Una de las promesas mayormente incumplida por el régimen de Lasso es aquella que se relaciona con los impuestos. Para el gobierno el paquetazo tributario anunciado se trata de un mal necesario, para el país es un mal inoportuno en los actuales momentos de crisis económica, la cual se la pretende solventar con recursos de los bolsillos ciudadanos.
La Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal promulgada por fuerza de ley, sin un debido debate parlamentario, impone impuestos a la clase media y a los sectores populares con grave deterioro de sus economías familiares. De igual modo, propina un duro golpe a la pequeña industria, con personería jurídica e individual del país, gravando tributos sobre el patrimonio y la rentabilidad. Como es de dominio público, el proyecto específicamente se plantea acciones tributarias sobre la renta, el patrimonio, utilidades y los activos en el exterior. Además, se elimina el régimen para microempresarios y se definen reducciones de las tarifas de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para varios sectores.
El régimen ha dicho que el alza del Impuesto a la Renta (IR) afectará a los que ganan $ 2.000 al mes en adelante. Pero podría alcanzar a personas con sueldos inferiores porque se contemplan utilidades, bonos y compensaciones que reciban en el año. El impuesto a la renta se convertirá en un calvario para quienes perciban rentas mensuales superiores a los $ 2.000. En el piso, es decir los $ 2.000, estas personas tendrían que pagar un promedio de $ 28 mensuales o $ 336 anuales. Quien ganaba $ 2.000 en el 2021 no pagaba nada, ahora deberá pagar hasta $ 460 dólares anuales en IR.
En la medida que aumentan los ingresos se incrementan los impuestos a la renta. Quien ganaba $ 2.400 al mes hasta el año anterior pagaba $ 23 mensuales, ahora debe pagar $ 1.141 dólares anuales; y para quien está en relación de dependencia, el descuento en impuesto a la renta será de $92 mensuales. Quien ganaba $ 3000 el año anterior pagaba $ 44 mensual, y este año deberá pagar $ 178, 27 al mes. Hasta el año anterior quien ganaba $ 2.000 podía restar el 50% y su base imponible bajaba y tributaba sobre $ 12.000 anuales. Ahora ya no puede deducir el 50% de gastos personales. Solo puede reportar $ 5.000 de gastos que no son deducibles sino para un crédito tributario de 500 dólares en su pago total de impuesto a la renta. La fracción básica es de $ 11.310 y el límite de gastos personales, que se debe tomar en cuenta para calcular la reducción del impuesto a la renta, mediante crédito tributario, será de $ 5.037,55. Este valor corresponde a siete canastas familiares básicas ($ 719,65), según lo establecido en la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal
Quienes generen ingresos anuales superiores a los USD 100.000, deberán pagar una tasa de 37% de Impuesto a la Renta. Para establecer la retención mensual es necesario sumar las remuneraciones de doce meses. No se contemplan la decimotercera y decimocuarta remuneración. Pero sí se deducen los valores del aporte al Seguro Social.
La reforma tributaria impuesta por el gobierno supone otras variaciones. Se grava el patrimonio con una “contribución especial” por un año para las personas que dispongan de un patrimonio de más de USD 1 millón de forma individual y de USD 2 millones, en el caso de sociedades conyugales. Los valores específicos a aportar se definen en una tabla.
Respecto de las utilidades, habrá una “contribución solidaria” de 0,8%, por dos años, para empresas con un patrimonio superior a los USD 5 millones y que en el año 2020 generaron más utilidades que en el año anterior. En este caso, el pago sería de $ 40.000 y, conforme aumenta el patrimonio, se va definiendo la tabla.
Los activos en el exterior también deben tributar. Quienes poseen capitales o inversiones fuera del país deberán declararlas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) para pagar Impuesto a la Renta en el futuro sobre ese dinero o bienes, incluso, si están en paraísos fiscales. Las personas con capitales fuera del país tendrán hasta los meses de marzo, junio y diciembre de cada año para declarar sus activos en el extranjero.
La reforma tributaria además supone la reducción de la tarifa del IVA, del 12% al 8%, para las actividades turísticas durante feriados o fines de semana, con un máximo de 12 días. Y exoneración del pago del IVA a los servicios prestados por cámaras de la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas de hasta $ 1.500 anuales, y a los establecimientos de alojamiento de turistas extranjeros que permanezcan en el país menos de 90 días. Habrá una tarifa 0% de IVA para la compra de vehículos eléctricos e híbridos y paneles solares. De igual modo, se elimina el IVA a toallas sanitarias, implementos de higiene femenina y pañales populares. Se reduce el ICE en cualquier momento, previo a un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas y se exonera del Impuesto a la Herencia a los familiares dentro del primer grado de consanguinidad.
Reacción legislativa
Con el proyecto de Ley de reforma tributaria el Ejecutivo pretende una recaudación proyectada de USD 1.900 millones en los años 2022 y 2023. En tanto, la reacción política en el Legislativo está dividida. Pachakutik y UNES cuestionaron el cálculo de impuesto a la renta vigente con la reforma tributaria, mientras que el proyecto cuenta con aprobación de CREO, independientes e ID. Los nuevos impuestos son permanentes y se mantendrán vigentes hasta que haya otra reforma tributaria que modifique lo que se aprobó con esta ley. En esa línea de acción, el CAL debió calificar hasta el viernes pasado dos proyectos derogatorios de la ley tributaria impuesta por el ministerio de ley.
En caso de ser archivado el proyecto, el presidente Lasso podría vetar la nueva reforma derogatoria y ésta se podría presentar nuevamente en el plazo de un año en un nuevo proyecto parlamentario.
Expertos coinciden en que la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal genera un golpe tributario que va directamente en contra de la clase media, y tendrá un impacto en la economía del 2023 que registraría una desaceleración económica al reducir la compra y el consumo en rubros de vivienda, vehículos, gastos turísticos, entre otros. La reforma tributaria da la razón al régimen: lo ofrecido se cumple. El gobierno siempre buscó incrementar los impuestos mediante un paquetazo tributario a la ciudadanía, como una manera de financiar la crisis y el déficit fiscal que, a la postre, se ha convertido en su carma.