Corren malos tiempos para la paz. El gobierno en una declaración del presidente Lasso anuncia que el país está en guerra con los enemigos de la seguridad, la narcodelincuencia: “Esta es una guerra y el único camino es ganarla, para proteger la vida de los niños y jóvenes ecuatorianos. El que se excluya simplemente lo deberemos considerar como parte de la amenaza contra el pueblo (…) Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran desplegadas en todo el territorio realizando vigilancia terrestre, marítima, aérea…”, dijo Lasso.
El mandatario hizo la afirmación en una ceremonia militar, en respuesta a la alcaldesa de Guayaquil, la ciudad más violenta del país, que dijo: “El país se le salió de las manos; la delincuencia le ganó en menos de un año”, señaló Viteri en una cadena transmitida en redes sociales y estaciones de televisión. Afirmaciones inéditas, sin duda, en un país que ama la paz.
¿Qué tipo de guerra propone el presidente? Se conoce que existen la guerra convencional, la guerra de guerrillas y la guerra revolucionaria. ¿Alguna en particular?
La Guerra convencional, con un código que sanciona la victimización civil como crímenes de guerra. Un tipo de guerra convencional que se realiza utilizando teorías, medios, estrategias y tácticas tradicionales, en el contexto de un conflicto armado entre dos o más Estados abiertamente hostiles. Un conflicto en el cual las fuerzas de ambos bandos quedan bien definidas, suelen combatir en campos de batalla y luchan con armamento cuyo objetivo primordial es el ejército enemigo y sus infraestructuras.
Diferente a la Guerra de guerrillas que golpea objetivos militares, como un enemigo oculto que actúa en acciones esporádicas y se retira. Guerra de guerrillas con una estrategia militar en la que pequeños grupos de combatientes, a menudo paramilitares, civiles armados o irregulares, utilizan ataques móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor y menos versátil con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante una guerra de desgaste. Ambas, esencialmente difieren de la Guerra revolucionaria de principios políticos, sociales de liberación nacional o territorial, asociados a la instauración de un gobierno popular. Conflicto armado que se manifiesta en un país, adoptado por diversos movimientos que se apoyan en una ideología revolucionaria, cuyo móvil es la inconformidad política, social, económica y cultural.
¿Cuál guerra librarán las FFAA y la Policía ecuatoriana contra los carteles del narcotráfico que sostienen una guerra caracterizada por acciones terroristas que no discrimina entre objetivos militares y civiles con atentados y uso de explosivos a infraestructuras urbana y rural?
El ejemplo es Colombia, país en donde los carteles del narcotráfico desataron la violencia en el marco de una guerra con el Estado, que incluyó acciones violentas con incursiones terroristas contra edificios públicos, cuarteles militares y policiales, sedes de periódicos, aviones comerciales, y el asesinato y secuestro de políticos, fiscales, jueces, periodistas y ciudadanos opuestos a las acciones ilícitas del tráfico de drogas. El narcotráfico eligió una “guerra sucia”, sin códigos de ética, con acciones bélicas indiscriminadas contra militares y civiles, usando sus ingentes recursos a disposición de aparatos armados ilegales que reclutaron, masivamente, a sicarios juveniles, infiltró a los aparatos de seguridad, organismos económicos e instituciones de justica del Estado. Constituyó un contingente de colaboradores bajo la consigna de “plata o plomo”, colaboración remunerada o muerte segura, que intimidó y puso de rodillas a la sociedad colombiana. En esa brega violenta se fortalecieron los grupos paramilitares y la delincuencia organizada, en la creación de un contingente militar irregular que enfrentó a todo un país.
El Estado no actuó solo en contra de los grupos paramilitares irregulares. Un denominado Grupo de Búsqueda, unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional de Colombia, creado por el gobierno del presidente Barco en agosto de 1989, se sumó e intervino como Grupo Élite de la Policía, conformado por 450 hombres del Ejército y la Policía, más 50 miembros de inteligencia. Después de la fuga de Pablo Escobar de la prisión de La Catedral se reactivó como un aparato destinado a localizar al capo del cartel de Medellín para darle baja. En esa operación militar colaboró el denominado grupo Los Pepes (“Perseguidos por Pablo Escobar”). En esta colaboración, surgieron interrogantes respecto de las sospechosas muertes de algunos subordinados de Escobar, las cuales habrían sido cometidas por los Pepes enrolados dentro de las propias filas del Bloque de Búsqueda. Frente a las sospechas acerca de justicia por mano propia, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá puso momentáneamente en duda su apoyo a esta operación, la cual consistía en la provisión de una pequeña avioneta equipada con un sofisticado sistema de intercepción de comunicaciones a bordo, con el objetivo de rastrear y determinar -dentro del Área Metropolitana de Medellín- la ubicación exacta desde donde Pablo Escobar se comunicaba telefónicamente con sus familiares, socios o allegados.
La guerra interna
Lasso declara la guerra a un enemigo cuyas dimensiones y capacidad bélica desconocemos, para ello invita a la ciudadanía a sumarse a una estrategia militar, lo que constituye una peligrosa convocatoria. El Estado ecuatoriano está dando respuesta militar a un problema de índole y origen social, siguiendo el ejemplo de nuestros vecinos. La interrogante que se hace el país: ¿Puso Colombia fin al narcotráfico con esa respuesta del Estado?
La cocaína que es ilegal en Colombia, ya no parece un negocio informal: muchos trabajadores reciben bono en diciembre, hay inversionistas que pagan por adelantado y los precios no fluctúan de manera dramática, entre otras cosas. Atrás quedaron los monopolios de Pablo Escobar o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hoy, contrariamente, hay una multiplicidad de actores especializados en cada etapa de la cadena productiva de estupefacientes. El mercado se regula a sí mismo y hay competencia.
Lo que no ha cambiado y continúa en crecimiento es la industria de la cocaína que sigue siendo uno de los principales enemigos del gobierno colombiano, ahora al mando de Iván Duque. El mandatario ha afianzado la alianza con Estados Unidos, que solo en Colombia ha gastado más de US$11.000 millones en la guerra contra las drogas. El régimen de Duque ha logrado, según algunas estimaciones, que los cultivos de hoja de coca se hayan disminuido de manera sostenida por tres años. Pero eso no ha impedido que la producción de cocaína aumente en Colombia. De hecho, nunca en la historia de ese país, durante décadas el mayor exportador de drogas del mundo, se había producido tanta cocaína de manera tan eficiente y tan poco violenta. Duque ha reconocido el aumento en la producción de drogas: «Los criminales del narcotráfico siempre han buscado su profesionalización, ellos han ido adaptando muchas de sus prácticas para tratar de aumentar la productividad», señaló en junio pasado.
Para explicar el fenómeno de menos coca, pero más cocaína, expertos sugieren una serie de eventos externos a la industria que habría influido en la actual situación. Entre otras causas, la salida de las FARC de escenario bélico irregular que se desmovilizó en 2016, y los cuatro años de negociaciones entre el Estado y la guerrilla que generaron cambios estructurales en el mercado de sustancias ilícitas. La erradicación de un monopolio que influía en cada etapa de la producción abrió el mercado para mayor innovación, diversidad y competencia. Entre de 2012 y 2016, cientos de miles de campesinos decidieron volver a sembrar coca porque pensaron que el acuerdo de paz beneficiaría a los cocaleros. Se suma a este fenómeno el ingreso de narcocarteles mexicanos al país colombiano, que hicieron grandes inversiones pagadas por adelantando con sistemas de organización del trabajo casi corporativos que potenciaron la eficiencia del negocio.
El ejemplo colombiano hace pensar que la guerra contra el crimen organizado y sus sicarios a sueldo, es algo más que una guerra de acciones militares. El Estado ecuatoriano, siguiendo los pasos de su similar colombiano, no solo debe declarar la guerra en las calles urbanas, cárceles y zonas rurales al narcotráfico, además debe pensar en estrategias diversas tendientes a desmotivar el negocio ilícito de los narcotraficantes que actúan con violencia inherente a toda actividad ilícita. Es fácil decirlo, pero sin duda complejo para este Gobierno concebir e implementar políticas sociales de creación efectiva de empleo más atractivo que el negocio de las drogas, implementar políticas educativas que reorienten a la juventud hacia actividades productivas, e incentivar a la familia rural a producir alimentos y no drogas en sus territorios. Si el gobierno ha convocado a la sociedad civil deberá ser para contribuir con su energía vital con profesionales, trabajadores, ciudadanos, juventud, hombres y mujeres, en la línea de retaguardia en la creación de una sociedad más equitativa, de mayores opciones de progreso en la construcción de un futuro en armonía.
La guerra, en este caso aunque suene paradójico, es esencialmente una acción de paz.
