La inseguridad en Ecuador ya no es noticia, puesto que es un hecho que vivimos a diario en ciudades, calles y cárceles del país con la impresión ciudadana producida en momentos de miedo, angustia, incertidumbre que lleva a las personas a tener desconfianza. La noticia es que ante la inseguridad en el país, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, solicita reformas al sistema penitenciario de Ecuador. La funcionaria internacional pidió reformar el sistema de justicia penal y penitenciario ecuatorianos, luego de la séptima masacre en cárceles del país que, esta vez, en Santo Domingo de los Tsáchilas dejó un saldo de 40 asesinados, un centenar de heridos y 220 reos fugados. Bachelet presume que el Estado ecuatoriano es responsable por estas muertes, que deben ser investigadas de forma transparente: “Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes”, sostuvo en un comunicado leído por su portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.
El número de reclusos fallecidos en el país en enfrentamientos entre bandas rivales en poco más de dos años superó los 400. No obstante que el Gobierno lanzó el pasado mes de febrero una política pública para la rehabilitación social de prisioneros, desarrollada con apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, organismo que dirige Bachelet. Ahora la alta comisionada pidió a las autoridades que entreguen los recursos necesarios para implementar esa política y que se considere reducir el excesivo uso del encarcelamiento. “El Gobierno también debe considerar una hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción”, precisó Bachelet.
A propósito del motín en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, Lasso expresó: “No daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio del Interior y la Policia de Ecuador con el traslado inmediato de 6 reclusos, cabecillas de bandas criminales”. Sin embargo, la preocupación de Bachelet demuestra que el régimen no está implementando la hoja de ruta propuesta por la ONU.
Inseguridad nacional
Pocas horas antes de la masacre en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, el presidente Lasso emprendió viaje a Israel en busca de tecnología para enfrentar la inseguridad, según informa el gobierno. La medida provocó reacciones políticas: “Lasso gasta en viajes lujosos a países europeos y no invierte en seguridad”, señala una crítica. Entre otras medidas oficiales, el gobierno anunció el cambio del comandante de la Policía Nacional y la declaratoria del estado de excepción en dos parroquias de la ciudad de Guayaquil. No obstante, el país observa que las medidas adoptadas por el régimen desde hace un año no muestran resultados positivos; esto explicaría la preocupación de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y las críticas de la alcaldesa de Guayaquil, la ciudad más violenta del país y una de más alta criminalidad de la región.
La alcaldesa C. Viteri señaló que el gobierno “no cumple con necesidades de salud, educación y seguridad que requiere la ciudad”. Y comentó que no es falta de plata porque “hay 10 mil millones de dólares en reserva, pero el régimen no da plata, eso no lo puede entender la ciudadanía. Contra la incompetencia ni los dioses pueden ganar esa batalla. No se trata de lanzar ideas e ir a Israel cuando se puede tener una reunión por zoom. No se trata de declarar dos parroquias de una ciudad en emergencia cuando no se tiene un norte, cuando no sabe qué hacer”.
La acción debe partir de una política, tener una estrategia y táctica, tener la valentía de ejecutarlas y dar los recursos necesarios para que se lleven a cabo, puntualizó Viteri. La funcionaria municipal enfatizó que “experimentos en materia de seguridad terminan en derramamiento de sangre. El robo, el secuestro, la violación y el asesinato son noticias de cada día y tienen aterrada a la población. Van 1.245 asesinados en cuatro meses, el doble del mismo periodo del año pasado, 10 personas mueren en el país cada día asesinadas”.
Guayaquil “es la madre soltera que cubre necesidades de seguridad, salud y educación sin ayuda de nadie”, dijo Viteri, señalando que el municipio de Guayaquil se volvió el Estado central en un gobierno local. Esta afirmación la respalda en el hecho de que el municipio porteño ha entregado al Gobierno motos, patrulleros, drones, radios, baterías sanitarias para campamentos militares en recintos penitenciarios, celulares, maquinaria pesada para tumbar guaridas del narcotráfico, albergue y alimentación para 200 policías que llegaron a Guayaquil, mientras que la policía no tiene vehículos para investigar, levantar cadáveres y tomar las huellas de un crimen, concluyó Viteri.
El presidente Lasso ha manifestado que se encuentra en “guerra no convencional con la delincuencia”, eso explicaría por qué el llamado Estado fallido ecuatoriano busca apoyo tecnológico y financiero de un Estado esencialmente guerrerista como Israel, experto en acciones militares bélicas y antiterroristas.
La preocupación nacional e internacional por la inseguridad que vive Ecuador, crece. En tanto se dejan oír voces que señalan que “no somos un Estado fallido, lo que hay es un gobierno fallido”.
