La suerte del periodista australiano Julián Assange está en manos de la ministra del Interior británica, Priti Patel, que debe pronunciarse respecto de la orden de extradición tramitada por los Estados Unidos. El proceso contra Assange está rodeado de diversas circunstancias políticas y jurídicas que deben ser esclarecidas. El programa de opinión La Oreja Libertaria, transmitido los días lunes por Radio Pichincha, conducido por los periodistas Luis Onofa y Leonardo Parrini, contó la participación del ex vicecanciller de Ecuador, Kintto Lucas, y desde Madrid, España, con la intervención del abogado, Aitor Martínez, del equipo de la defensa internacional de Julián Assange en un análisis periodístico acerca de si el proceso contra el director de WikiLeaks se trata de un caso de justicia o de persecución política.
Puesto el tema en contexto, Amnistía Internacional ha dicho que Assange no debería ser castigado porque lo que hizo al denunciar la actuación de los Estados Unidos en la Guerra de Irak y en Afganistán, es lo que de manera habitual hacen los periodistas de investigación. Ha dicho también que tras el proceso contra Assange hay motivaciones políticas y lo ha calificado como persecución y como un ataque a la libertad de expresión.
Acerca de la situación jurídica y personal de Assange, su abogado Aitor Martínez señaló que la condición de “su salud física y psicológica es muy delicada”, según el reporte de los informes médicos, información proporcionada “por el relator de la ONU contra la tortura que visitó a Julián Assange en prisión y dirigió un durísimo informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicando la situación física y psicológica, que incluso tildó como situación de tortura”. El relator dijo que “jamás se había enfrentado a un caso en el que un conjunto de jurisdicciones que se entienden democráticas, hubieran orquestado una persecución de tal magnitud que mantenga una situación como la tortura que vive Julián Assange y, además, llegó a certificar que Assange podría morir en prisión e incluso cometer suicidio”. En relación a la situación jurídica de Assange, Martínez señaló que “nos encontramos en la fase gubernativa, la primera instancia denegó la extradición y se acogió a los argumentos de la defensa que, si Assange se entrega al sistema de Estados Unidos debido al sistema penitenciario de las cárceles norteamericanas en que una persona permanece incomunicada, Julián Assange podría morir en prisión o cometer suicidio”. El Departamento de Justicia apeló ante la Corte Superior y aportó garantías diplomáticas de que Assange no ingresará a una cárcel de máxima seguridad o incluso que una eventual condena la pudiera cumplir en su país. Ahora en la fase ejecutiva la Corte debe pronunciarse sobre varios aspectos y la defensa puede apelar a elementos como persecución política, ley de espionaje que no puede ser aplicaba a un periodista o el principio de proporcionalidad ya que se pide pena de 175 años de cárcel o la persecución de Estados Unidos que persigue publicaciones de extranjeros en el exterior o que se planeó asesinar a Julián Assange dentro de la embajada de Ecuador en Londres, según un informe de la CIA.
En términos políticos, en las implicaciones del caso según Kintto Lucas, “hay una persecución y que lo que se buscaba era tratar de silenciar a quien había denunciado atrocidades tremendas de EE. UU cometidas en Irak y Afganistán, y que además había revelado cables diplomáticos considerados importantes sobre la política latinoamericana que demostraba la injerencia de los Estado Unidos en otros Estados, como Brasil y Argentina. Se trata de dar un ejemplo a los que quieren denunciar lo que Estados Unidos hace en las guerras. En el sentido político en términos nacionales, está la indignidad de la entrega de Julián Assange por parte del gobierno de Moreno, la forma como fue expulsado de la embajada que fue una violación de los derechos humanos”, señaló el ex vicecanciller.
El abogado Martínez indicó que, en cuanto a preceptos de derechos humanos que se están violando en la persona de Assange, hay dos derechos estructurales: el derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información. Es derecho de todo periodista en todo país civilizado respetar el derecho que le asiste a un periodista a publicar información de sus fuentes, esa es la esencia del periodismo y a Julián Assange se le perseguía en el 2012 por ejercer la esencia del periodismo, máximo cuando esa información revela crímenes de guerra, y además, una violación al derecho de acceso a la información que asiste a todo ciudadano, y a partir de ahí un conjunto de violaciones de derechos humanos como que se encontró asilado en un minúsculo departamento, lo que fue tildado como situación de trato cruel e inhumano, y la situación de espionaje a la que fue sometido Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, y luego, despojarle de su derecho de asilo, puntualizó su abogado defensor.
Las denuncias de Assange no atacan la seguridad de los Estados Unidos, lo que denuncia son los crímenes de guerra y la intervención de una potencia hegemónica en otros países y el crimen cometido por el ejército norteamericano en la persona de dos periodistas de la agencia Reuter. El periodista australiano fue expulsado de la embajada ecuatoriana y entregado a la policía británica, sin embargo, el asilo no fue derogado, sino que existió una expulsión física de la embajada por petición de los Estados Unidos.
Solidaridad internacional
Existen múltiples organizaciones pertenecientes a la estructura de protección de derechos humanos en el mundo -el grupo de trabajo de la ONU, el relator de la ONU contra la tortura, la relatoría de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, el relator de la ONU para la libertad de expresión-, que se han pronunciado en contra de los cargos imputados y de la extradición a Julián Assange, por tanto, los Estados Unidos se han quedado solos frente a la comunidad internacional. “Retirar los cargos a Assange por parte de los EE. UU sería lo más coherente con su propio ordenamiento interno”, concluye Martínez. Estados Unidos no puede utilizar el velo de la seguridad nacional para esconder crímenes de guerra, para esconder el asesinato de periodistas en Irak o esconder torturas sistemáticas en Guantánamo. “La seguridad nacional no se diseñó para que un país escondiera sus crímenes de guerra y así los recubriera de impunidad, eso es un argumento falaz que toda la comunidad internacional tienen que revertir”, acotó Martínez.
En cuanto a las estrategias previstas por la defensa de Assange junto a organismos de defensa de derechos humanos, se tiene que “agotar la fase gubernativa y luego viene una fase de apelaciones en elementos muy relevantes, es decir, el hecho de que se trata de una persecución política, por ejemplo, Donald Trump llamó a la ejecución de Assange, Hilary Clinton habló de matarle con un dron. La condena posible a Assange es de 175 años de cárcel, en la práctica es una cadena perpetua por publicar una información veraz, eso no tiene proporcionalidad”, según su abogado.
Kintto Lucas indicó que dentro del rol que corresponde a los medios democráticos en la defensa de la libertad de expresión “es importante la palabra de los abogados, de la gente que esclarezca el proceso contra Assange, en un medio como este en el que ustedes están informando, pero es importante que los otros medios democráticos que existen en el país también sigan haciéndolo. Creo que hay que hacer una campaña constante en Ecuador en defensa de la libertad de expresión”, concluyó Lucas.
El caso Julián Assange es llamativo, pero en Europa no existe una gran cobertura, los periodistas de los principales medios no cierran filas junto al caso Assange, sin embargo, cabría preguntarse qué ocurriría si a un periodista se le cruza una orden de detención por publicar torturas en algún país de América Latina, se generaría un escándalo internacional. Medios como The New York Times y The Guardian que participaron de las publicaciones de Assange y que pueden ser los primeros afectados por ese antecedente, no están precisamente desplegando una gran campaña de apoyo a Julián Assange. “El caso está muy silenciado porque la mayoría de estos medios son absolutamente serviles con Estados Unidos”, declaró Martínez.
Acerca de qué puede hacer la comunidad internacional dentro de las normas democráticas más allá de la movilización y la denuncia, Martínez señaló que “el peso reside en la movilización ciudadana y de la opinión pública, porque no se va a poder contar con los grandes medios. Cuando el relator de la ONU contra la tortura emitió el informe que habló de que el Julián Assange estaba sufriendo tortura, envió su comunicado a varios medios de comunicación y éstos se negaron a publicarlo; el relator publicó la lista de medios que se habían negado a publicar su comunicado y eran todos los grandes medios internacionales, exceptuando El Mundo, en España, por tanto, la responsabilidad de revertir esta situación no la vamos a encontrar en los grandes medios, la vamos a encontrar en los medios alternativos, en Internet y, sobre todo, en la capacidad que tengamos en movilizar a la ciudadanía”, concluyó Martínez.
