la revocatoria del mandato es activada por incumplimiento de un plan formal de trabajo de las autoridades y por el rechazo del pueblo al funcionario en su forma de ejercer el poder en su cargo. Se colige de este modo que la revocatoria del mandato es una decisión eminentemente política, legitimada por el derecho ciudadano y amparada en la Constitución que debe constituirse en la máxima expresión de democracia real y directa.
Decíamos al comienzo que la, clase política se juzga a sí misma como juez y parte. Y ante la incapacidad de sus representantes de solventar la crisis nacional, incurre en el juego de la charada parlamentaria de destituir a sus miembros como si el problema fuera de carácter personal y no de índole institucional, ideológico partidista. Peor aun, apelando y echando mano a la justicia para que interfiera en las decisiones de la Legislatura, con sospechosos y parciales fallos de jueces ad hoc, vendidos y comprados por el mejor postor.
Es entonces cuando la revocatoria del mandato procede y se legitima en el derecho popular como respuesta a una historia política criolla caracterizada por la inestabilidad, y ante la necesidad creciente de incorporar mecanismos que refuercen el control político por parte de electores a elegidos en el contexto de un Estado democrático. La revocatoria del mandato, en tal sentido, al definirse como una institución jurídica–política que permite a los ciudadanos cesar en el cargo a una autoridad de elección popular antes de que expire el periodo para el cual fue elegido, y que ha perdido la legitimidad, confianza y aceptación de sus electores, se erige como un canal participativo que fortalece la participación ciudadana y tiene como fundamento a la consolidación de la democracia.
Ahora sí tiene respuesta la pregunta acerca de qué cabe hacer con un gobierno que no muestra visos de cambio e inequívocamente nos va a llevar al abismo.
