En medio del dolor y la indignación de los damnificados del aluvión de la Gasca, gritos de rechazo se escucharon en contra del alcalde de Quito Santiago Guarderas acusándolo de poseer acciones en la Inmobiliaria Coppa y Pi S.A, presunta constructora del cenizario Urkupamba. La noticia que no llegó a confirmarse no pasó de ser un rumor en redes sociales. El edil quiteño no posee vínculos societarios con la Sociedad Civil Anónima Urkupamba, según consta en la Superintendencia de Compañías.
Pero el aluvión acarreó consigo otros datos, según la Superintendencia, que en la mencionada inmobiliaria figura como inversionista la empresa extranjera Quevedo y Ponce Incorporated, domiciliada en Panamá, país considerado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como escondrijo fiscal.
El deslave de acontecimientos continuó causando incomodidades al edil quiteño, cuando el 9 de febrero fue presentada una demanda por presunto perjurio contra Guarderas en la Fiscalía General del Estado; puesto que, según el demandante, el burgomaestre no informó de que posee cuentas en paraísos fiscales antes de candidatizarse en las elecciones del 2019.
El desbordamiento de circunstancias negativas para el alcalde no se detuvo allí. La Contraloría General del Estado anunció al alcalde de Quito acerca del inicio de un examen especial a su patrimonio ante la denuncia de su presunto vínculo con paraísos fiscales. Guarderas, quien ejerce su derecho a legítima defensa fue increpado, además, por presunta inobservancia legal en la Contraloría, no obstante resultar blindado por el Concejo Metropolitano ante la tentativa de fiscalizarlo por su supuesto vínculo con 2.613 acciones de la Inmobiliaria Coppa y Pi S.A, junto con su hermano, Ernesto Guarderas.
Los hechos
En las últimas horas, según una publicación de Radio Pichincha, un nuevo aluvión de novedades se dio a conocer a la luz pública: nuevos documentos confirmarían relación del alcalde quiteño con paraísos fiscales, en los que aparecen implicadas las empresas Inmobiliaria Coppa y Pi y la empresa panameña Quevedo Ponce Incorporated, como presunto escondite fiscal de Guarderas. La emisora capitalina accedió a un historial societario de la compañía, sus vínculos políticos y económicos, utilidades y relaciones con firmas panameñas “en evasión y elusión fiscal”. Aunque el medio informativo solicitó una entrevista al alcalde Guarderas, su equipo de comunicación no respondió oportunamente a la solicitud.
Guarderas y su hermano, conforme la investigación, ejercían como empleados del estudio jurídico Quevedo Ponce dedicado a la asesoría de compañías petroleras privadas, entre otras, la compañía City Oriente que demandó por 70 millones de dólares al Ecuador ante el CIADI, en representación de la Chevrón en el 2014.
En abril de 1977 se crea la empresa panameña Hargab International Corporación que, en 1999, cambia de nombre a Quevedo Ponce Incorporated, no obstante, los accionistas de la firma panameña son los dueños de Inmobiliaria Coppa y Pi, los hermanos Guarderas junto a abogados del estudio jurídico Quevedo Ponce. Un documento de enero del año 2015, revela que el alcalde Guarderas tenía en sus manos 96 acciones de la empresa panameña. La figura es registrada como inversión extranjera, sin embargo, según documentos, los dueños -accionistas de Coppa y Pi- son ecuatorianos. Se trataría, según los expertos, de un aparente caso de elusión fiscal, puesto que, el art. 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que “los inversionistas extranjeros de compañías nacionales están exentos del impuesto de la retención de dividendos”.
El 24 de noviembre de 2017 se certifica la existencia de Quevedo Ponce Incorporated y dentro de los documentos se señala que el agente fiscal o residente de la empresa panameña es Arias Fabrega y Fabrega (Arifa). Como se conoce, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denunció a Arifa en 2016, porque “la firma jurídica creaba esquemas tributarios que tenían como finalidad la evasión de impuestos de sus beneficiarios, y se encontraba entre las cuatro más grandes de Panamá”. El mismo año se estableció que “40 grupos económicos ecuatorianos tenían vínculos con las principales firmas jurídicas panameñas, así como intermediarios nacionales, entre ellos, destaca el estudio jurídico Quevedo y Ponce”.
En su defensa, el alcalde Guarderas el 15 de febrero, rehusó a la creación de una comisión del cabildo que investigue su nexo con este paraíso fiscal. En esa oportunidad increpó al concejal Luis Reina señalándole que se refiere “a un hecho anterior al ejercicio de sus funciones”. Documentos indican lo contrario: el alcalde intervino en una junta general de accionistas de la compañía Coppa y Pi Inmobiliaria S.A, el 30 de marzo de 2021, cuando aspiraba a convertirse en alcalde de la ciudad.
Eventual desenlace
La Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular, en sus artículos 4 y 7, es clara cuando señala que funcionarios vinculados directa i indirectamente con bienes o actividades económicas domiciliadas en paraísos fiscales serán destituidos de sus cargos, y es la propia Contraloría la encargada de investigar la irregularidad.
Solo basta conocer la declaración del ente empresarial de Santiago Guarderas: Coppa y Pi Inmobiliaria S.A pagó un impuesto a la renta de USD 21.123 los últimos 20 años, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). No obstante, entre los años 2013 y 2017, la inmobiliaria percibe ingresos superiores al millón de dólares, según sus informes financieros. Adicionalmente, la mencionada compañía no registra pagos por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), a pesar de que su socio mayoritario es panameño.
El Servicio de Rentas Internas ecuatoriano señala que el estudio jurídico Quevedo y Ponce canceló la suma de 144 dólares en impuesto a la renta en 20 años, y la empresa Quevedo Ponce Incorporated no aparece en los registros fiscales.
La Superintendencia de Compañías procedió a disolver a la inmobiliario de Guarderas en el año 2019, porque no publicó los informes financieros 2017 y 2018, en contradicción con los artículos 360 y 361 de la Ley de Compañías. Peor Coppa y Pi fue reactivada en octubre del 2020 luego de pagar 78 dólares en impuestos, y sus socios son Guarderas y compañía.
Según la investigación, desde el 2020 la empresa no especifica la nómina de accionistas, no presenta el certificado de existencia legal, no consta la declaración juramentada de los socios y no se registra el poder notariado por la sociedad extranjera, Quevedo Ponce Incorporated, que figuracomo accionista y dueño mayoritario. El aluvión de novedades continúa.
