Cuántas veces hemos escuchado que vivimos en el país de Manuelito, ironizando que Ecuador es el país que tenemos, un territorio donde todo puede suceder. Al preguntarnos quién es Manuelito, la respuesta es que se trata de un personaje -real o imaginario- creado por el autor ambateño, Alfonso Barrera Valverde. Manuelito es un niño huérfano que huye de la hacienda donde servían sus padres y emprende un viaje por todo el Ecuador. Representa a un pueblo con esperanza, asistido por valores permanentes y con fe en su propia acción, que aprende lo esencial de su propia vida y de la identidad cultural del país, y lo hace del mejor modo: caminando. La metáfora literaria bien sirve para significar a un pueblo que -también huérfano- busca su destino.
Aquel país que se ufana de haber vuelto a la democracia hasta poco más de cuatro décadas, que tantas veces debió preguntarse qué democracia recuperamos, si teníamos democracia antes de 1978, y al cabo de este tiempo democrático debió haber aprendido que la democracia debe servirnos para algo.
Como Manuelito, los ecuatorianos hemos vivido buscando un destino, con esperanza y con fe en nuestras propias acciones. En ese avatar, la vida nos enseñó la orfandad política de un pueblo mal representado por sus representantes. Basta constatar lo que sucede en las esferas del poder -ejecutivo y del legislativo- instancias institucionales que elegimos para dar respuesta a las necesidades populares, que son muchas, y que no encuentran solución.
Una encuesta en el país señala que los ecuatorianos en un 63% consideran que la democracia “es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, mientras que un 44% toleraría “una dictadura militar que enfrente a la corrupción”. Sin embargo, el 65% de la población prefiere un sistema que “le garantice ingresos y servicios básicos por encima de las elecciones”. Mientras que un 27% se inclina por un sistema que garantice “ingresos y servicios básicos por sobre la libertad de expresión”; en tanto, el 75% se muestra favorable a la democracia directa y un 54% se pronuncia porque “las leyes sean creadas por expertos en lugar de políticos electos por el pueblo”. Llama la atención que Ecuador sea un país con un alto porcentaje de ciudadanos que prefiere “un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por sobre la posibilidad de elegir autoridades”.
Decíamos que la democracia debe servirnos para algo, no solo para alimentar autoridades indolentes e improductivas, en cambio el espectáculo que muestran los políticos hace que la democracia deje mucho que desear. El tejido político criollo se viene configurando de manera supuestamente difusa con hechos que, en apariencia, no tienen conexiones entre sí, pero en el fondo de las aguas turbias hay asomos de claridad. Si el país antes era gobernado a punta de sabatinas, ahora se lo hace en jornadas martianas de martes a martes, día en que el presidente Lasso reúne a la prensa oficial para hacer anuncios semanales. Precisamente, el presidente anunció esta semana algunos hechos que denotan cómo el régimen hace esfuerzos -con resultados o no- por recuperar gobernabilidad. Resultados que son fruto de un cambio político estratégico que el régimen realizó hace algunas semanas, reemplazando a Alexandra Vela por Francisco Jiménez en el ministerio de Gobierno. Y, precisamente, los efectos no se han hecho esperar. Recordemos que Jiménez “es hombre” de M.P. Romo en cuya matriz política se formó el ministro -Ruptura 25- grupo más “político” con más dinamismo que Cordes, matriz de Vela y los democristianos que la respaldaron.
Jiménez sintoniza con mayor facilidad con los propósitos estratégicos fondomonetaristas del gobierno, bajo los cuales se rige para gobernar con apoyo a sectores empresariales y financieros con nueva ley de inversiones, reformas en el ámbito laboral, reformas tributarias, básicamente pilares de la política pública. Y en esa línea trabaja Jiménez, cumpliendo una estrategia en consecuencia destinada a recuperar gobernabilidad: tender puentes desde el Ejecutivo a los otros poderes del Estado, Legislativo y Judicial. De esa manera el régimen busca “destrabar” la política a su favor, propiciando “un clima de diálogo” que le permita alcanzar acuerdos previos, mínimos, con sus interlocutores. Esto hace pensar que existe un gran “pacto” paraguas del gobierno con sectores de la oposición y del correísmo, pero no es posible confirmarlo, nadie lo va a reconocer.
Recordemos algunos hechos de los días anteriores: amnistía a correístas, excarcelación de Jorge Glas, asilo de Rafael Correa, hábeas corpus para capos de mafias carcelarias, intentos de destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, etc. Los anuncios de Lasso esta semana confirman ciertos hechos, el presidente anunció: reunión dominical con autoridades judiciales con resultados en la suspensión de jueces, medidas de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura, al respecto Lasso insistió en que no se trata “de meter las manos en la justicia”, sino hacer “ciertos cambios relacionados a la conducta de jueces que abusan del hábeas corpus que deja en libertad a gente peligrosa”. De esta reunión se desprendieron acciones conjuntas del gobierno con la Justicia, operativos antidelincuenciales conjuntos entre policía y FFAA, cambio del ministro de Defensa, suspensión de jueces por “negligencia manifiesta” y una declaración, por demás repetitiva: la violencia narcodelictiva “es culpa de Correa”, dijo el presidente, porque los carteles de la droga mexicanos y colombianos están operando en el país por culpa de los gobiernos de Correa y de Moreno, en una realidad que se fue configurando “con una actitud permisiva, la violencia actual se debe a que, frente a cada acción de nuestro gobierno, hay una reacción de violencia del narcotráfico”.
En busca de la gobernabilidad callejera, el gobierno entró en conversaciones con sectores laborales sindicalizados del FUT para elaborar en forma conjunta un nuevo proyecto de código del trabajo que sería sometido a consulta popular. Mientras que, en la Asamblea Nacional, el ministro de Gobierno inició diálogos con los cinco jefes de las bancadas legislativas, con el resultado de que han pedido al gobierno que vuelva a presentar un nuevo proyecto de inversiones con miras a su aprobación. Lasso dijo al respecto: “Sí se puede mejorar la relación con la Asamblea Nacional y que ésta colabore con gobernabilidad y aprobación de leyes que promuevan la inversión”.
Pero el Legislativo anda en otra cosa. La conformación de la comisión que investigará a Guadalupe Llori ya es un hecho en la Asamblea Nacional y esto es posible porque el régimen afloja su férreo apoyo a la presidenta del legislativo cuando ya no le es funcional, no le sirve porque no logra que las leyes del ejecutivo sean aprobadas en el Parlamento. Como consecuencia fue posible una nueva mayoría móvil de 81 votos que aprobó la conformación de la comisión conformada por UNES, ID, PSC, Independientes y PK rebeldes que tiene 35 días para emitir un informe que, con toda seguridad, recomendará la destitución de Guadalupe Llori. La legisladora acusada de tráfico de influencias, diezmos y peculado enfrenta, incluso, la eventual pérdida de su cargo.
El gobierno en el intento de recuperar gobernabilidad, consolida la actuación del ministro de Gobierno, quien estaría haciendo lo posible por aquello que interesa al régimen de manera estratégica: aprobar la ley de inversiones y reformas laborales como pilares de su política en apoyo a sectores empresariales y financieros, parte del recetario fondomonetarista con miras a lograr inversiones locales que, según el régimen, crearán nuevas fuentes de trabajo; en tanto que, estas mismas recetas viabilizarían supuestas inversiones extranjeras y préstamos de los organismos multilaterales (FMI) que alivien el déficit fiscal. Al respecto, Lasso dijo: “la economía se recupera bien, en el 2022 el déficit fiscal será de solo 2,2% del PIB, reduciéndose en 4 puntos”.
A nombre del retorno de la gobernabilidad, el gobierno entra en una contradicción con su anterior decisión de gobernar prescindiendo de la Asamblea Nacional. En este momento el presidente debe definir cuál será, en definitiva, la política del régimen con un liderazgo claro.
¿Qué tiene que ver todo esto con los intereses populares? Poco o nada. En tanto en el Legislativo siguen represadas leyes que den respuesta a necesidades populares como el aborto por violación, solución a la crisis laboral, necesidad urgente de recuperación económica, violencia sexual en los colegios, carencia de medicina en los hospitales, ley de comunicación y de seguridad ciudadana, entre otros pendientes.
Vivimos en el país de Manuelito, el niño que simboliza a un pueblo con esperanza, con fe en sus propias acciones que aprende lo esencial de su propia vida, y lo hace políticamente huérfano, en busca de su propio destino.
