Como en el fútbol, en política existe un área que suele ser zona de peligro. El área social constituye zona de riesgo para todo régimen, más aún para un gobierno que en un año de ejercicio realiza cambios de volantes de creación y delanteros de concreción en ese sector oficial generando una sensación de inestabilidad con recurrentes reemplazos de ministros y funcionarios públicos. Y como advierten los empresarios que dice representar el régimen, la inestabilidad es enemiga de la prosperidad.
Prosperidad esquiva, según el Comité Empresarial Ecuatoriano, de no verificarse los incentivos oficialmente prometidos para el sector privado, como eliminar impuestos, condiciones privilegiadas de inversión, reformas laborales, entre otros. Y ahora se suma la inflación fenómeno que, según los empresarios, no se debe a la especulación sino a condiciones de incremento de precios internacionales que afectan los costos de producción locales; y, por tanto, el control de precios al consumidor nacional no es la solución.
La inseguridad -dice el sector empresarial- imposibilita la inversión y, por tanto, la generación de empleo en el país. El gobierno habla de haber creado 350 mil nuevos puestos de trabajo en un año, pero la ciudadanía necesita saber dónde están, si son empleos formales o informales, y para eso se requiere de data actualizada que, recién el censo poblacional programado para septiembre del 2020, podría arrojar.
Es imprescindible discriminar entre ganarse el pan, que es una labor diaria de subsistencia, y el empleo formal y adecuado, con estabilidad y derechos reconocidos. El gobierno argumenta que los nuevos empleos fueron creados en el sector agricultura, una actividad muy sensible del área social y tradicionalmente desatendida por el Estado. Cabe la pregunta de rigor: ¿han mejorado este último año las condiciones en el campo? Y preguntarse, además, si la rotación de tres ministros fracasados en la cartera agrícola frente a los ingentes requerimientos de productores bananeros, arroceros, entre otros, representa una prioridad real para el gobierno. Somos un país con vocación agrícola se ha dicho eufemísticamente, pero la ruralidad permanece abandonada por el régimen. Otra pregunta pertinente es: ¿tendremos políticas públicas agropecuarias este nuevo año de gobierno o el oficialismo seguirá apagando incendios?
El gobierno, a través de sus voceros, ha dicho que en esta segunda etapa anual, una vez que ha concluido con éxito el plan de vacunación se abocará a temas de inseguridad y falta de empleo. Además, afirma haber “puesto en orden la casa”, pero por delante tiene que atender las demandas sociales en un área siempre conflictiva y de riesgo político. El régimen aun no cae en cuenta de que para disminuir los trances en zona de peligro requiere de una fluida comunicación con sus mandantes en territorio, para detectar prioridades. Dicha comunicación no existe, o está obstruida por una mala información en plataformas oficiales a las que la ciudadanía no tiene fácil acceso. Si existen cifras positivas de reactivación económica que no se conocen en forma concreta y en detalle, pues, deberían reflejarse en servicios públicos de calidad en áreas de salud, educación y seguridad. De nada sirven las cifras macroeconómicas con supuestos superhabit mientras en la familia ecuatoriana persiste un déficit en todas sus necesiades. No es posible hacer política pública si no se cuenta con una data confiable, mientras que la falta de buena información oficial está pasando factura al régimen, ahí están las encuestas.
Otro sector sensible del área social es la salud. Según estadísticas, oficiales el 29% de los niños del país padece desnutrición infantil crónica. El gobierno ha pensado en un bono de ayuda para las madres, del que no se sabe a cuántas beneficiarias alcanzará y qué tiempo. No se conoce con exactitud cuándo se pondrá fin a la falta de insumos médicos y medicinas en los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Voceros del gobierno dicen, vagamente, que en este segundo año de gestión, el régimen atenderá el problema; mientras tanto, el presidente Lasso ha anunciado un proyecto de “externalización de las farmacias”. El cumplimiento de la Constitución que, en su artículo 3 señala la obligatoriedad del Estado de proporcionar servicios médicos a la ciudadanía, duerme el sueño de los justos. El desabastecimiento de medicinas es un fenómeno frente al cual se emitió ya una alerta el 12 de agosto del 2021.
En el Registro Civil tampoco hay insumos para obtener documentos de identidad nacional o internacional. No se sabe si es por falta de asignación presupuestaria o ausencia de planificación; sectores interesados señalan que se trata de lo segundo, porque no se dispusieron a tiempo los recursos en esa institución del Estado.
Revocatoria del mandato
Al cumplir un año de gestión el gobierno, y no evidenciar cumplimiento de sus promesas de campaña ni la ejecución de un plan de trabajo, sectores de oposición encabezados por asambleístas de UNES informaron que, desde el 25 de mayo, es probable se proponga en la Asamblea Nacional la revocatoria del mandato del presidente Lasso, petición que estaría respaldada por diversos sectores sociales.
Los argumentos esgrimidos se relacionan con el hecho de que las brechas sociales son cada día más evidentes, mientras la inseguridad, la miseria y la violencia son el pan cotidiano en un país en el que tres de cada diez habitantes carece de un empleo adecuado, y la mitad de la población se debate en la pobreza y extrema pobreza. Los asambleístas demandantes manifiestan que, a la ausencia de políticas públicas y carencia de recursos, se suma la tendencia del gobierno de favorecer a sectores políticos que le dieron apoyo en la campaña, en detrimento de los intereses del pueblo.
¿La casa en orden? Para saber si esto es una realidad hay que verificar si existe un enfoque en la gestión, para ver dónde se pone énfasis entre lo importante y lo imprescindible. Un spot de propaganda del gobierno, en boca del presidente Lasso dice: “Gracias pueblo por confiar en mí. El mejor pueblo al que un presidente puede aspirar”.
En área social, o zona de peligro, es de esperar que la frase oficial no se revierta, en boca de la ciudadanía, en el peor gobierno al que un pueblo puede revocar.
