Entre los funcionarios del régimen que renunciaron la semana reciente se encuentra Bernarda Ordoñez, titular de la Secretaría de Derechos Humanos que, como su nombre lo indica, tiene bajo su responsabilidad un servicio orientado a brindar atención integral en las áreas de psicología, trabajo social y legal, para la restitución de derechos amenazados y/o vulnerados de mujeres, niñas, niños, adolescentes y sus familias, víctimas de trata y tráfico de migrantes. Para atender la gestión destinada al cuidado específico de los derechos de género, esta dependencia oficial había creado en junio de 2021 -a propósito del Día del Orgullo Lgbtiq-, la subsecretaría de Diversidad Sexual bajo la responsabilidad del activista gay Felipe Ochoa.
En carta de renuncia, Ordoñez enunció lo que considera diversos logros de su gestión, entre los que destaca vacunación a población waorani, elaboración de políticas en favor de la población LGBTI, obtención de recursos para la erradicación de la violencia de género y apoyo a hijos de víctimas de femicidio. La funcionaria expresó que su renuncia irrevocable es motivada “por la nueva visión planteada por el Gobierno nacional la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los derechos. Lo ocurrido el 8 de marzo, el manejo de la crisis penitenciaria y el silencio ante los repudiables hechos de violencia, especialmente de niñas, niños y mujeres solventa este sentir”. Ordoñez hace referencia al maltrato policial con bombas anti motines y perros adiestrados, en la persona de niñas y jóvenes manifestantes que participaban en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Quito, expresando que está en contra de la forma como se ordenó la represión a la marcha feminista del 8 de marzo. Ordoñez, apelando a sus ideales, expresó en su cuenta de Twitter que “la causa que ha perseguido mi vida ha sido erradicar todo tipo de violencia hacia niñas y mujeres”, estas razones la habrían hecho entrar en contradicción con las políticas del régimen.
Otro motivo de su renuncia, según la activista de derechos humanos, es “el manejo de la crisis penintenciaria”, en cuyo contexto se produjeron diversas masacres en los últimos meses. Ordoñez también había expresado disentimiento con el régimen en temas de derechos de género. La abogada feminista se había pronunciado a favor del aborto en casos de violación, señalando que “no se puede exigir a una mujer que renuncie a sus derechos debido a una violación, debe existir la libertad de elegir. Una mujer debe decidir si continúa o no con su embarazo”.
En el acto de renuncia de Ordoñez llama la atención de que hubiese dejado pasar tanto tiempo para alejarse del cargo, frente a situaciones suscitadas en el mes de marzo que se contradicen con sus principios. La dimisión de la ex secretaria de Derechos Humanos significa o bien que la cartera a su cargo no tiene políticas claras respecto de los temas de su competencia, o la funcionaria de manera unipersonal defecciona de los principios al amparo de los cuales ejerce sus funciones. La separación de Ordoñez pone en entredicho la gestión del gobierno frente a los colectivos feministas, defensores de los derechos de género que ven burladas sus aspiraciones y promesas oficiales por las cuales votaron en las urnas.
El régimen frente a la separación voluntaria, pero conflictiva, de sus ex colaboradores renunciantes quiere tapar el sol con un dedo y hacer como que nada sucede. Pero sí suceden cosas que vale la pena mencionar. A simple vista se trata de divergencias al interior del gabinete, lo cual sucede hasta en los mejores gobiernos y este no es precisamente uno de ellos. Por el contrario, el país observa que nos gobierna un régimen que se desdice o se contradice, que engañó al país con un paquete de ofertas electorales en campaña hoy incumplidas, y que, como señala Ordoñez, «dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades».
¿Cómo hacer para entrar en vereda? Más allá de los arrepentidos que votaron por Lasso, el pueblo en su conjunto tiene el derecho de revocar el mandato al elegido por incumplimiento de promesas electorales y del programa de gobierno. Un derecho constitucional que, en ningún caso implica desestabilizar la democracia, o echar al tarro de la basura a todo el sistema político ecuatoriano. La misma Constitución establece los mecanismos de conservación de la continuidad democrática. Se revoca el mandato a un ciudadano elegido, no al cargo de su elección. Ecuador no se va a quedar sin mandatario, el pueblo tiene el deber y el derecho de elegir a otro ecuatoriano para dar continuidad a la gobernabilidad del país.
Aferrarse al cargo con un programa incumplido bajo el brazo, con amenazas de disolver la Asamblea Nacional y provocar la llamada muerte cruzada de todos los elegidos, no tiene presentación democrática. La política implica saber rectificar a tiempo, y con nobleza dar un paso al costado si no se encuentran las capacidades para ejercerla con probidad y beneficio ciudadano.
Los mandantes deben hacer respetar sus derechos bajo la premisa de que nadie tiene una envestidura divina para ejercer un cargo público. Esa es potestad del pueblo, único depositario, en capacidad de exigir coherencia a un régimen de derecho sin derechos.
