Por Hernán Peña Noboa
Por las manifestaciones expresadas en el seno de la Asamblea Nacional, por los que conforman los diferentes grupos sociales, las declaraciones de algunos partidos políticos y por personas interesadas en tratar sobre ciertos temas específicos de la economía, tengo la impresión de que no se tiene claro o intencionalmente no se quiere acabar de entender lo que significa que el Ecuador está atravesando por una crisis económica severa o por un desequilibrio de sus variables macroeconómicas, donde el Gobierno ya tiene previsto, para el año 2,022, un déficit presupuestado de 9.769 millones de dólares US y un desequilibrio entre ingresos y egresos permanentes y no permanentes de 3.783 millones. Lo que quiere decir de plano que el Estado no está en las posibilidades de atender todas las necesidades requeridas por el país, como lo venía haciendo antes, así las leyes le obliguen. En los casos, preferir asignaciones a unos significa restar a otros.
Al comparar los efectos que genera la pandemia del covid 19, con lo que viene aparejado en la crisis, encontramos que ambas afectan a todas las personas sin discriminación alguna. En el caso del combate a la pandemia, todos estamos obligados a vacunarnos para salvar la estructura social a la que pertenecemos. En lo que se refiere a la crisis hay que desarrollar un antídoto llamado política anticrisis sustentada en un pacto social, debido a que esta impacta más a los pobres, por experimentar efectos perniciosos derivados de la falta de ingresos, empleo, salud, educación etc., lo que no sucede con aquellos que tienen mayor cuantía de recursos porque pueden armar herramientas de protección.
Tanto a los actores sociales, los políticos, como a los asambleístas no les interesa forjar una política anticrisis basada en un pacto social, por cuanto la nueva realidad les obligaría a perder injerencia ante sus seguidores y dejar de hacer política contra el gobierno de turno. Un pacto social esta para definir cómo vamos a colaborar las personas naturales, las empresas, los beneficiarios del gasto público, la Asamblea y el propio Estado para superar la crisis. Como esto no se ha dado, el Gobierno Nacional le ha propuesto a la Asamblea un presupuesto con asignación de recursos para tiempos de escasez, una nueva forma de generar empleo e ingresos, etc., pero lamentablemente nadie está de acuerdo con las propuestas. Todos más bien creen oportuno reclamar preferencias en las asignaciones o mayor cantidad de recursos, unos justificados y otros no. Cómo se explica, querido lector, que cuando Japón pierde competitividad en el mercado, sus trabajadores proponen reducción de sus salarios.
En este entorno hay personeros que piden, entre otros, congelar[HP1] los precios de los combustibles, reformas al Código del Trabajo, revisión de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, maestros que solicitan reintegro a sus trabajos en el Ministerio de Educación, que se reconozca el precio de sustentación de la saca de arroz, que se atienda la desnutrición infantil, que se dé mayores recursos a los proyectos agro-genéticos, etc. Pero nadie quiere pensar que la escasez nos exige a todos mejorar la eficiencia y la productividad, esto es, producir más bienes y servicios con menos dinero.
De esta cantidad de requerimientos hoy solo me voy a referir a la congelación de los precios de los combustibles, por dos razones, la primera porque en este documento no podemos tratar todos los reclamos aquí descritos, por cuanto ese no es motivo de este escrito, sino buscar soluciones que generen estabilidad a la sociedad y si hay que hacer esfuerzos, estos sean los de menor impacto posible, y la segunda es que cualquier tema que se encuentra vinculado con la macroeconomía, forzosamente tiene que ser analizado en base a las variables que encuentra relacionado, a fin de encontrar las fórmulas más convenientes al país y no a un grupo determinado.
La intención de no regular internamente los precios de los combustibles se encuentra en la necesidad de reducir el tamaño del déficit fiscal ya mencionado para no seguir financiando el bache con endeudamiento interno y/o externo, tema que perjudica la realización de obras en el corto plazo. Luego, en el impacto que se produce en las importaciones de combustibles dentro de la balanza comercial petrolera, a consecuencia del incremento del costo por el alza mundial de los precios del petróleo y, por último, se trata de reducir el incentivo a incrementar el contrabando hacia terceros, donde los precios son más altos.
Dentro de la Teoría Económica, la fijación de precios en el tiempo no tiene validez, por cuanto el comportamiento de la oferta y la demanda en el mercado abierto tienden a cambiar, con lo cual el precio establecido deja de tener validez. Qué pasa si mañana el precio internacional del petróleo baja por el aparecimiento de nuevas energías o incremento de la oferta. El Estado seguiría cobrando lo convenido originalmente, pero los grupos sociales dirán que el margen que se forma es el gobierno quien se está aprovechando de las clases necesitadas. Pero si sigue el aumento, la diferencia que se genera entre el precio fijo establecido y lo que indica el mercado, es el Estado quien tiene que financiar el desequilibrio. Lo correcto es que los precios se establezcan por el libre juego de la oferta y la demanda.
Los ecuatorianos saben que un galón de gasolina extra/eco, esto es la que más se consume en nuestro país, le cuesta al consumidor final 2.50 Dólares US. En el Perú, el similar se encuentra en una banda de 2.25 y 4.29 (libre mercado, pero nunca se cumple el mínimo). En Colombia 2,33 Dólares por reciente devaluación. El Diesel en Ecuador vale 1.69. En el vecino del sur 5.12 y en la nación del norte 2,28 US. Como se observa, no regular o congelar el precio significa alentar el contrabando hacia los países colindantes y por la costa, facilitar el trabajo a los carteles de la droga, a un menor costo. Un segundo impacto negativo se encuentra en el financiamiento que debe realizar el Estado por el incremento del costo de las importaciones de combustibles, a base del incremento el déficit fiscal o del aumento del endeudamiento.
Lo curioso de todo este tema radica en que los que proponen el congelamiento parecen no estar bien ubicados en la coyuntura de las cosas o, tal vez, conociendo los hechos solo quieren hacer política, sin pensar en sus consecuencias que trae a la economía, pero lo peor de todo es que si quieren conseguir objetivos deben proponer alternativas viables de ejecución.
Si al final de todo lo dicho, el Estado desea crear y mantener tratamientos preferenciales con estratos sociales más vulnerables, lo deseable sería aplicar el sistema canadiense, donde en el año fiscal todos pagan el precio de mercado de los combustibles, pero luego de la declaración del Impuesto a la Renta reciben el valor del subsidio.
