El poder legislativo exhibe evidencias de concebir la política como un lúdico y turbio affaire de intereses sectarios que predominan por sobre los beneficios nacionales. En la dinámica de la función legislativa, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), posterga la calificación de proyectos de ley que buscan derogar las reformas tributarias, dejando en manos de la Corte Constitucional la competencia parlamentaria para derogar o modificar una ley económica urgente declarada como decreto ley.
Mas allá del debate jurídico administrativo, la discusión refleja el juego político a favor o en contra de los propósitos del gobierno en el afán de disponer de un incremento en el pago de impuestos a la Renta para personas con ingresos superiores a los USD 2 mil mensuales, considerado como fuente de financiamiento para asumir parte del déficit fiscal. La moción de aplazamiento de la ley contó con los votos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (PK), dos votos de CREO y un voto de la ID. Los proyectos que buscan derogar las reformas tributarias del régimen fueron presentados por un legislador de UNES y dos asambleístas de PK, quedando en evidencia la división existente al interior de ese movimiento.
En las últimas horas el comportamiento legislativo de la presidenta de la Asamblea Nacional desató una polémica generada al interior del Legislativo por su constante alineamiento con los objetivos del régimen. Llori acusó a sus propios coidearios de PK de intento de “desestabilización”, por plantear reformas a la ley orgánica de la Función Legislativa y por solicitar una evaluación y cambio de los miembros del CAL. Desde la otra orilla, las quejas apuntan a que Llori no trató a tiempo el proyecto derogatorio de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, y dejó sin tratamiento el pedido de juicio político contra cuatro consejeros del CPCCS. La dilación en el tratamiento de estos proyectos está en coincidencia con los intereses del régimen; conducta que daría lugar a un juicio político en contra de la asambleísta de PK por considerarse que legisla a favor del gobierno de Guillermo Lasso, según sus propios compañeros de bancada.
Un asambleísta de PK (Darwin Pereira) señaló que, si una parte de la bancada de su movimiento vota por archivar estos proyectos de ley, es visto como un entreguismo total al gobierno, y que “Llori más parece pertenecer a CREO”. Llori está cuestionada por “incumplimiento de funciones”, causal suficiente para su destitución del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional.
La crítica se hizo extensiva a la legisladora Yesenia Guamaní de la ID, quien, en apoyo del régimen, hizo la propuesta de dilatar la derogatoria del proyecto de ley tributaria. Guamaní, en la práctica, ha jugado un rol funcional a los propósitos oficiales durante toda su gestión; como ex funcionaria del Ministerio de Educación en el morenato su experiencia práctica ha sido ser utilitaria a disposiciones de la burocracia estatal.
Esta dinámica, sin duda, desdice de la capacidad intelectual de la mujer en la gestión política. Mujeres sujetas a fiscalización legislativa, funcionales a las jugarretas parlamentarias en favor de los intereses políticos y burocráticos del régimen de Lasso.
En política nada es casual, toda acción tiene una reacción como causa y efecto. Llori, inserta en la disputa partidista que cuestiona la asociación del correísmo y una fracción de PK –a quienes el régimen de Correa fustigó en su momento, quitó la sede de la Conaie, se inclina en contra del progresismo. Razones no le faltan, en calidad de prefecta de la provincia de Orellana fue reducida a prisión en un operativo digno de un terrorista por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Acaso eso explica su odio ancestral al correísmo. En el otro bando, al interior de PK, está la facción de Iza y de Vargas que buscan ser parte de la amnistía a los judicializados por la protesta social de octubre del 2019. Luego, de que ambos dirigentes abandonaran la política callejera, renunciando a la movilización social que habían acordado realizar en enero, se inclinan hoy por las jugarretas parlamentarias. Otra conducta que no deja de ser sospechosa y que merece una explicación a sus bases ciudadanas.
En la Asamblea Nacional se ventilan diversos intereses como parte del affaire legislativo. El botín del momento es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la anticipación de un juicio político a los sumisos con el régimen, que debería darse en junio. En el fondo del asunto se trata de probar un delito cometido en la elección del nuevo Contralor, evento que se habría dado por la intervención del Ejecutivo en una función del Estado para lograr instalar un titular de la Contraloría obediente al gobierno, lo cual es causal suficiente de destitución del presidente Lasso. Ese es el fondo del juego.
Una vez más, la dinámica legislativa confirma estar más concentrada en dirimir un turbio affaire de intereses político-administrativos partidistas, que asuntos de incidencia o trascendencia nacional.
Jugarretas legislativas que llevan a la Asamblea Nacional a una evidente crisis de representatividad con legisladores que renuncian al cabo de siete meses sin haber presentado un solo proyecto de ley cobrando sueldo sin trabajar, legisladoras dedicadas a representar propósitos partidistas en lugar de contribuir a generar leyes de beneficio colectivo.
