“El Gobierno se apresta a poner literalmente un código de barras al país”. Con esta expresiva metáfora describe Pablo Davalos la intención oficial de poner precio a los activos públicos del Ecuador. El economista Dávalos, manifestó que todo podría ser privatizado por el régimen y, a renglón seguido, se preguntó si en la Asamblea Nacional el bloque “¿UNES va nuevamente abstenerse para que pase por el ministerio de la ley, Pachakutik votará otra vez a favor del Gobierno?”, según indicó en un tuit.
Conforme el análisis del economista Dávalos, el proyecto contiene una sección de definiciones. Precisamente, en el apartado de servicios públicos, el concepto aplicará a la provisión, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social o gubernamental. En ese acápite se incluye recintos carcelarios, instituciones educativas, centros hospitalarios y diversos tipos de instalaciones que brindan servicios de educación, servicios públicos, proyectos urbanos, unidades judiciales, autopistas, carreteras, caminos vecinales, rutas urbanas y ferroviarias. En otras palabras, el gobierno puede vender o privatizar activos públicos que actualmente prestan servicios públicos de educación, salud, carcelarios y viabilidad del país.
La figura legal que en el proyecto de inversiones abre la posibilidad de privatización aparece en el artículo 6 de la ley que se refiere a la asociación público privada en los siguientes términos: “Todos los servicios públicos, que no estén regulados por leyes sectoriales para efectos de delegación a sector privado, aplicarán de manera obligatoria la modalidad contractual de Asociación Público-Privada, sujeto a los límites establecidos en este libro”. Es decir, la ley posibilita que se formen asociaciones entre el sector público y la empresa privada en una forma de privatización evidente.
En otro acápite, en el ámbito de Gestión Delegada, los servicios públicos podrían ser controlados por una Secretaría de Alianzas público-privadas manejadas desde el Gobierno.
En definitiva, la observación hecha por el economista Pablo Dávalos confirma que la Ley de inversiones traslada activos públicos al sector privado, al transformar al sector público en una “una entidad delegante”, según la califica el gobierno. Osea, el régimen faculta a estas entidades para que puedan delegar a gestores privados a que realicen proyectos de inversión pública. Eso, en buen romance, se llama privatización.
La figura es claramente descrita: el sistema de rehabilitación social con cárceles incluidas, los establecimientos educativos públicos, unidades de transporte y de salud se convierten en proyectos de inversión privada, según lo faculta la llamada Ley de inversiones que promueve el Gobierno.
Adicionalmente, le ley hace posible que luego de transferir activos al sector privado y se califica el proyecto de inversión pública, el cuerpo legal define una arquitectura institucional para viabilizar el proceso privatizador con recursos del Estado. En esa línea, el inversionista privado controlará la infraestructura pública de los actuales servicios estatales mediante un fideicomiso mercantil.
El Gobierno argumenta que con esta ley “se incentiva la inversión privada y crea dos millones de empleo” en cuatro años de mandato; y, por su parte, Daniel Noboa, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico señaló que se acogieron las observaciones al proyecto de ley y que “no hay ninguna posibilidad de que en el proyecto de ley pueda darse un escenario de privatización”
Estimular la inversión privada, en esto consiste lo atractivo de la ley de inversiones para el inversionista particular, pero es evidentemente inconveniente para el usuario de los servicios de salud o educación privatizados. Esto ocurre en Chile con la Seguridad Social, o de previsión como se lo llama en ese país, a través de las AFP o Administradoras de Fondos de Pensiones, entidades privadas que “administran” el dinero de los afiliados que reciben servicios particulares de salud. Estos fondos, gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), fueron creados bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como un sistema pionero en establecer la capitalización absolutamente individual de los trabajadores. En tres ocasiones anteriores, los chilenos retiraron unos 50.000 millones de dólares, casi un cuarto de los fondos administrados por las AFP, por ser considerado un sistema rechazado que deja al margen a la mayoría de la población de un sistema de salud convertido en lucrativo negocio en Chile.
En Ecuador, la ciudadanía debe tomar conciencia a tiempo de que el sistema previsto en la Ley de inversiones -que promueve el gobierno- convierte al proyecto en una Ley de privatizaciones.
