La situación que atraviesa Perú en el marco de un conflicto desencadenado a partir del alza de la gasolina confirma lo incendiario que son los combustibles, en medio de una grave inestabilidad política. En apariencia, el paro decretado por la unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú tiene un carácter reivindicativo del sector transportista. Sin embargo, esta coyuntura solo fue el detonante para desencadenar una crisis que busca la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo que, en menos de nueve meses enfrenta el tercer intento de vacancia para el mandatario.
Mas allá de los entretelones de 4 muertes y más de veinte heridos y del vandalismo callejero, como resultado hasta el momento del paro, y de la consecuente suspensión de las medidas de toque de queda, en el trasfondo del conflicto peruano subyace la lucha por el poder. Una lucha que libra un gobierno progresista dentro de un régimen presidencialista y las fuerzas reaccionarias peruanas de una derecha parapetada en el Congreso que ostenta un gran poder de decisión política. La semana anterior el parlamento había votado una solicitud de vacancia presidencial que fue rechazada sin alcanzar los votos necesarios para efectivizarla. A partir de entonces la oposición al gobierno de Castillo adoptó la medida de fuerza movilizando en las calles a manifestantes en contra del régimen.
Neoliberalismo en la región
La situación no es nueva, con anterioridad el gobierno de Castillo había enfrentado la arremetida de la oposición que busca su salida del poder, en medio de una situación de inestabilidad política que caracteriza a los regímenes progresistas en América Latina. Sudamérica es el escenario de la geopolítica regional contraria a los gobiernos de izquierda que, en los últimos años han venido confirmando la tendencia de retorno del progresismo al poder en la región. No obstante, esta tendencia encuentra oposición de la derecha en todas sus formas, reacción que ha determinado lo que algunos analistas llaman el “empate catastrófico” entre fuerzas reformistas y conservadoras, empantanadas en una lucha por el poder definitivo.
Esta disputa confirma que el modelo neoliberal que tratan de imponer grupos económicos industriales y financieros latinoamericanos, cuenta con el rechazo de amplios sectores populares. En América Latina el neoliberalismo comenzó antes y ha enfrentado mayores resistencias, como una práctica reaccionaria, un pensamiento conservador y un modelo de acumulación basado en agresiones a los trabajadores, en un marco de mayor internacionalización del capital. El proyecto neoliberal en América Latina tuvo su origen en la crisis del capitalismo de los años 1960. El anticomunismo de la Guerra Fría y el repudio de las políticas públicas keynesianas, que otorgan un papel decisivo al Estado en el desarrollo económico, fueron sus fundamentos. Si para Keynes el desarrollo dependía de políticas sociales dirigidas a asegurar el pleno empleo y la redistribución de la riqueza por medio del control estatal de precios, de la inflación y de los salarios, para los neoliberales fue la oposición y la crítica a dichos principios lo que hizo surgir su doctrina.
Los defensores del neoliberalismo culpan por todos los males a las políticas keynesianas de intervencionismo estatal. En busca de una alternativa al socialismo, el neoliberalismo se presenta como la solución definitiva al comunismo, a la crisis del capitalismo y a las políticas intervencionistas. En América Latina, su implementación estuvo acompañada por el quebrantamiento de los órdenes constitucionales y por una involución política antidemocrática. Primero en Chile y, a continuación, en la Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay, y ahora en el Perú.
Crisis peruana
Hernando de Soto, ideólogo de Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, presenta al neoliberalismo como articulación del capitalismo popular asentado en el desarrollo de la informalidad, en la iniciativa individual y en el “autoempleo”. Según sus argumentos en el Perú existen tres países: uno mercantilista y decadente, basado en un empresariado cerrado y articulado a los privilegios del Estado; un segundo país, fundado en la tecnocracia estatal, que buscaba un capitalismo de Estado; y un tercer país, basado en una economía de mercado, innovador y ferozmente competitivo, democrático y cuyo espacio más destacado era el de la informalidad, en el que estaban los auténticos empresarios capitalistas. Según De Soto, en Perú del propio seno del “mercantilismo” ya habían surgido gérmenes “revolucionarios” que conducirían a una “nueva sociedad” y cuyos portadores serían los “informales”, “empresarios incipientes” destinados a fundar un capitalismo popular no bien consiguieran derrotar a ese Estado “redistributivista” e “intervencionista” para instaurar en su lugar el reino puro del neoliberalismo, según establece Marcos Roitman Rosenmann, en su análisis acerca del neoliberalismo en la región.
Pedro Castillo representaría esos sectores e irrumpe en la escena política peruana desconcertando a gran parte de la élite del país sudamericano postulándose a la presidencia por Perú Libre, que se define como un partido de izquierda marxista. Castillo inició su mandato el 28 de julio de 2021 como jefe de Estado, y en su mensaje inicial abarcó temas importantes y coyunturales como el proceso de vacunación, la lucha contra la corrupción y temas domésticos como la economía, educación y seguridad. Castillo ratificó, además, su proposición de convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. La oposición de la derecha peruana actuó desde el primer día del gobierno de Castillo. La campaña de Fujimori emitió acusaciones de fraude electoral e inició demandas con el fin de anular los resultados en múltiples mesas de sufragio localizadas en las áreas donde Castillo había triunfado; sin embargo, estas fueron desestimadas por la justicia electoral peruana.
Durante su gobierno, Castillo ha sido acusado de recibir influencias del jefe del partido Perú Libre Vladimir Cerrón, quien respalda la ideología marxista leninista y además fue sentenciado por corrupción y negociación incompatible. Numerosos analistas políticos, periodistas e incluso bancadas de otros partidos se han manifestado al respecto, coincidiendo en que Castillo debe mantener la autonomía presidencial y no dejar que Cerrón designe funcionarios y asuma un rol importante en las decisiones que el gobierno aplique. Varios miembros del Gabinete han sido acusados e investigados por delitos de diversa índole, incluyendo al Primer Ministro Guido Bellido, sospechoso de apología al terrorismo. Entre otros funcionarios cuestionados se encuentran Waldemar Cerrón, investigado por lavado de activos, como vocero del partido en el Congreso.
Perú, inmerso en un espiral de caos e ingobernabilidad ha visto como el presidente Castillo ha modificado su gabinete cuatro veces en menos de seis meses. En total, unos 29 ministros han sido cambiados en un país que vive en la inestabilidad política en una región entendida por las potencias como parte de un juego de poder, donde buscan ejercer su predominio. Desde un punto de vista realista, esto no constituye ninguna novedad. Perú es un país clave en la lucha geopolítica regional por el poder.
