En política nunca se debe decir: de esta agua no he de beber. La política es el arte de hacer que las cosas sucedan y en política todo puede suceder.
Un tema ocupa a la clase política desde el pasado fin de semana: el hábeas corpus concedido a Jorge Glas por un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto, en Santa Elena. Para muchos, algo que no debo suceder, pero sucedió. Quienes prefieren ver la superficie de las cosas, el juez, Javier Moscoso, concedió el hábeas corpus al ex vicepresidente Glas, porque “existe un riesgo contra su integridad física y psicológica”. Glas obtiene su libertad luego de ser sentenciado por cohecho y asociación ilícita y se beneficia de la figura jurídica del hábeas corpus, que es una acción para quien se encuentre privado de libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima y proteger la vida y la integridad física. Según la defensa de Glas, el fundamento de la solicitud radica en “la grave situación de salud en la que se encuentra el ex vicepresidente”.
Como antecedente, la defensa del ex vicemandatario había solicitado cinco recursos para obtener su libertad. En dos ocasiones solicitó unificar las penas, una petición de prelibertad y tres pedidos de hábeas corpus, las mismas que habían sido negadas por los jueces que conocieron los pedidos. No obstante, esta vez la solicitud fue acogida por el juez de Manglaralto, y la decisión generó una tormenta política entre quienes prefieren ver la epidermis de las cosas.
La supuesta irregular decisión jurídica tiene asidero en la propia actual coyuntura política. La concesión actual se explicaría por un cambio en la correlación de fuerzas que habría dado lugar a un “pacto” político, según los más pertinaces opositores a la libertad de Glas. La acción laboriosa del correísmo que a veces de manera ocasional emite confusas señales políticas, esta vez hizo que las cosas sucedan conforme su agenda política. Una agenda concebida por el dirigente histórico, Rafael Correa, quien se propuso junto a su movimiento, de manera unidireccional y exclusiva, poner fin al Lawfare consignado por los opositores al correísmo y acabar con la persecución política iniciada por Moreno y heredada por el actual régimen. Recordemos que el llamado Lawfare es una traducción del uso de la justicia con fines políticos, a través de una guerra jurídica creada para referirse al ataque con oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad. Esta figura -novedosa por lo demás- se cristaliza en la práctica con aquello que le es sustancial: la represión política. Ambos procedimientos habituales del régimen de Moreno y ahora del gobierno de Lasso debían desaparecer del escenario político, eso se propuso el correísmo y lo logró. ¿Cómo? Pues, valiéndose del propio deterioro del régimen que, merced de sus propios desaciertos, fue desgranando la unidad móvil que logró al principio del mandato de Lasso cuando captó el control de la Asamblea Nacional, a través de la Presidencia del Legislativo.
Cambia, todo cambia, y la situación de fuerzas parlamentarias cambió. Y en ese preciso instante el progresismo con notable sentido de oportunidad aprovechó las condiciones para dar un golpe al régimen, “un duro golpe del correísmo”, como diría cierto vocero periodístico de la derecha a su manera. El duro golpe es, más que otra cosa, un golpe de efecto político fruto de la iniciativa, precisamente política, que parece recuperar el correísmo luego de un letargo de meses sin decir esta boca es mía. Bien por ellos, sobre todo bien por Jorge Glas quien, sacando paciencia y fuerza de debilidad, esperó pacientemente con una conducta penal intachable, el momento de la ansiada libertad. Y lo dijo hasta con fina ironía: “Nosotros en esta persecución política pusimos los presos, pusimos los exiliados, pusimos los condenados; en cuatro años y medio que les regalé, no han podido demostrarme un delito, ni que me he robado un centavo”. Y tiene razón. Luego de ese tiempo los fiscales y acusadores solo pronunciaron acusaciones sin exhibir pruebas que condenen a Jorge Glas. Durante su cautiverio el vicepresidente forjó una imagen de perseguido, de presidiario injusto, y esa victimización se canjea hoy por un inestimable rédito político. El liberado líder, aunque manifestó dedicarse por el momento a “arreglar ciertos asuntos personales”, tiene la inmejorable opción de jugar un rol trascendental: consolidar un liderazgo político en su movimiento y en la sociedad, que implique una renovación de cuadros, es decir, hacer posible una oxigenación de la orgánica del movimiento progresista con fines ideológicos y políticos prácticos. La figura de Glas permanece intacta, y ese capital político pocos activistas en el país pueden jartarse de mantener. En eso radica un hecho de justicia inherente a la liberación de Jorge Glas.
Tormenta política
Esta oleada política generada por corrientes profundas del correísmo, no obstante, generó una tormenta al interior de la derecha y de las fuerzas conservadoras del país que aparentan no entender lo que ha sucedido, al menos no con la lucidez que el caso requiere. Prefieren especular, afirmar sin fundamento, arriesgan su propio y escaso capital político con afirmaciones y acciones aventuradas. Entonces, hablan de un «pacto» entre UNES y el Gobierno -que estaría detrás de la liberación de Glas, a través de la acción u omisión del SNAI que se allanó a la resolución del juez liberador-, eso dice Jaime Nebot; y los voceros del régimen devuelven la pelotita contestando que el pacto es entre el correísmo y el Partido Socialcristiano. En tanto UNES, les refresca la memoria y les recuerda que el PSC hizo campaña con Lasso.
Todos se acusan de haber pactado con todos, y nadie acepta haber pactado con nadie. Pero todos se rasgan las vestiduras y ahora, descubiertos, desnudos de vergüenza, se defienden de sus propias acusaciones. Y tanto gobierno como socialcristianos no ven más allá de sus narices, no consiguen entender que sus desvaríos y simulaciones les pasó factura, y en política la tontería se paga caro. La derecha asiste a una nueva división, reeditando las viejas rencillas personalistas que habían superado cuando eligieron a Lasso, pero ahora los divide los mismos desaciertos del mandatario. Las obsesivas leyes reformatorias que terminaron afectando los propios intereses de los grupos económicos que sustentan al régimen, mientras el gobierno no avanza en la imposición fondomonetarista de generar leyes de precarización laboral, o de crear “ventajosas oportunidades” para las inversiones privadas.
En esta vorágine, los conservadores conservan sus viejas costumbre y echan mano a la prensa para ventilar sus cuitas. Una auténtica campaña mediática se puso en marcha a pocas horas de la liberación de Jorge Glas en las pantallas del “lindo canal” y del canal «que está en todas con noticias confirmadas”. Sus reporteros, imbuidos del poder del micrófono, sin contraste de fuentes, llamaron a los activistas del tema y arremetieron contra lo que calificaron “las irregularidades del hábeas corpus” que liberó a Glas, quien “debe volver a prisión”. Los analistas de turno se desgañitan sin decoro. Entre los más sonoros estuvo un imberbe constitucionalista que esgrimió toda clase de argucias para descalificar la decisión del juez que liberó al ex vicepresidente, señalando que es “un dictamen irregular” de un juez que “no le correspondía conceder un hábeas corpus que hizo posible la excarcelación de Glas” en medio de “elementos oscuros” que rodean la decisión. Y no podía faltar César Montufar, acusador particular de Glas, quien afirmó que se trata de “un fraude procesal” con “participación de varias instituciones del Estado” que ayudaron a los hechos que dieron lugar al hábeas corpus concedido a Glas, fruto de “un pacto de gobierno que pone en riesgo la supervivencia democrática del Ecuador”.
Debate jurídico
El juez Diego Moscoso está bajo la lupa desde que este 9 de abril concedió el hábeas corpus que dejó en libertad al exvicepresidente Glas, con dos sentencias ejecutoriadas. Pese a que hubo alertas y que la Corte de Justicia de Santa Elena solicitó una medida cautelar contra el juez Moscoso, el Consejo de la Judicatura no pudo actuar. Jurídicamente, analistas señalan un vicio de incompetencia territorial que anularía el proceso, porque un juez que no tiene competencia en razón del territorio difícilmente puede entrar a resolver el fondo de la acción constitucional, según abogados constitucionalistas. No obstante, La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, creada en 2009, establece que cualquier juez, de cualquier nivel, puede conocer una garantía jurisdiccional.
En este caso, la orden presidencial de Lasso dada al SNAI -institución ejecutora de la orden del juez de Manglaralto- es precisamente impugnar la acción del juez y apelar la resolución. Los jueces de Santa Elena tendrán luego que decir si el juez Diego Moscoso actuó con “negligencia manifiesta, dolo o con error inexcusable”. Con estos elementos, el Consejo de la Judicatura puede investigar al juez y actuar disciplinariamente, si es que ha incurrido en esa figura. Por su parte, la Corte Constitucional tiene que dar respuesta en temas como delimitar lo relacionado con acciones de protección, hábeas corpus y prisión preventiva. En lo jurídico, más allá del asunto político del pacto o no, lo judicial es responsabilidad de la Corte Constitucional, que permitió, a través de la jurisprudencia, que Jorge Glas se beneficie de un hábeas corpus ante un juez supuestamente incompetente.
Estos hechos hablarían a las claras de una crisis de institucionalidad en el país. Es decir, las instituciones llamadas a ser dirimentes en derecho sucumben, presumiblemente, a la presión política en sus fallos judiciales. En ese sentido, ha comenzado la desinstitucionalización del país, y eso es grave, porque no tiene solución en dos o tres generaciones. La cooptación de la justicia por la política es, precisamente, constancia de la pérdida de institucionalidad nacional y este es un problema ya endémico del país que no tiene visos de solución en derecho, por el momento.
En términos políticos se ha producido un nuevo escenario. Una nueva correlación de fuerzas que abre la posibilidad de libertad de los perseguidos políticos y, en el caso específico de Jorge Glas, la opción de que el ex vicepresidente juegue un rol protagónico en un liderazgo local in situ -si no de una candidatura- de su tendencia ideológica, lo que podría contribuir al fortalecimiento de su movimiento militante progresista. Este hecho confirmaría lo que concluyen sectores conservadores: el correísmo ha infringido “un duro golpe” a la tendencia derechista. Si estaba previsto bajo la figura de un “pacto” a cambio de gobernabilidad, el régimen ha hecho un mal negocio. Y es explicable, puesto que el principal proyecto del régimen de Lasso es económico: crear las condiciones jurídicas y legales para optimizar los negocios de una plutocracia bancaria que lo sostiene. Por esta razón, sectores de la derecha ahora “añoran” a Moreno, cuyo proyecto era esencialmente político en la figura de la descorreización del país. Esta contradicción podría estar agudizando la división del bloque de clase de la derecha criolla, mermado desde hace rato por las decisiones desacertadas del gobierno que se contradicen con los propósitos de algunos sectores económicos de la tendencia. En definitiva, se observa una retoma de iniciativa política de parte del progresismo y eso introduce un cambio cualitativo en el ambiente político nacional. Sucedió lo que tenía que suceder, la liberacion de Glas un objetivo cumplido.
