La crisis de representatividad o representación se agudiza. El país observa atónito cómo la Asamblea Nacional está más preocupada de componer sus cuitas internas, que van desde acusaciones de corrupción, improductividad legislativa, hasta ambiciones de poder de sus miembros que se aferran con desesperación al puesto, como es el caso de su presidenta, la abogada Guadalupe Llori.
En estos escenarios la representatividad popular es un mito. Y la realidad es que el sistema político que actúa en el Legislativo entró en una crisis de representación, lo cual es un hecho ya habitual en estos años de “retorno a la democracia”. Al extremo de que la crisis de la representación, en este sentido, es una crisis de la democracia y sus consecuencias no sólo afecta a los actores de la democracia -partidos políticos, instituciones, etc.-, sino a la propia democracia.
La crisis de la representación debemos entenderla como la existencia de diversas circunstancias cuyo efecto degrada y disminuye la calidad del sistema democrático actual, y de la relación de representación existente entre los ciudadanos y los representantes políticos. Esta dinámica provoca otra más preocupante, que es la desconexión entre el poder político y la ciudadanía, el funcionamiento viciado de las instituciones públicas, la pérdida del rol natural del Legislativo, la concentración de poder en el Ejecutivo, y la judicialización de la democracia, a través de la politización de la justicia puesta al servicio de la represión política. Todo aquello implica un progresivo empeoramiento del funcionamiento democrático y de la calidad de la propia democracia. Las instituciones estatales se convierten en pseudo instituciones democráticas del Estado mediante el control de todos los poderes, incluyendo el judicial. Así, toda dinámica política pasa a través de ese mecanismo persecutorio que judicializa la oposición y la protesta social. El debate se reduce a eslóganes, cuando no a amenazas y a falsas denuncias, eliminando el intercambio racional de ideas. El contenido de las declaraciones políticas, estimuladas por el odio de clase, refleja los más bajos instintos, sentimientos y pensamientos personales. Esos sentires ideológicos ya no tienen en cuenta el sentir popular, ya no se actúa en función de ellos y acaban por minar la confianza ciudadana por no sentirse identificada con el modelo que configura la democracia representativa.
El caso nacional
La Asamblea Nacional ha convertido en insuperable su propia crisis política a partir de que UNES, PSC y un sector de Pachakutik insisten en la conformación de una comisión para evaluar al CAL y a la presidencia del Legislativo; en tanto Llori se ha negado en reiteradas oportunidades a convocar a la sesión plenaria por temor a que dicha comisión que se constituiría la evalúe y, finalmente, recomiende su destitución. Un comunicado reciente de la Secretaría General de la Asamblea informó que ya no habrá la reinstalación de la sesión que estaba fijada para el mediodía del viernes 1 de abril.
Luego de dimes y diretes en la Asamblea Nacional, las cinco bancadas representadas no entran a un proceso de diálogo y así nadie va ceder. Este escenario consolida a la mayoría de oposición a Llori, integrada por las bancadas de UNES, Partido Social Cristiano y los “rebeldes” de Pachakutik.
La crisis de gobernabilidad no es nueva, y empezó el día mismo en que se instaló la Asamblea Nacional, en mayo de 2021. A un año en funciones, no existen mayorías permanentes sino transitorias, reflejo de la inestabilidad de los asambleístas que cambian sus posturas de un día para otro en busca de votos. Y tampoco se trata de tener votos, sino de construir sobre la base de la legalidad y de la legitimidad una representación popular, que es de lo que carecen los fallidos representantes del pueblo.
En los actuales momentos el desprestigio de la Asamblea Nacional, primera función del Estado, es tal que podría otorgar réditos políticos a Lasso su cierre definitivo y anticipar elecciones por el resto del periodo, pero eso significa una dictadura con apariencia legal. Y la crisis de representatividad no se superaría, puesto que a Lasso los números, en este momento, no le darían ni siquiera para reelegirse para terminar el mandato, e incluso, nada impide que los mismos legisladores vuelvan a ocupar la curul y nuevamente entren en pugna con quien quede a cargo de la Presidencia.
Una eventual salida a la crisis fue planteada por UNES: a condición de que Lasso no ponga una ley -como la que envío y que dice que el empleado tiene que indemnizar a su jefe. UNES califica como un acierto del primer mandatario separar la cartera dedicada a la gestión política de la seguridad ciudadana. Y en el ámbito productivo, el bloque progresista habló de una “recuperación de la producción en serio”, señalando que en el proyecto de Ley de Inversiones se incluían reformas al Código Monetario Financiero, que apuntaban a mejorar la posición de los banqueros respecto al conjunto de la economía ecuatoriana. El bloque UNES instó al régimen a arreglar las declaraciones del Lasso que tildó a la Asamblea Nacional de corrupta, acusación que impide el diálogo.
Cambio del sistema
En el trasfondo de la crisis de representación, subyace la necesidad de un cambio radical del sistema político. ¿Qué es necesario para que se produzca un cambio de modelo y la sociedad disponga de una forma distinta de gobernarse?
Según analistas, deben confluir tres elementos: la existencia de una profunda crisis de la representación, de una grave crisis económica y de una ideología alternativa a la dominante en dicha sociedad. Si esto ocurre, cabe prever que se produzca un cambio de modelo político. Una ruptura dinámica del modelo vigente puede llevar al cambio del sistema, o a una fractura de la sociedad derivada de su propia desconexión en que importantes grupos sociales dejarán de sentirse parte de la sociedad.
En tal caso se produce, a partir de la crisis de la representación, una crisis de la propia democracia con grave afectación a los partidos políticos, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Es lo que estamos viviendo actualmente en Ecuador. Si en la ciudadanía prospera el sentimiento de que vive fracturada del modelo de gobierno que la rige y, además, sufre una compleja situación por la crisis económica, no es difícil concluir que la frustración y el malestar ciudadano se acumulen y pueda surgir un modelo político alternativo que sustituya a la democracia. Si ese modelo se engendra, es cuestión de tiempo para que se produzca un cambio -que la historia ha demostrado que podría ser brusco- que cambie el modelo político. Si no se da un modelo alternativo, no quiere decir que la fractura democrática y la frustración popular desaparezcan por sí mismas, lo que podría ocurrir es que se expresen de manera distinta al modelo.
La historia se repite una vez como tragedia, otra vez como farsa. Esa historia demuestra que la ciudadanía demanda modificaciones en el modelo político imperante, no posiblemente un cambio de democracia como tal, pero sí un cambio en el modo de entenderla. Todo dependerá de una ciudadanía bien informada, culta y políticamente madura, que exija respeto a sus derechos básicos, que demande la necesidad de fiscalizar a sus mandatarios y que se la tome en cuenta, seriamente, a la hora de la toma de las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.
