El ser humano suele aprender en la didáctica de las tragedias, pero no siempre lo más terrible se aprende en seguida, a veces nos cuesta la vida.
Una tragedia urbana como el aluvión que tuvo lugar en el sector de La Gasca en Quito, para las 185 familias afectadas es un drama inenarrable, para otros, simple y llanamente un problema que tiene que ver con la toma del poder en la ciudad. Para algunos, un problema ecoambiental y no falta para quienes es un problema de infraestructura urbana. Y en un extremo, la tragedia de La Gasca es para inescrupulosos empresarios cortapisa para lucrativos negocios inmobiliarios. En caso de políticos locales que ambicionan poder es, nada más, un problema de “imagen” que complica su ascenso a otras instancias de influencia personal.
¿Pero, cuál es la problemática que nos atañe a todos los habitantes de Quito, a propios y extraños, a genuinos y chagras?
Sin lugar a dudas, debería ser la convivencia social que se traduce en sobrevivencia barrial, transversalmente atravesada por deberes y derechos. Prerrogativas ciudadanas como el derecho a un trabajo que se traduzca en emprendimientos personales, un negocio familiar o un puesto con seguridad social, educación y recreación barrial; y el deber de la autoridad de garantizar todo aquello que forma parte de la vida digna por la que todos luchamos, día a día. Lucha que instituciones como el Municipio o la Prefectura -se supone- acompañan más de cerca que otras instancias estatales a los habitantes de la ciudad y de la provincia. Instancias de poder y representación popular que les compete el acompañamiento ciudadano con servicios básicos de calidad. Uso del suelo, uso del espacio público donde compartir el bien común de la vida comunitaria.
No obstante, la desidia de politicastros profesionales que se trepan al poder, la ambición del falso líder barrial o la indolencia de quien se arroga el poder comunal, lo impiden. Por una sencilla y compleja razón, la voracidad empresarial de quienes sobreponen sus intereses mercantiles privados a las necesidades colectivas y trafican con la muerte construyendo un lujoso cementerio, cenizario Urkupamba, en un lugar indebido de terrenos inestables de las laderas del Pichincha. A la voraz codicia del empresario fúnebre se suma el negocio del empresario inmobiliario que construye edificios aniñados en la misma zona inestable, deforestando el bosque protector con alto riesgo de aluviones. Dos visiones mercantiles, de la vida y de la muerte, que soslayan la seguridad ciudadana y que contrastan con la miserable labor del traficante de tierras que estimula invasiones en zonas marginales de las faldas del Pichincha, aprovechándose de la necesidad paupérrima de gente humilde.
Acciones que fueron posible con la connivencia municipal. No falta quienes señalan que la primera acción realizada por el actual alcalde luego de su forzado posicionamiento en el Consejo Municipal, fue devolver los permisos a la constructora del cementerio de Urkupamba; e incluso, algunos ciudadanos avanzan una denuncia relacionada con intereses económicos del propio alcalde en la compañía constructora. Ambas afirmaciones -no demostradas- fueron negadas por el edil quiteño. La autoridad municipal quiteña argumenta que las intensas lluvias que cayeron sobre Quito la tarde del lunes provocaron una fuerte acumulación de agua que sobrepasó por cuatro veces la capacidad del embalse en la quebrada El Tejado, lo que produjo el aluvión que causó serios daños en los sectores de La Gasca y La Comuna.
Esta realidad habla de un hecho innegable, íntimamente relacionado con deberes y derechos: la responsabilidad que le asiste a quienes deberían garantizar desde los Consejos metropolitanos o provinciales, elementales seguridades ciudadanas, a pesar de las inclemencias climáticas.
La vertiginosa y terrible didáctica aprendida enseguida es que las tragedias suelen ser antónimo de la convivencia y la justicia social. Sin derechos ciudadanos respetados, es muy probable que la tragedia de La Gasca se repita. Las desgracias nunca vienen solas, acompañadas de la irresponsabilidad oficial de alguien que no cumple el deber de garantizar los derechos colectivos de los quiteños.
La didáctica de la tragedia nos enseña, más temprano que tarde, que el desastre de La Gasca en Quito fue un hecho evitable, y depende de la autoridad llamada a precautelar la vida de los habitantes de la capital.
