No sorprende, pero indigna. El presunto caso de violación de una menor de 14 años por un conductor del sistema de transporte escolar del colegio fiscal Luis Napoleón Dillon, de la ciudad de Quito, no es el primero. Según un audio de 38 minutos grabado el 21 de abril, la adolescente victimada repetía que el agresor le había dado algo de tomar y luego abusó de ella. De acuerdo, a dicho audio, la joven lucía en estado de embriaguez hasta llegar a vomitar mientras el vehículo se desplazaba.
Aunque el Ministerio de Educación rechaza la supuesta violación en el colegio quiteño, por este hecho existen dos denuncias, según dijo la ministra María Brown. La primera interpuesta por la directora de la Unidad educativa un día después del suceso, y la segunda planteada por los familiares de la menor. La ministra Brown explicó que el caso se conoció desde que la joven llegó a la institución, pero por protocolo el caso no podía ser ventilado ante los medios de comunicación. Frente a lo sucedió existe indignación porque el presunto violador fugó después de abandonar el vehículo en el colegio, y las autoridades del plantel no hicieron nada para retenerlo al percatarse del hecho, según testigos.
El procedimiento de las autoridades demuestra que no existe claridad en los protocolos en casos como el sucedido en el colegio Dillon. No sorprende, pero indigna. El hecho no es el primero, durante el gobierno de Lenin Moreno el sistema educativo estaba convertido en el escenario de acoso, abuso y violación sexual a estudiantes por parte de profesores y personal administrativo de establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y privados. Al mismo tiempo, el ministerio de Educación oficiaba de oficina de investigación de delitos sexuales que luego reportaba a la Fiscalía por cientos, hasta que luego se supo que los casos llegaban a ser miles y que databan de algunos años atrás.
El bochornoso proceso de denuncia nunca llegó -salvo excepciones- a garantizar situaciones de justicia con aplicación de sentencias ejemplarizadoras para los perpetradores de delitos sexuales a jóvenes y niñas. El sistema educacional ecuatoriano evidenciaba así una de sus más graves debilidades: no tenía capacidad de proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes que asistían a sus aulas.
La situación no hacía nada más que extrapolar una carencia educativa a todo el Estado que se mostró igualmente ineficiente en la aplicación de justicia. Incluso, desde las esferas del poder, el tema fue utilizado políticamente cuando Lenin Moreno llamó a una Consulta Popular para aprobar temas de su interés político y en el cuestionario incluyó la pregunta si la ciudadanía aprobaba la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos a menores. La pregunta era obvia, nadie se opondría a que los delitos de esa naturaleza no prescriban, de ese modo la respuesta afirmativa se sumaría e impulsaría el “siete veces sí” que la propaganda del gobierno orquestó, manipulando a la población a votar en el referéndum. La incomprensión sobre el tema llegó a tal extremo que el presidente Moreno, en febrero del 2020, expresó públicamente que “las mujeres solo denuncian a los acosadores sin son feos”, ridiculizando la actitud de las víctimas frente a la violencia contra la mujer.
En esa ocasión en que se conocieron miles de casos de abusos sexuales cometidos en aulas y baños de los colegios del país, se conculcaron derechos de la niñez y la adolescencia agredidos al impedir mencionar detalles de identificación en los delitos para “proteger el prestigio de escuelas y colegios”, y porque supuestamente se revictimizaba a la víctima. Con el tiempo se silenció toda denuncia de agresión sexual y se abrió las puertas a la impunidad. El silencio jamás implicó que los delitos hubieran sido superados o juzgados debidamente. Una vez más, un sistema educativo y jurídico obsoleto no daba cabal respuesta a un problema social de extrema gravedad. Casi en la generalidad de los casos de delitos sexuales el agresor no fue separado de la víctima, sino que era transferido a otra área dentro del mismo establecimiento educativo, es decir, un profesor violador se convertía en inspector o funcionario, potencialmente reincidente del delito, en el mismo lugar de los hechos. En casos extremos violadores, acosadores y victimarios sexuales enjuiciaron al Estado convirtiéndose en víctimas, al punto que el Ministerio de Educación debió habilitar todo un piso de su edificio central en Quito para instalar un bufete de abogados que encararan los juicios de los agresores sexuales contra la institución.
Desprovisto de preceptos científicos y jurídicos adecuados, el Estado y, por tanto, la sociedad ecuatoriana, no muestran estar preparados para asumir este tipo de descomposición social que supone la agresión sexual a niños y jóvenes estudiantes. Respuesta insuficiente, y coherente con prejuicios moralistas y reaccionarios, propios de una ideología eclesiástica conservadora que no solo se opone a la educación sexual en los colegios, sino a los propios métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo que reclama la sociedad del Estado y sus políticas, en un enfoque moderno y científico de la educación y la salud pública.
El ataque sexual a niños, niñas y adolescentes estudiantes forma parte de la descomposición social a la que la delincuencia organizada o individual ha llevado a la sociedad ecuatoriana. El desquiciamiento de valores elementales que protejan la integridad física y espiritual de nuestros jóvenes, es una asignatura pendiente de las instituciones de un Estado debilitado y desprovisto de competencias en el ejercicio de una gobernanza protectora de la sociedad civil. Situación que habla de una evidente desinstitucionalización de un país regentado por una clase política desprovista de inteligencia y sensibilidad social.
La violencia sexual es una de las formas más graves de violencia y es un delito. Consiste en tener o intentar tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza. A riesgo de las críticas que surgirán de sectores aludidos, nos pronunciamos a favor de la cadena perpetua o de la pena capital para sancionar los delitos sexuales con agravantes de muerte o discapacidad permanente de la víctima. El endurecimiento de penas resulta ser poco escarmiento para sujetos que nunca serán rehabilitados en su condición de depravados sexuales. Frente a sus crímenes, el interés superior del niño es un principio que debe primar por sobre toda otra consideración u otros equívocos intereses. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.
La sociedad ecuatoriana, descompuesta en sus valores institucionales, vive en la más absoluta indefensión; mayor aun es el riesgo para nuestra población joven vulnerable. No sorprende, pero indigna.
