La noticia del momento: con 99 votos, la Asamblea Nacional concedió amnistías a 268 ciudadanos que fueron judicializados por ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales. La actuación observada en las últimas horas por la Asamblea Nacional implícita en este hecho genera diversas reacciones ciudadanas. La sospecha prevalece en redes sociales sobre un eventual pacto entre gobierno y oposición -que hizo posible la amnistía que beneficia a los juzgados por su participación en la protesta social de octubre del 2019- a cambio de salvar a Guadalupe Llori. La presidenta de la Asamblea Nacional es necesaria y funcional para salvar a su vez al régimen y a sus adláteres de ser evaluados y eventualmente sancionados por sus actos.
¡Viva la componenda de turno!, reza un tuit. Otros escriben en Twitter, que se hizo justicia. No falta quienes se preguntan, ¿qué justicia hace el gobierno que dice a los «ricos»: no me vengan a llorar. A los médicos los despide. A las clases medias les impone más impuestos A las microempresas le grava impuesto sobre el ingreso. A los estudiantes no les eliminó el examen de ingreso a la universidad. A las mujeres las reprime”.
La judicialización de ciudadanos sometidos a juicio y aquellos que les pusieron grillete como medida precautelar, respondió a una componenda política cuya ejecución fue concebida por la ex ministra de gobierno del morenato, María Paula Romo; y fue factible por la correlación de fuerzas existentes en ese entonces. Ahora, cuando la composición política de la Asamblea Nacional cambia, fue posible un consenso de 91 votos a favor de beneficiar con amnistía a los enjuiciados.
Así funciona nuestra política criolla, de ese modo se trata los antagonismos ideológicos, manoseando a la justicia corrupta que se deja manipular en favor de uno y otro. Una prueba más de que en este país es fácil recurrir a la utilización política del aparato judicial como mecanismo de resolución de conflictos.
Respecto de la decisión de la Asamblea Nacional se pronuncia Adriana Rodríguez, profesora e investigadora en derechos humanos y de la naturaleza, indicando que el informe sobre amnistías para cerca de 260 personas, es un proceso que se encuentra dividido en tres paquetes. Un primer paquete de defensores de la naturaleza, que han sido procesados como una forma de criminalización de su propio ejercicio. Un segundo paquete de justicia indígena, de autoridades que administran justicia en su propio territorio, que no deberían haber sido procesados, bajo ninguna circunstancia, porque están administrando justamente su jurisdicción, como lo establece la Constitución. El tercer paquete está relacionado con el contexto de una convulsión social, que tiene que ver con el derecho a la resistencia. Según Rodríguez, los tres grupos que solicitaron la amnistía están completamente legitimados, conforme lo señala la Constitución, en su artículo 120, numeral 13. Mientras que los procesos de amnistía son, además, parte de los derechos humanos.
Incoherencia parlamentaria
La decisión parlamentaria de conceder amnistía a los opositores al régimen, contrasta con otra decisión: la Asamblea Nacional no aprobó la moción para la integración de una comisión que evalúe al Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Guadalupe Llori. Un voto les faltó a las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y al grupo de los autodenominados “rebeldes” de Pachakutik para incluir la moción a debate. Las ausencias de los asambleístas Mariuxi Sánchez, de UNES, y de Javier Ortiz, del PSC, fueron determinantes al momento de llamar a votar la moción planteada por el correísta Fausto Jarrín para conformar la citada comisión de evaluación.
Desde la bancada del PSC se señaló que el asambleísta Ortiz sufrió en la mañana “un atentado” mientras se trasladaba desde Esmeraldas a Quito. En el caso de Sánchez, recién llegó al pleno cuando estaba en trámite el tercer punto del orden del día. ¿Por qué no actuaron en reemplazo de los ausentes los asambleístas suplentes? Lo extraño es que la Asamblea Nacional logra reunir 91 votos para una moción y no consigue 70 para otra de similar condumio político. ¿Coincidencia, componenda, pacto?
Nada puede extrañar de aquello que ocurre en la Asamblea Nacional. Envuelta en lo intrascendente el organismo legislativo soslaya lo verdaderamente importante para la nación. El juego de toma y daca prevalece en una práctica política que no deja de estar bajo sospecha a los ojos del país.
