El informe presidencial del 24 de mayo marca un antes y un después en el Ecuador. Genera una instancia de transición entre el primer y el segundo año de gobierno de un país, donde lo único cierto son las incertidumbres. Incertezas de un régimen errático, sin norte ni sur, que actúa a la deriva dejando en evidencia una flagrante confusión entre eventos políticos coyunturales y políticas públicas permanentes.
Este panorama genera críticas al régimen desde diversos sectores de la nación dispuestos a revocar el mandato del presidente Lasso y del vicepresidente Borrero. Una llamada Coordinadora Nacional por la revocatoria del mandato ha comenzado a gestionar esa alternativa y empezó los trámites en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener los formularios que permitan recoger 1’970.000 firmas que exige la ley (15% del padrón electoral), para que el gobierno deje el poder: «Si dejamos seguir a Lasso y Borrero nos quedamos sin país», dijo Pedro Granja, dirigente de la Coordinadora Nacional por la revocatoria del mandato.
Desde otro sector, Jaime Nebot en su crítica al gobierno señaló que gobernar es “hacer muchas cosas bien y rápido al servicio de este pueblo”. Añadió que “no se puede tener USD 10 millones para pagar acreedores y equilibrar la balanza. Al mismo tiempo que no haya útiles para procesar cédulas y pasaportes. No se puede permitir que cierre un hospital por falta de anestesia en vez de comprarla. No se puede permitir que un gobierno gaste más en fotocopias que en obra pública. Nebot concluyó: “no hay que tener compasión con quienes nos han conducido a este período de inseguridad catastrófica”, en referencia al régimen de Lasso.
Gobierno sin rumbo
Las criticas provenientes de estos sectores es la respuesta a que todas las medidas que adopta el gobierno son decisiones tomadas a la zaga de los acontecimientos, que no responden a una planificación -inexistente en el marco de una política a largo plazo-, lo que popularmente se conoce como apagar incendios. Esto ocurre en ámbitos de la economía, salud, educación, agricultura, seguridad, cultura, etc. Un ejemplo es el llamado “éxito de la vacunación” del que tanto se ufana el gobierno, y que no es otra cosa que un evento de respuesta a un problema de salud pública -que no está mal-, pero que resulta absolutamente insuficiente para la generación de empleo y, peor, para la reactivación económica de un país.
A Guillermo Lasso se le va pasando el tiempo y no decide la muerte cruzada, porque no tiene garantías de ser elegido nuevamente luego de la renuncia a su cargo. Tampoco decide la Consulta Popular porque las encuestas indican que, día a día, crece el rechazo al gobierno, no solo de la oposición natural sino además de sus adeptos que lo eligieron y que hoy reclaman cumplimiento de las promesas de campaña, e incluso exigen corrección de medidas consideradas inconvenientes, como crear más impuestos, por ejemplo.
Este panorama pone en evidencia la ineptitud política del régimen debido a la impericia gubernamental de un banquero que no sabe otra cosa que hacer dinero mediante el mecanismo del préstamo y ganar intereses. Esa es la esencia de un banco. Será por eso que Lasso coincide, a rajatabla, con el FMI que es otro chulquero, en el ámbito internacional. Esta dinámica financiera especulativa terminará acabando políticamente al régimen, pero también al país desprovisto de gobernante, con total falta de políticas públicas en diversos ámbitos de la vida nacional, sin solución a los requerimientos sociales, regentado por un banquero presidente que no logra ver al Ecuador, que “no sintoniza con el país”, como bien apunta Carlos Rabascall.
Realidad que tampoco dejan ver los medios informativos. La labor de un periodismo responsable requiere identificar las perspectivas que tiene Ecuador para este segundo año de gobierno que se inicia, sin confundir lo particular con lo general. Es decir, sin dar mayor pábulo a hechos aislados, a propuestas y protestas inconexas de sectores que defienden sus intereses -con legítimo derecho-, pero sin conexión con objetivos estratégicos de país a largo plazo. Este puede ser el caso del movimiento indígena que muestra una dinámica capacidad de movilización política y social, pero en defensa de sus requerimientos étnicos, a falta de una política global de alcance nacional. Lo mismo suele suceder con los partidos políticos, a los que solo interesa impulsar agendas propias, reivindicaciones caudillistas, sin plantear una plataforma programática que refleje una visión ideológica y política de país. El correísmo parece mostrar mayor interés en la defensa de sus líderes políticamente perseguidos que en dar la línea politica de acción a la altura de la primera organización partidista nacional. Sucede igual con Pachakutik que, por falta de estrategia, se divide frente a cada coyuntura; y le sucede también a la Izquierda Democrática que termina defendiendo a fulanito o zutanita acusados de actos irregulares. Ausencia de ideología coherente y de praxis consecuente, se llama eso.
Precisamente, esas son las razones que argumenta el movimiento que busca sacar a Lasso del poder: “No deben existir más caudillos. Ese es el gran problema que tiene el país. Llega un caudillo al poder y después pretende creerse Dios. Vivir en todas las fallas de nuestra alicaída democracia. Tenemos que empezar a construir poder popular con los compas médicos, enfermeros, desempleados, jubilados”, dijo el representante de la Coordinadora Nacional por la revocatoria del mandato presidencial.
Revocatoria del mandato
Frente a este escenario, la alternativa constitucional que tiene la sociedad civil es ejecutar la revocatoria del mandato a los representantes en ejercicio del poder. La Constitución de la República vigente establece que dicha revocatoria es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador, como un instrumento de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la Presidencia de la República. La solicitud de revocatoria de mandato procederá siempre y cuando haya transcurrido un periodo de tiempo no menor a un año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo mandatario.
Se entiende esta revocatoria como un mecanismo de democracia directa, presente en las denominadas democracias participativas. No obstante, cabe señalar que, desde su institucionalización en la Constitución Política de 1998 hasta su nueva regulación en la Constitución de la República de 2008, incluyendo las reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica Electoral y el Código de la Democracia, se ha desnaturalizado la figura jurídica de la revocatoria del mandato, tornándola menos accesible, dificultando su ejercicio como derecho y en consecuencia, volviéndola ineficaz.
A partir de la definición de la democracia como: “Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes”, podemos colegir que la democracia directa puede definirse como aquella forma de gobierno en la que no se requiere de ningún tipo de representación para la toma de decisiones, pues la ciudadanía lo hace directamente. Conforme esta prerrogativa ciudadana, considerar a la revocatoria del mandato como un mecanismo de democracia directa, no implica una carencia absoluta de representantes; por el contrario, admite la existencia de los mismos, pero el momento en que se toma la decisión de cesar en el cargo a uno de ellos, no deberá intermediar persona alguna, y en este contexto se trata de una medida que toma el colectivo popular de manera directa.
Es en la Constitución Política del Ecuador de 1998 que se recoge por primera vez en el ordenamiento jurídico nacional, la figura de la revocatoria del mandato. Con la Constitución de la República aprobada en 2008, se verifican cambios, pues no solo se eliminan las causales, sino que también se abre la posibilidad de que esta figura proceda en contra de cualquier autoridad de elección popular, y se reduce el porcentaje de firmas requeridas respecto del padrón electoral, 15% presidente de la república y 10% otras autoridades, (artículo 105).
Mediante la revocatoria del mandato, la ciudadanía cuestiona la capacidad del gobernante para vincular las necesidades reales y emergentes de los ciudadanos que no han sido previstas en planes de trabajo elaborados antes de tomar posesión de sus funciones. Por lo mismo, se establece que la revocatoria del mandato no es activada precisamente por un incumplimiento del plan formal de trabajo de las autoridades; por el contrario, es el rechazo por parte del pueblo al funcionario el que motiva la iniciativa del proceso en cuestión. Un descontento manifiesto del pueblo ecuatoriano con la forma en cómo estos desempeñan sus cargos. Se comprende de este modo que la revocatoria del mandato es una decisión eminentemente política, legitimada por el derecho ciudadano y amparada en la Constitución que debe constituirse en la máxima expresión de democracia directa.
Ante la incapacidad de la clase política y sus representantes de solventar la crisis institucional del Estado, la revocatoria del mandato, se institucionaliza en el marco constitucional como respuesta a una historia política nacional caracterizada por su inestabilidad, y ante la necesidad creciente de incorporar mecanismos que refuercen el control político por parte de electores a elegidos en el contexto de un Estado democrático. La revocatoria del mandato, en tal sentido, al definirse como una institución jurídica–política que permite a los ciudadanos cesar en el cargo a una autoridad de elección popular antes de que expire el periodo para el cual fue elegido, y que ha perdido la legitimidad, confianza y aceptación de sus electores, se erige en un canal institucional que fortalece la participación ciudadana y tiene como fundamento a la consolidación de la democracia.
Las perspectivas del país para este segundo año de gobierno que se inicia son inciertas. Frente a un antes y un después marcado por la opción de revocatoria del mandato presidencial, alternativa que, de no aplicarse positivamente, podría constituir otro “evento” político sin destino.
El 24 de mayo resultó ser el último día de anacronismo, y el primero de lo mismo.
