Entre los diversos proyectos de ley pendientes en la Asamblea Nacional el que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo para niñas adolescentes y mujeres en caso de violación, pone a prueba la cultura del país y, en particular, los valores ideológicos de la clase política que dice representar a la ciudadanía. Luego del segundo debate parlamentario, la Asamblea Nacional decidió dejar pendiente para dentro de un plazo de 15 días la sesión presencial en el pleno en la que se analizará el proyecto cuando las bancadas habían dejado en libertad de acción a sus militantes, luego de escuchar a representantes de organizaciones y personas a favor y en contra de la iniciativa legislativa. Esta acción envía una señal inequívoca de que las organizaciones políticas no rigen su praxis por principios, mientras en las afueras del Parlamento organizaciones de mujeres perteneciente a colectivos feministas del país, ataviadas de tambores, banderas, carteles y gritos pedían a los legisladores «la aprobación de una ley justa y reparadora». En el otro extremo, organizaciones autodenominadas «provida» emitían pronunciamientos para rechazar el informe elaborado por la Comisión de Justicia.
El debate parlamentario en torno a la despenalización del aborto en casos de violación ha puesto en el tapete político una discusión ideológica que es asumida con diversas manifestaciones por las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional. Entre los aspectos que generan mayor polémica están aquellos que guardan relación con la temporalidad en la interrupción del embarazo, los requisitos y la objeción de conciencia, entre profesionales de la salud, catedráticos, feministas y militantes provida.
Sin duda, se trata de un debate que pone a prueba una decisión de país en un tema que debe estar liberado de dogmas e ideologías, no obstante que el primer mandatario adelantó su criterio al manifestar su decisión de vetar la ley en caso de pasar aprobada afirmativamente, sobrepasando el dictamen de la Corte Constitucional. En el mes de abril del 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes en caso de violación, y otorgó plazos a la Defensoría del Pueblo y al Legislativo para aprobar una normativa que garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Luego de un año, la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional propuso en su informe que las niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación pueden libre y voluntariamente interrumpir el embarazado hasta 22 semanas de gestación -cInco meses y medio-; en tanto que las mujeres mayores de 18 años pueden hacerlo a las 20 semanas, es decir, cinco meses de gestación. En casos de personas con discapacidad regirá la Guía Práctica Clínica denominada Atención del Aborto Terapéutico.
Si bien la discusión en torno a los plazos de gestación es un tema técnico -establecido, por lo demás, por la Corte Constitucional, el debate es ideológico y refleja la formación axiológica y cultural de los debatientes frente a un tema de salud pública en el que están en juego derechos humanos y el acceso ciudadano al ejercicio de estos derechos que deben ser garantizados por el Legislativo. Las ponencias parlamentarias evidenciaron dos posturas marcadas: unos a favor de que no se establezcan plazos ni requisitos -como la denuncia- para acceder al aborto por violación, y otros que pidieron respetar la vida del feto. Sin duda llama la atención que, tratándose de un tema que tiene que ver con políticas de salud pública, el debate en torno al aborto es abordado por la clase política como un tema de dogma, bajo preceptos religiosos y convicciones que restringen la posibilidad de asumirlo como un asunto de derechos de la sociedad civil.
El debate nacional es torno a esta ley conlleva una serie de resonancias políticas, puesto que en un país mayoritariamente católico tiene implicaciones ideológicas de credibilidad y aceptación ciudadana a tal o cual definición partidista. Por una parte, existe la presión popular de aprobar una ley a favor del aborto “necesaria y urgente”, un derecho para el cual no se puede esperar más, y por otra la creencia de que, si la fe religiosa impide abortar, una mujer está en su pleno derecho de no hacerlo, pero no intente imponer sus creencias a los demás. Frente a un tema de conciencia la ciudadanía se manifiesta en un 69% a favor de que “el aborto en casos de violación sea legal”, y en un 76% no está de acuerdo en que “una mujer vaya a la cárcel en caso de haber abortado”, según encuesta de Cedatos.
Política de Estado
Un hecho innegable es que la legalización del aborto en sus diversas condiciones, es un asunto de salud pública que debe ser tratado y resuelto por una clara política social de parte del Estado. Mal hace el primer mandatario en anteponer sus convicciones religiosas en calidad de presidente de la nación a la cabeza de un Estado laico que ya verificó su separación de la Iglesia a principios del siglo XX, confirmando que es la Constitución de la República y no la Biblia la que rige los destinos de la sociedad ecuatoriana. Como dato pertinente hay que señalar que la Carta Magna de 1897 ya eliminó la referencia al hecho de ser mujer como impedimento para ejercer derechos ciudadanos e instauró el matrimonio civil y el divorcio. Eloy Alfaro, artífice de esas normas del Estado, fue acusado de ateo, asesinado y arrastrado su cadáver por las fuerzas conservadoras que seguían al pie de la letra lo que dictaminaba la Iglesia.
Históricamente, la contradicción entre dogmas y derechos ha sido visto como un tema de conciencia, y no deja de serlo. Frente al cual el miedo, la culpa y un destino fatal se anteponen a una reflexión racional, estigmas conque el catolicismo ha infundido terror social, subsumisión existencial y castigo. No deja de indignar que la Iglesia castigue con impiedad a sus feligreses y que en cambio proteja a curas y monjas pederastas acusados de delitos sexuales en contra de menores. Tampoco esa misma jerarquía eclesiástica ha mostrado una clara condena a los excesos de presbíteros privilegiados por ingentes fortunas acumuladas en beneficio personal o institucional.
El tema del aborto. como hemos dicho. adolece de un equívoco: para la clase política es un asunto de fe, por tanto, es abordado como un tema de dogma personal, desprovisto de una ideología partidista acorde con principios ideológicos y cívicos de alcance colectivo. Y este es un tema clave de la coyuntura en la discusión de la ley que permite y garantiza el aborto para casos de violación (“Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción del Embarazo en Caso de Violación”). Por esta razón no es de extrañar que estas posturas partidistas parlamentarias, choquen con las luchas de movimientos feministas, -entre otras, por el aborto-, influidas por estructuras sociales patriarcales, sexistas y machistas en el sistema político, de instituciones religiosas, discursos oficiales, incluso de organizaciones de izquierda y progresistas, en el contexto de la lucha por los derechos de las mujeres, una de las luchas políticas más importantes y decisivas en tiempos de pandemia. Se trata de una batalla impostergable por la visibilización de género y la reivindicación social y política de la mujer.
En otras palabras, según señala Pablo Dávalos en un análisis periodístico, no se trata solamente de una cuestión jurídica sobre el derecho al aborto en caso de violación sino del cuestionamiento a toda una forma social por la cual se controla el cuerpo y el placer, y no solo de las mujeres, como un mecanismo de dominación política y control social. Es decir, amplía el horizonte de luchas, resistencias y derechos hacia fronteras que antes no tenían registro sino de forma circunstancial. En esta brega los movimientos de mujeres se baten no solo con la derecha política conservadora, la iglesia católica, los medios mercantiles de comunicación, sino además con partidos que, presuntamente, son de izquierda o progresistas como UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática.
Dávalos expresa una lectura correcta cuando dice que UNES vive una paradoja presionado por las luchas feministas: si vota a favor del aborto deja a Rafael Correa -opuesto a los movimientos feministas en ese tema- sin piso en total soledad, con inminente riesgo de quedarse sin el control total de su bloque de asambleístas en el caso que ellos decidan respaldar este proyecto de ley, lo cual no deja de ser un sacrificio político para un partido “jerárquico, centralista y que gira alrededor de la figura del ex presidente Correa”. La abstención frente al tema trae consecuencias políticas a la bancada progresista que sería asimilada con posiciones conservadoras por el feminismo militante que ha demostrado tener la posición más avanzada dentro de la izquierda política del país. Abandonar esa lucha, significaría para las mujeres feministas que militan en UNES un suicidio político, según Dávalos.
En otras bancadas, como Pachakutik, existe un aparente punto de confluencia con el feminismo en sus luchas por derechos ancestrales, “contra la exclusión y la subordinación”. Mientras que, en la socialdemocracia representada en el país sin mayor esfuerzo por la ID, su permanente ambigüedad y su clara connivencia con la agenda neoliberal, las exime de toda evidencia de culpa, por lo mismo que sus posiciones políticas tan contradictorias no llamen la atención, señala el analista.
A la hora de una toma de decisiones frente al tema, las organizaciones partidistas deberán tener en consideración la posición ciudadana favorable al aborto expresada en las encuestas, y la voluntad política del electorado que votó -más de dos tercios- por posiciones de izquierda y progresistas en Ecuador, más aún cuando los partidos progresistas no dieron la talla frente a esta definición popular. Según Dávalos, por el oropel del oportunismo transgredieron la promesa de reescribir la historia de la cual eran portadores, una historia de sacrificios, por la contingencia de sus propios cálculos de sobrevivencia y luchas por el poder y canonjías en el sistema político criollo.
El ausentismo y abstencionismo político de la izquierda y el progresismo en una decidida lucha por el cambio social, abre las puertas al neoliberalismo vigente en el gobierno empresarial de Lasso, frente al cual las movilizaciones feministas y de mujeres progresistas constituyen, a la postre, la más visible y decidida cortapisa. Esa misma exigencia está planteada a la izquierda que, en apariencia, prefiere no debatir estos temas de género, sin embargo, la historia le impele a tomar posiciones frente a asuntos tan trascendentales, no obstante que dejan en libertad de decisión a sus militantes frente a temas fundamentales, dando cuenta que han dejado de ser partidos ideológicos.
Puede que el tema del aborto, más allá de ser un tema de política de salud pública, sea un tema de conciencia; con mayor razón aun no son saludables los vacíos políticos que provocan una grave omisión social frente a decisiones esenciales en la búsqueda de mejores opciones de vida.
