Los ecuatorianos mayorcitos desde que tienen uso de razón han venido escuchando que el país está en crisis, al extremo que la crisis se ha convertido en la forma de ser del país. Crisis económica, crisis política, crisis moral y ahora crisis de gobernabilidad. Ecuador vive una suerte de estancamiento, de inamovilidad que hace que el país no avance en ningún sentido y que, sin salida, padecemos de anquilosamiento social y político.
Este agotamiento de alternativas se caracteriza y expresa en una ausencia de gobernabilidad, es decir, incapacidad de alcanzar consensos en torno a los grandes problemas nacionales y ausencia de gobernanza, es decir, ausencia de gestión de parte del gobierno. El régimen, en estas dinámicas que, más que dinámicas, son estáticas, tiene represado al menos seis o siete proyectos políticos y que no logra viabilizar por ninguna vía. Amerita decir que cada uno de estos proyectos formaron o forman parte de las cartas de intención firmadas ante el recetario del FMI, única política que el gobierno de Lasso reconoce posible para el país. Allí duermen el sueño de los justos -o de los injustos- la reforma tributaria inaplicable por inconstitucional, la reforma laboral, la ley de inversiones, la ley de comunicación, la ley de aborto, la ley de uso progresivo de la fuerza e inteligencia, entre otras. Y ahora el régimen propone la ley de inversiones -camuflaje de privatizaciones concebidas para el país, según expertos- mediante la cual se pretende inversión privada en servicios de viabilidad, educación salud, seguridad y telefonía, entre otros, mediante la figura de la delegación por las alianzas público-privadas, mientras que no se puede delegar ni cobrar al usuario directamente un valor relacionado con la salud, educación y seguridad, porque la Constitución lo impide. Preocupa en ese sentido, la delegación al sector privado de la administración, construcción, planificación de proyectos del sector público, y se busca poner “candados y límites” a la ley para que no se cobren tarifas a los usuarios, sino que el Estado reconozca esos valores. En consecuencia, el Ejecutivo espera atraer inversiones por $ 30.000 millones, con estas denominadas alianzas público-privadas, el desarrollo de las zonas francas y el fortalecimiento del mercado de valores. En eso consiste el proyecto de inversiones cuya fecha límite de tratamiento en la Asamblea Nacional concluye el día de hoy a las doce de la noche.
Representatividad del poder
Al mes de marzo del 2021, se reporta en la Asamblea Nacional la existencia de 423 proyectos de ley represados de la anterior Legislatura. La mayor cantidad la concentran las comisiones de Justicia, Trabajo y del área económica. Al mes de junio del mismo año, al menos unos 170 proyectos de los 423 que se encuentran represados en la Asamblea Nacional están listos para ser archivados, y deberán seguir el mismo procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, pasar a conocimiento del pleno y con 70 votos resolver su archivo. En la Comisión de Justicia había 97 proyectos pendientes, que van desde reformas penales, Código Civil, ley electoral o en materia de protección a la niñez y adolescencia. Otros 97 proyectos están en la Comisión de Trabajo que se relacionan a reformas laborales o a la seguridad social.
Este escenario supone una evidente crisis de representatividad: ¿Quién representa y defiende, y de qué manera, los intereses populares expresados en la necesidad de contar con leyes que regulen la vida de los ecuatorianos, quién gobierna y legisla en ese sentido? La carencia de representatividad es síndrome de una grave enfermedad que padece nuestra democracia, fallida e ineficiente, que no nos sirve para viabilizar la convivencia de los ecuatorianos con justicia social y equidad.
En este horizonte ¿qué salidas tiene el país? A todas luces el problema del poder en el Ecuador sigue como asignatura pendiente. El país eligió a un banquero para administrar el Estado, lo cual no supone, automáticamente, que captó el poder. Ese poder político, dado a quien solo tiene poder económico, ahora busca ser transferido, o captado, en un ineficaz forcejeo por la gobernabilidad -o apoyo sus proyectos- que no logra y le ocupa el tiempo de gobernar, dando lugar a falta de gobernanza. Así el represamiento de estos proyectos de ley provocado por la falta de gobernabilidad del Ejecutivo en el Legislativo ha conducido al régimen, en el ejercicio del poder, a una falta de gobernanza o gestión de gobernar. La gobernanza es el conjunto de instrumentos a través de los cuales las personas que viven en un Estado creen en valores comunes fundamentales, se gobiernan a sí mismos por medio de leyes, normas y regulaciones impuestas por el aparato estatal. En tanto, “la Gobernabilidad implica una correlación entre necesidades y capacidades a través de las instituciones (…), la Gobernabilidad dependerá tanto de la calidad de las reglas de juego, como de la influencia sobre ellas. Por tanto (…), a mayor Gobernabilidad mayor capacidad institucional de satisfacción de necesidades” (Hoberman, 2017), por tanto, mayor gobernanza.
Antonio Camou plantea una definición amplia de gobernabilidad rescatando su carácter multidimensional y relacional. Así la gobernabilidad debe ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”. Ello permite superar una lectura dicotómica (gobernabilidad versus ingobernabilidad) y analizar grados y niveles de gobernabilidad involucrando en la definición una “serie de ‘acuerdos’ básicos entre las élites dirigentes (…) en torno a tres ámbitos principales (…) el nivel de la cultura política (…) el nivel de las reglas e instituciones del juego político (… y) acuerdos en torno al papel del Estado y sus políticas públicas estratégicas”. En el pensamiento latinoamericano, y en particular, ecuatoriano, se prestó más atención a los temas de gobernabilidad que a los de gobernanza. Durante mucho tiempo prevaleció una lectura diacrónica histórica, y la cuestión del Estado tuvo más importancia que los problemas referidos al ejercicio de gobierno. Citando a Luis Aguilar Villanueva, “la ciencia política latinoamericana ha estudiado prácticamente casi todo, menos la manera como el gobierno construye y desarrolla sus decisiones”, o, como señaló Norbert Lechner refiriéndose al pensamiento de la izquierda latinoamericana, se privilegiaba la elaboración de una estrategia de poder y no se planteaba una estrategia de orden.
No se trata de vivir en un país ingobernable, se trata de quien quiera gobernarlo en la práctica, y tiene o no capacidad para hacerlo. En este panorama regional, la cuestión del poder sigue pendiente en particular en Ecuador. Esa podría ser la peor crisis existencial del país en su historia.
