En los últimos años Ecuador ha visto cooptar instituciones del Estado con fines extraños a sus competencias. Este fenómeno de data común exime a las instancias del poder judicial, a las empresas del poder mediático y a los organismos de control cumplir a cabalidad sus funciones, cooptados como una práctica constante del sistema político. Paralelamente, la delincuencia organizada ha dadivado cortes, fiscalías y magistraturas que, en sus resoluciones, favorecen a narcotraficantes liberándolos y devolviéndoles propiedades incautadas en operativos policiales.
Este escenario devela una profunda crisis institucional en el país, que se caracteriza por organismos que no cumplen sus competencias, su rol fiscalizador, contralor y jurisdiccional.
Advertimos una crisis institucional que dificulta contar en el país con instancias dirimentes del conflicto social en el marco de intereses sectoriales. Y lo que es peor, imposibilita la ejecución de una justicia proba, el ejercicio de una legalidad justa y la gestión de los organismos de control -Contraloría, Fiscalía, instancias de la Judicatura, comisiones investigadoras, entre otros-, que deberían actuar con sentido preventivo impidiendo el cometimiento de actos de corrupción e irregularidades, puesto que actuar a la saga de los hechos resulta extemporáneo.
En este clima de descontrol se percibe la ausencia u omisión del Estado y sus instituciones, esto explica el grado de descomposición social y política que vive la nación, factor esencial y determinante de la crisis estructural que afecta a la sociedad ecuatoriana.
Es preciso hurgar en las causas profundas de los antecedentes que preceden a este estado nacional actual, y señalar a una clase política desprovista de principios ideológicos, formación política y prácticas orgánicas que garanticen, dentro de una democracia real, la consecuencia con determinados valores y principios cívicos. Un sistema político que actúa sin eficiencia en la praxis que represente causas colectivas, derechos ciudadanos e intereses populares, más allá de las mezquindades y sectarismos partidistas.
Ideología e institucionalidad
La institucionalidad es la concreción burocrática de la ideología, las instituciones son el producto de las ideas; un país con ideas puede plasmar en realidades sus más caras utopías. La ideología, como una niebla que lo envuelve todo, determina la opacidad o la claridad de las acciones políticas.
El pragmatismo en política es fuente de toda corrupción, defección y -finalmente- traición. Solo las ideas sustentan y fortalecen las normas que preceden a la acción. Solo los principios ponen límites a desenfadados fines de los corruptos y delincuentes políticos. En definitiva, un país sin principios y con un pragmatismo rampante, es un país que se descompone social y políticamente en una crisis sin retorno fácil.
La actual pugna por el manejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es expresión de la crisis institucional en la incapacidad de sus miembros directivos y vocales de dirimir el conflicto producido por captar la dirección del CPCCS y designar a los funcionarios de los organismos de control. Este organismo es el encargado de seleccionar, elegir y supervisar el nombramiento del Contralor, Fiscales, funcionarios de la judicatura, etc., y en su interior refleja la lucha por el poder, por la gobernabilidad y el control del Estado, con el fin de que el aparato burocrático central responda y precautele políticamente determinados intereses, en última instancia, económicos. La crisis refleja la lucha político-ideológica, enmascarada en una pugna de apariencia administrativa en el marco de un simulacro de democracia formal.
Secuencia de los hechos
Al interior del CPCCS consejeros de minoría se tomaron el local de la institución en disputa por la titularidad del organismo. Sofía Almeida, ex presidenta destituida, respondeiendo a la nueva coalición integrada por UNES, PSC y un sector de PK, acusa al oficialismo de intervenir para controlar al CPCCS. Mientras tanto Hernán Ulloa, presidente que, según la funcionaria se arroga funciones, rechaza la acusación. CREO niega lo que la nueva mayoría llama “golpe institucional” del oficialismo con el propósito de que “cuatro consejeros apadrinados por el Gobierno de turno a punta de tolete pretendan imponer autoridades a la carta, tomándose ilegalmente la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para convertirla en sucursal de Carondelet”, según señala un documento emitido por el organismo.
En la Asamblea Nacional está en juego un juicio político a los consejeros que se arrogan las funciones en el CPCCS; tres bancadas legislativas -Pachakutik (PK), Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC)-, impulsarán el procedimiento en contra de los cuatro consejeros. En tanto, Fernando Villavicencio desde la Comisión de Fiscalización no apoya esa acción y el CAL hasta hoy no califica el proyecto fiscalizador.
Consejeros del CPCCS denuncian que “el Estado está violentando la independencia de funciones y el debido proceso”, hechos por los que deben responder Alexandra Vela, ministra de Gobierno y Patricio Donoso, ministro de Trabajo que certificó la designación de los consejeros Hernán Ulloa y M. Fernanda Rivadeneira como presidente y vicepresidenta del organismo, respectivamente. El cuestionamiento alcanza al presidente Lasso por irrespeto a la autonomía e independencia del CPCCS, organismo que vive una crisis institucional que devela la violación de la seguridad jurídica del Estado.
El debido proceso está contemplado en la propia estructura orgánica del CPCCS al señalar que los consejeros al interior del organismo podrán elegir al presidente (a) y vicepresidente (a) de la institución, conforme el artículo 4º de la Ley Orgánica del CPCCS. La mayor paradoja de este organismo autodenominado de participacion ciudadana: lo menos que exhibe es, precisamente, participacion de la ciudadanía en un juego de representación burocrática basado en las lógica de un simulacro de democracia.
En el fondo de la crisis institucional del CPCCS subyace la pugna por el poder político, que la provoca y justifica, cooptando, corrompiendo, manipulando instituciones de control, al ponerlas al servicio de los actores políticos y sus sectarios intereses.
