Entre las múltiples deudas del Estado con la sociedad civil está la falta de medicinas en los hospitales del sistema de salud pública. Y entre los principales responsables están los ministros de Salud de los gobiernos de Moreno y Lasso que en plena pandemia no han tenido la capacidad administrativa de garantizar los insumos médicos a la población ecuatoriana. Los responsables tienen nombre y apellido: En el régimen de Moreno, Catalina Andramuño Z., Juan Carlos Zevallos L., Rodolfo Farfán J., Marco Antonio Falconí G., Camilo Aurelio Salinas; y en el gobierno de Lasso, Ximena Garzón V.
Insensibilidad social, falta de voluntad política, ineficiencia administrativa, o todo lo anterior mezclado en la conducta de estos funcionarios públicos, se traduce en que los hospitales tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no cuenten con los más mínimos insumos y medicinas para atender enfermedades terminales u ocasionales.
El drama de los pacientes es inenarrable impedidos de continuar sus tratamientos oncológicos, cardiológicos y de otros males crónicos, como insuficiencias renales o hepáticas que sin medicamentos los condenan a una muerte segura. La falta de medicamentos en los hospitales públicos, que se agudizó durante la pandemia, no se ha solucionado a pesar de que el Ministerio de Salud declaró en emergencia a los 135 hospitales públicos en agosto de 2021.
Pacientes que padecen de cáncer deben resignarse a dejar de recibir quimioterapia o radio terapia por falta de reactivos y enfermos de cardiopatías no cuentan con beta bloqueadores, diuréticos, anticoagulantes para insuficiencias cardiacas o isquemias confirmadas; de igual modo, los pacientes de insuficiencias renales no reciben diálisis por falta de insumos médicos. Estas enfermedades graves llegan a necesitar medicamentos prescritos en recetas cuyo valor alcanza hasta los mil dólares mensuales. El hospital HCAM atiende más de 20 mil pacientes de cáncer al año, otro tanto en la especialidad de cardiología, enfermedades que requieren de costosos tratamientos y alta tecnología en insumos médicos.
Recientemente, el Ministerio de Salud se propuso adquirir 123 medicamentos prescritos para el tratamiento de enfermedades raras, graves, huérfanas y catastróficas, pero en la práctica solo adquirió 42 fármacos por un valor de dos millones de dólares, es decir el 34% de lo previsto. Se ha vuelto frecuente la presencia de plantones frente al hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) en Quito, de pacientes que exigen su derecho a las medicinas, puesto que pagan cumplidamente sus aportaciones al IESS. Pero la respuesta es siempre la misma, se promete plazos que no se cumplen y soluciones que no llegan. Los hospitales públicos en estos momentos alcanzan a un 60% del abastecimiento de los insumos médicos necesarios. Entre otras causas argüidas por las autoridades están la falta de presupuesto para la adquisición de medicamentos, procesos de compra fallidos y excesiva rotación de autoridades. Las resoluciones de cortes ordenando el abastecimiento de medicamentos no se ha cumplido luego de los plazos perentorios que estableció la ley.
Es hora de que esta irresponsabilidad administrativa sea juzgada políticamente en la Asamblea Nacional con un juicio político a la ministra de Salud por incumplimiento de funciones. La inacción de los parlamentarios habla de insensible complicidad con la incapacidad burocrática de los funcionarios responsables de la grave crisis de la salud en el país.
Frente a este panorama inaceptable, la ciudadanía está en el deber y el derecho de organizarse y ejercer toda la presión necesaria con el fin de que los responsables del crimen cometido en la salud pública sean sancionados.
