La suerte de Julián Assange está echada. El juez de Reino Unido -Paul Goldspring- aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos y remitió la orden a la ministra del Interior británica Priti Patel quien, en un plazo de dos meses, deberá determinar si la ratifica. El Tribunal Supremo de Reino Unido había desestimado en marzo la petición de Assange para recurrir su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y podría enfrentar una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.
Assange estuvo refugiado en la Embajada ecuatoriana desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales, finalmente desestimados. El periodista australiano se convirtió en ciudadano ecuatoriano en diciembre de 2017 mientras estaba asilado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. El creador de WikiLeaks había obtenido protección del gobierno ecuatoriano a mediados de 2012 eludiendo una orden de arresto emitida por Suecia. El gobierno del presidente Moreno retiró esta condición de asilado acusando a Assange de «violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia». Luego, la nacionalidad ecuatoriana a Assange le fue revocada por solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores que ya le había suspendido la ciudadanía.
Assange fue detenido en abril de 2019 después de que las autoridades ecuatorianas le retiraran el asilo. Arrestado por agentes del servicio de Policía Metropolitana por orden de la Corte de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012, fue entregado a las autoridades británicas por «no ponerse a disposición de la corte», al menos esa fue la versión original que emitió Scotland Yard del arresto; sin embargo, en un segundo comunicado la policía británica informó que «Julián Assange también fue arrestado por solicitud de las autoridades de Estados Unidos». El gobierno norteamericano acusa a Assange de publicar en WikiLeaks, página de filtraciones creada por el periodista, de difundir desde 2006 documentos confidenciales que sacaron a la luz grandes escándalos políticos y financieros que afectan los intereses estadounidenses.
Revelaciones comprometedoras
Entre las revelaciones más importantes publicadas por WikiLeaks a partir del 2010, está la filtración masiva de material clasificado del Ejército estadounidense sobre las guerras de Afganistán e Irak. En abril de ese año, el portal revela un video filmado en el 2007 en el que se ve como soldados estadounidenses matan desde un helicóptero a diez civiles, entre ellos un periodista de la agencia Reuters. En octubre de 2010, WikiLeaks publica 391.831 documentos del Pentágono que revelan el uso sistemático de abusos y torturas a prisioneros en Irak. El 25 de abril de 2011, WikiLeaks publica información sobre los presos de Guantánamo en Cuba, con fotografías y detalles inéditos sobre los interrogatorios y los informes médicos. La revelación da a conocer que más de 150 personas de origen afgano y pakistaní fueron detenidas sin juicio, y que el detenido más joven en Guantánamo tiene 14 años. En febrero de 2012, WikiLeaks comienza a publicar más de 5 millones de correos electrónicos de la agencia privada estadounidense de seguridad Stratfor. En junio de 2015, la organización anuncia que tres presidentes franceses -Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande-, fueron escuchados por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA). El 2 julio de 2015, divulga asimismo documentos en los que descubre que la NSA también espió a Brasil, Alemania y Japón, y el 22 de febrero de 2016, revela el espionaje de la NSA al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi y al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Marzo de 2016, WikiLeaks publica 30.000 correos electrónicos de Hillary Clinton durante su etapa como secretaria de Estado, y en octubre siguiente, divulga correos electrónicos de John Podesta, exdirector de campaña de Hillary Clinton. Un año después, la página web comienza a filtrar documentos de la CIA sobre un programa de hackeo de teléfonos, computadores y televisores, llamado “Año Cero”, con el que los aparatos se convertirían en micrófonos encubiertos para poder espiar a los usuarios.
En la actualidad, Assange enfrenta 17 cargos por espionaje y uno por intrusión informática, emitidos por cortes de los Estados Unidos. El caso sin precedentes en ese país se lo lleva a cabo bajo la normativa original de la Ley de Espionaje de 1917. Sin embargo, académicos consideran que la ley que nunca ha sido utilizada para enjuiciar a un periodista plantea problemas constitucionales en ese país. Por los cargos de espionaje, Assange enfrenta una posible condena de 175 años de cárcel por sus publicaciones periodísticas, según confirmó en Twitter el portal WikiLeaks. Un primer pedido de extradición por parte de las autoridades estadounidenses fue rechazado en enero de 2021 por la Justicia británica, pero el Tribunal Superior de ese país otorgó permiso a Washington para apelar la decisión.
La suerte echada
Assange libra una batalla legal que comenzó el pasado enero en el tribunal londinense de Old Bailey con argumentos de su defensa en rechazo a la petición de extradición cursada por EE. UU, justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio.
En estos momentos se multiplican voces en todo el mundo que piden a Joe Biden que dé marcha atrás en sus acusaciones contra Assange. Sin embargo, la administración demócrata ha manifestado que seguirá tratando de que el Reino Unido extradite al detenido. Más de veinte organizaciones escribieron una carta al Departamento de Justicia de EE. UU pidiendo que retire los cargos: “La acusación contra Assange amenaza la libertad de prensa, porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas realizan habitualmente”. La misiva está firmada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones de relevancia mundial. Como esa veintena de organizaciones civiles y de derechos humanos que escribieron, están abogados, escritores, ensayistas y periodistas que han instado a que Biden retire los cargos contra el periodista australiano.
La denuncia por atentado en contra de los derechos humanos y la libertad de expresión, compartida por miles de periodistas en el mundo, paradójicamente, deja al descubierto un proceso contra Assange que, vinculado a la transparencia y el derecho a la información, ha sido tremendamente opaco. Así lo reconoce la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Si la apelación y la extradición prosperan hay dos cosas en juego, la salud de Assange y el “futuro” del periodismo: “Ningún periodista podría estar seguro de que no le van a procesar por publicar informaciones como las que publicó WikiLeaks”, afirma RSF.
La suerte de Julián Assange, de 50 años, está echada y, finalmente, en manos de la ministra británica Priti Patel, mujer con fama de ser uno de los halcones -línea conservadora- más duros del Gobierno de Boris Johnson. En este caso de relevancia internacional sin precedentes, están coludidos intereses de gobiernos y potencias imperiales como son los Estados Unidos, Reino Unido y otras naciones capitalistas que se aprestan a ejecutar acciones represivas contra Julián Assange en lo que constituye, sin lugar a dudas, la venganza imperial.
