Palabras como economía y política, tantas veces distantes del hombre o de la mujer común, rigen la vida de la mayoría de los seres humanos en manos de una minoría que regenta estos conceptos desde el poder del Estado.
Desde las esferas del poder, quienes lo ostentan se han encargado de hacer más inaccesible al interés popular el término Economía Política, que no es otra cosa que “el estudio de la producción y el comercio y sus relaciones con la ley, las costumbres y el gobierno, y con la distribución del ingreso nacional y la riqueza”. Y en esa distancia, esta disciplina que tuvo origen en la “filosofia moral” del siglo XVIII para explorar la administración de la riqueza de los Estados, resulta ajena a la realidad y a los intereses ciudadanos y populares.
Los primeros estudios de la economía política fueron atribuidos a los pensadores británicos Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, precedidos por el trabajo de los fisiocratas franceses, Francois Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot. Dichos estudios propusieron dar cuenta del papel del gobierno y las relaciones de clase y poder en la asignación de recursos para los sistemas económicos; la economía politica internacional que estudia los impactos económicos de las relaciones internacionales; y modelos económicos de procesos políticos y de clase. En el marco de ese objeto de estudio, la economía política ve la actividad económica como el resultado de las necesidades del ser humano, articuladas a una comunidad y a sus determinaciones legales, técnicas, científicas y culturales.
En teoría, la economía política parece resolver todas las necesidades del ser humano, armonizando las relaciones entre la política y la economía, entre los ciudadanos y el poder, para dar solución a los requerimientos de la gente común, pero en la práctica suele no ser así. Tanto la economía como la política están atravesadas, transversalmente, por conflictos sociales de clases y sus respectivos intereses antagónicos, no siempre comunes y armónicos, que se expresan históricamente en la antípoda social a través de «la historia de la lucha de clases”.
¿Cómo resolver, entonces, esta contradicción del hombre con el hombre? Esa, diríamos, es la interrogante esencial de la condición humana, que surge de la contradicción principal del ser social e individual consigo mismo.
A esa tarea se ven abocadas la ciencia política y la ciencia económica en un escenario social marcado por los enfrentamientos entre diversos sectores, clases, naciones, etc. En el afán de armonizar esta dinámica, surge la Economía Popular y Solidaria (EPS), apelativos que pretende humanizar las relaciones económicas. Tal es así que, la EPS es “un modelo económico en el cual el factor dinero está en segundo plano, se basa en el bien común y parte del ser humano como sujeto y fin, respetando a la naturaleza”. Se trata de un modelo que representa hasta el 25% de todo el mercado dejando huella en el desarrollo de la sociedad, a través de la acción de entidades que conforman el sector financiero popular y solidario: cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas, cajas y bancos populares de ahorro cuya acción se basa en los principios de autonomía, igualdad, responsabilidad social corporativa, transparencia y vida comunitaria. La economia popular y solidaria busca consolidar en la realidad la búsqueda del “buen vivir y del bien común; la prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; el comercio justo y consumo ético y responsable; la equidad de género; el respeto a la identidad cultural; la autogestión; la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, a distribución equitativa y solidaria de excedentes”.
El caso ecuatoriano
En el país, la propia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), define su acción como «una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria (…) que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario.»
No obstante, los propósitos de la SEPS que, en buen romance, se propone estimular los emprendimientos populares y ciudadanos, la experta en el tema Catalina Vera Moscoso afirmó en un panel televisivo en el que se analizaba la reactivación económica del país, que la economia popular solidaria sigue pendiente de reactivarse, puesto que, el emprendimiento popular debe crear valor y eso no ocurre en la mayoría de los casos. La experta señala que “emprendimiento es crear valor económico, pero todos nos decimos emprendedores, cuando en realidad estamos dando una respuesta a la precarización del empleo; nos rebuscamos la vida y a eso llamamos emprendimiento, en lugar de detectar oportunidades de productos, servicios y proyectos, emprender no es buscar empleo precarizado”, concluyó. Como dato estadístico señaló que un 34% de los emprendimientos están dedicados a la venta de alimentos, actividad que no necesariamente se relaciona con las capacidades profesionales del emprendedor que lo hace porque no le alcanza un sueldo fijo. La mayoría de los emprendedores del país no están dedicados en hacer de su negocio una empresa; de ese modo, un 4% son “emprendimientos de oportunidad” -por ejemplo, vender mascarillas en tiempo de pandemia-, o en su defecto emprendimientos en actividades tradicionales como vender comida propia de nuestra cultura y hábitos populares.
Decíamos que la economía política debe resolver las necesidades populares, para visualizar en qué términos lo hace, bien vale analizar su comportamiento nacional. La economia familiar se desenvuelve en un contexto económico en que ingentes recursos provenientes de la migración -4.343 millones de dólares que enviaron los migrantes desde el exterior, entre mayo de 2021 a diciembre de 2022- están dando un respiro temporal a la crisis que vive el país. Una crisis que comienza hacerse sentir con un 2.7% de inflación en lo que va de este año. Una coyuntura crítica que se caracteriza por la desaceleración de la economía familiar y lo insostenible que resultó la momentánea recuperación económica del 2019; resultado, según expertos, de “la desconexión existente entre la clase política, la población y la empresa privada”. La mencionada recuperación en medio de la pandemia respondió a la creación en el 2020 de puestos de trabajos temporales. Esta situación local se dio en medio de un panorama internacional de “inflación y estancamiento”, con alza en los precios de las materias primas que viene a encarecer todo proceso productivo de productos finales.
El mundo, cuando está luchando por salir de la pandemia se ve amenazado por una guerra europea que contribuye al encarecimiento de materias primas y recursos energéticos y contrae el comercio internacional de productos de consumo masivo. A Ecuador la guerra ucraniana afecta en forma directa, puesto que el país mantiene negocios por el orden de 1.200 millones de dólares anuales con productos exportados a países de la zona en conflicto.
La contracción económica local se manifiesta en una caída de las ventas de productos de consumo masivos; y en el sector de la construcción y el turismo, dos actividades claves que no crecen al ritmo esperado. Sumados todos los factores negativos, el país registra un crecimiento económico del 1.5% anual y con un Producto Interno Bruto (PIB) de solo cinco mil millones de dólares, es decir, el crecimiento económico no va al ritmo del incremento poblacional que ha crecido de 17 a 18 millones de personas en el país. En ese colectivo demográfico la “clase media” ecuatoriana ha visto reducido su protagonismo económico por la contracción de sus ingresos, situación agravada por la imposición de impuestos al sector que confirma que en Ecuador los impuestos directos e indirectos crecen en un 2.5%, mientras que en América Latina el promedio de crecimiento impositivo es menos del 1%. En el país subsiste una economia de consumo, pero en una minoría de la población económicamente activa que reduce sus gastos a un consumo de subsistencia, mientras el empleo adecuado se reduce, el PIB permanece estático y la población crece. Esto explica nuestro crecimiento económico de un 4,1% en el 2021, en tanto, la región latínoamericana lo hizo en un 6% anual. Los ecuatorianos buscan subsistir del crédito en un círculo vicioso de endeudamiento constate. En febrero de este año se reportaron 1.005 millones de dólares invertidos a través de tarjetas de crédito; las deudas reportadas por el mismo concepto ascendían a 312 millones de dólares, con un 47% en supermercados y diferidos en un 40% en salud y 70% en educación, valores que se convierten en deuda al punto que el endeudamiento familiar ha crecido en un 75%.
Armonía entre economía política y ciudadanía
La política viabiliza a la economía o la obstruye. La economia polariza a la política o la armoniza. Estos son factores que actúan en forma reciproca en la sociedad y determinan si desde el poder se da o no respuesta al empleo y la seguridad, principales preocupaciones de los ecuatorianos en los actuales momentos en el país.
La crisis exige una solución que armonice la política, la economia y el interés ciudadano en la recuperación real del país. Para ver si el Gobierno trabaja en la línea de reactivar la economía del país y, en particular, la economía popular y solidaria, es preciso observar qué tanto moviliza económicamente al conjunto -sino a la mayoría de la población-, incorporándola a los procesos productivos generadores de valor, garantizando su seguridad laboral. O, por el contrario, solo genera políticas y ejecuta medidas económicas encaminadas a favorecer el negocio laboral de empresarios.
Ecuador no puede seguir constatando que la mercancía más devaluada del país es el trabajo. El trabajo a través de la contratación de mano de obra, debe ser entendido como un proceso mediante el cual se integren capital y fuerza de trabajo, y que beneficie en justicia a ambos, no solo como una plusvalía, o valor adicional, que el patrón extrae del trabajador como una mercancía que genera dicha riqueza que termina en las arcas capitalistas.
Los emprendimientos que estimule el gobierno a través de sus políticas de reactivación deben ser generadores de valor, no simples parches para cubrir las heridas sociales de la cesantía. El emprendimiento para ser productivo, debe estar vinculado a la profesión u oficio calificado del emprendedor como un producto de su experticia, no como la improvisación de una actividad, además, ajena a los requerimientos del mercado. La economía de los hogares ecuatorianos no se va a recuperar si se emprende solo por necesidad, porque esa necesidad es madre de toda precariedad laboral. La propuesta oficial durante la aplicación de medidas “humanitarias” provocaron una reducción del 40% y 50% en el tiempo de la jornada laboral y en los salarios pagados por ese concepto. Según estadísticas, 88.330 personas están con contrato emergente y 66.581 vio reducir su jornada laboral, según la Ley Humanitaria.
El país requiere de emprendimientos innovadores, estimulados y protegidos por políticas públicas estratégicas que proyecten la dinámica de la economía a largo plazo. Cobra especial importancia estimular el emprendimiento con “capitales semilla”, dado que el emprendedor no necesita prestamos populistas, sino capital de trabajo generado en la dinámica productiva de rotación del dinero, no en el chulco institucionalizado. Menos a intereses tan especulativos, el país no puede seguir soportando el 18% en tasas activas de interés, engrosando el lucrativo negocio de la banca privada. Es urgente implementar políticas que controlen las tasas de interés financieros. Tanto los intereses, como los impuestos, quitan liquidez y aniquilan a la economía familiar.
La banca pública debería generar nuevas condiciones de creación de riqueza, pero eso depende de una voluntad política oficial que no se advierte en el país, contrariamente, el régimen pretende subastar los bancos públicos a precio de gallina enferma. Si el gobierno busca inversión, no debe tratar de conseguirla por decreto, sino generando seguridad jurídica para pequeños y grandes inversores. Expertos coinciden en señalar que para superar nuestra “economia de subsistencia”, es preciso generar políticas públicas “contracíclicas”, es decir, con menos impuestos, menor inflación y mayor seguridad. Se requiere, dicen los expertos, de políticas públicas con “indicadores de impacto”, es decir, con metas claras y precisas que harían posible generar encadenamientos productivos con resultados mensurables. Existe coincidencia, además, en que el país requiere de un clima de confianza para hacer crecer a un 4% o 5% la tasa de empleo formal y masivo, clave de dicho encadenamiento económico.
No faltan voces que denuncian que el sistema económico ha fracasado, que la economía familiar solidaria es un mito, y que la economía integral en manos del Ejecutivo es un riesgo. El ecuatoriano está desencantado de la política y de la economía, por tanto, no pone especial interés en las reformas laborales propuestas por el gobierno; estado anímico que, seguramente, se reflejará en la respuesta ciudadana en una eventual consulta popular.
La reactivación económica es un proceso que debe asegurar la armonía entre política, economía e interés popular. Lo demás, es puro cuento.
