¡Ayúdenme!
Es la primera palabra que se escucha y se funde con el rechinar de los frenos de un auto. Enseguida esa misma voz -la de una mujer muy joven- en franca desesperación repite: «¡Tú me violaste!», «Tú me violaste», «Te juro que me violó», «Te juro que me violaste». No para de llorar, se escucha muy alterada y su voz es algo lenta, como si estuviera bajo los efectos del alcohol o una droga, pero nada le impide decir una y otra vez que ella no quería, que salió de su casa bien, que él la obligó a tomar algo, que la ayuden. Este audio es el desgarrador testimonio de una niña de 15 años, presuntamente violada por el conductor del transporte escolar del colegio Luis Napoleón Dillon, de la ciudad de Quito.
El suceso que conmovió e indignó a la sociedad ecuatoriana pone en el tapete una cuestión de fondo: ¿qué está haciendo el Estado frente a la violencia sexual en el sistema educativo? El tema fue abordado este lunes por el programa La Oreja Libertaria -producción del Colectivo Espejo Libertario- transmitido por Radio Pichincha, bajo la conducción de los periodistas Luis Onofa y Leonardo Parrini. Esta semana en el espacio periodístico estuvo invitada la abogada Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, activista de derechos humanos y experta en el tema de violencia sexual.
El suceso del colegio Luis Napoleón Dillon no es un caso aislado. En 2017, salieron a la luz hechos que causaron conmoción social: El Principito, de un niño de 5 años abusado sexualmente por su profesor de natación en el colegio La Condamine; y el caso de abuso sexual sistemático a 43 niños y niñas por parte de un docente en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), conocido bajo estas siglas. Tras la exposición mediática de estos delitos, la Asamblea Nacional creó la Comisión Especializada Ocasional Aampetra, que registró más de 4.584 casos de abuso sexual. De ellos 739 casos fueron judicializados. La investigación periodística indica que en los hechos de violencia sexual están implicados docentes para quienes hubo desde amonestaciones verbales, suspensiones temporales de labores o reubicación en otras escuelas. Tan solo 539 llegaron a Fiscalía, de ellos 16 alcanzaron sentencia ejecutoriada, lo que confirma que la impunidad es uno de los patrones más recurrentes en estos flagelos. El informe de la Comisión Aampetra encontró políticamente responsables tanto a Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel, exministros de educación, una conclusión extemporánea que no pudo materializarse en un juicio político en su contra, al haber fenecido el plazo para llevarlo a cabo, sumada a la falta de voluntad política de los asambleístas de la época.
Espinosa, conoció el caso Aampetra y no implementó el “Plan nacional integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo”, el documento fue archivado y no se determinó parámetros para la prevención de los delitos sexuales. Mientras que Peñafiel, como parte del Directorio de la Fundación La Condamine, conoció de primera mano el caso de El Principito y el de Emmanuel, adolescente seducida en el mismo establecimiento durante cuatro años por su profesor de matemáticas, sentenciado a 4 años con la máxima pena por grooming o seducción de una menor de edad por medios telemáticos. El ministro Fander Falconí hizo frente a la ola de indignación que se produjo en 2017, cuando la sociedad entera enmudeció tras conocer de la violencia sexual en el espacio educativo. En ese entonces, se solicitó desde la autoridad a los medios de comunicación omitir el nombre de los colegios para no revictimizar a las niñas y niños de las instituciones educativas o más bien para no desprestigiar a las escuelas del país.
Hoy la historia se repite como tragedia ante la farsa de un sistema educativo desestructurado que poco o nada hace por precautelar la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes del país. María Brown, actual ministra de Educación no muestra rasgos de solución. Luego de un año en el cargo, la violencia en las aulas no parece estar entre sus prioridades. Luego de perpetrado el ataque sexual a la alumna del colegio Dillon en el bus de transporte escolar de la institución, la funcionaria guardó silencio que luego se tradujo en un comunicado, modificado después de publicarlo en redes sociales y en rueda de prensa, entre funcionarios del ministerio y la rectora del plantel, en evidente muestra de respaldo a la actuación del colegio. El presunto violador tuvo todo el tiempo para fugarse y lo hizo, siendo detenido días después en la ciudad de Sucumbíos, cuando intentaba trasladarse a Colombia.
Un sistema desestructurado
El sistema educativo como el judicial muestran que su falta de acción, sumadas ciertas lealtades gremiales del magisterio, socapan a agresores sexuales y violadores en escuelas y colegios del país ante la indignación de padres y madres de familia. Existe total indefensión de la juventud y la niñez por falta de políticas integrales de protección frente a la violencia sexual y por inacción o negligencia del Estado. El resultado es la fuga de los culpables y falta de datos oficiales para conocer la real dimensión del flagelo que se repite una y otra vez por ausencia de mecanismos de prevención y denuncia, falta de activación de protocolos y falta de credibilidad hacia niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente, lo que contribuye a la conspiración del silencio.
Consultada la abogada Sybel Martínez en el programa de Radio Pichincha, manifestó: “Se debe poner en el centro a los niños y mirar su protección como una acción continuada, porque deben ser protegidos en todos los espacios donde se desarrollan a lo largo de su vida. Las escuelas son lugares desestructurados, esto tiene que ver con el desconocimiento, con la falta de aplicación de protocolos, con la falta de voluntad política, para hacer de estos lugares un sitio seguro libre de violencia. Cuando en estos lugares desestructurados se mezclan o se disfrazan agresores sexuales, los hechos violentos se producen con la complicidad de quienes deben proteger a los niños, niñas y adolescentes. Nadie siente la necesidad de prevenir estos hechos que miramos a la distancia, las escuelas tienen una compulsión para hacer prevalecer su reputación por encima de la integridad de los estudiantes”.
Entre las causas de que esto suceda, Martínez señala que “existe un sistema educativo desestructurado, es decir, tenemos normas, protocolos que no se cumplen o se cumplen a medias, tratamos de ocultarlos. La desestructura está en el hecho de que al tener normas en la práctica no se cumplen, los códigos de convivencia no se cumplen”.
Martínez enfatiza en que el “abandono del Estado se debe a una mezcla de algunas cosas, falta de conocimiento en el sentido de prevenir, falta de voluntad política, mal atención médica de las víctimas, falta mirar desde la integralidad estos problemas a la hora de prevenir. Todo se hace de manera aislada, porque no entendemos la gravedad del problema, no se le da la real dimensión como emergencia”. El incesto en las familias es otro problema muy grave, la familia también es un espacio desestructurado, señala Martínez.
¿Qué hacer frente a esta realidad?
La abogada sugiere que “la estructura está en implementar mecanismos de prevención. Se debe medir índices concretos de violencia en las escuelas, capacitar a los profesores, destinar mayor presupuesto, e impartir educación sexual en los colegios y en las escuelas. Nada de esto está en el imaginario de los organizadores de protección porque son reactivos, no hay voluntad política”.
No obstante, las responsabilidades van más allá. La protección y la desprotección es una actitud colectiva exclusivamente de los adultos, según Martínez, ellos son los llamados a protegerlos: “Tenemos agresores sexuales disfrazados de educadores. Quienes agreden a estudiantes, la mayoría son docentes, autoridades educativas y estudiantes. Se pueden detectar ciertos rasgos de psicopatía mediante test para tener una alarma y capacitar a los docentes, pero primero hay que aceptar que esta realidad existe, pero los colegios niegan que existe”.
En última instancia, la violencia sexual en el país es un secreto a voces, una realidad más que una probabilidad. Esta realidad se cambia con educación y con intolerancia frente a los delitos sexuales: “No es posible que estemos dispuestos a aceptar algún tipo de violencia -señala Martínez- como sociedad no somos implacables a la hora de hablar de violencia sexual. No debemos poner en duda el relato de una niña que habla de violencia sexual. El trabajo debe ser articulado, multisectorial, porque no es un suceso, es un proceso, debemos prevenir estos problemas y no llegar a judicializar estos casos”,
El rol de los medios de comunicación fue destacado por Martínez en un espacio periodístico del Colectivo Espejo Libertario que trata temas a profundidad, frente a los cuales -señaló la invitada- “los medios de comunicación deben capacitarse en estos temas para no cometer errores, hay que cuidar la revictimización. No está funcionando el sistema informativo. Deben tener un papel en sensibilización y Educomunicación, porque no hay campañas educativas”.
La violencia sexual en el sistema educativo es un delito desatendido en su real dimensión por el Estado y una deuda de la sociedad en su conjunto con la niñez y la juventud. Un crimen de lesa humanidad contra el superior interés de niños niñas y adolescentes en el país.
