El presidente Guillermo Lasso designó este domingo al general Carlos Fernando Cabrera, como Comandante General de la Policía Nacional en reemplazo de Tannya Varela. La noticia no sorprende puesto que ciudadanos y representantes de varios sectores pedían, desde hace varias semanas, la salida de Varela, esto frente a los últimos hechos delictivos.
“He resuelto agradecer los servicios de la comandante Tannya Varela, una excelente funcionaria”, dijo Lasso. Excelente, pero se va con el mayor récord de crímenes cometidos por la delincuencia fuera de control en menos de un mes. La Policía Nacional reportó hasta el 20 de enero del 2022, 180 asesinatos, mientras que en el mismo periodo el año pasado el número de víctimas fue de 75.
Recientemente, Varela emitió declaraciones cuestionadas por algunos analistas. La funcionaria policial afirmó que la norma vigente les pide notificar a los delincuentes del proceso de investigación. «Le estoy notificando que le voy a investigar por el asesinato que cometió. Entonces debemos esperar a que cometa otro delito para vincularle con el asesinato», dijo. De igual modo sostuvo que “hay más de 65 sicarios que han cometido delitos y estamos esperando que cometan otro delito para notificarlos”, añadió.
La separación de Tannya Varela del cargo de Comandante de la Policía, pone fin a una decisión equívoca asumida por el ex presidente Lenin Moreno quien nombró a la funcionaria policial como quien resuelve un problema de igualdad de género. El cambio de funcionario policial demostró ser insuficiente para resolver los graves problemas pendientes de seguridad ciudadana.
El nuevo comandante policial, general Carlos Fernando Cabrera se ha desempeñado como instructor y docente en la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional, Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales y Escuelas de Formación de Policías, durante varios años. Se desempeño como jefe de los Departamentos de Criminalística de Azuay, Guayas y Pichincha; jefe de la Policía Judicial del Guayas (2008-2010); jefe Antinarcóticos del Guayas (2010-2011); jefe de Asuntos Internos de la Inspectoría General (2010-2012).
Adicionalmente, el presidente Lasso dispuso que el viceministro del Interior, Max Campos, se traslade a la ciudad de Guayaquil, específicamente al Cuartel Modelo, como centro de operaciones y “esté presente frente a hechos delincuenciales y tener una respuesta lo más rápida posible”. Dispuso además que las Fuerzas Armadas deberán robustecer los sistemas de control y trazabilidad sobre la producción de municiones y armas utilizadas en actos delincuenciales. Y destinó 9 millones de dólares del Presupuesto General del Estado para equipamiento de la Policía, autos, motos y otros equipos para sus operaciones en Guayaquil.
También Guillermo Lasso informó que el próximo martes presentará en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para regular el uso de la fuerza y reformar varios cuerpos legales, cuya finalidad sería fortalecer la seguridad. “El objetivo es autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares, también reformará la Ley de Seguridad Pública y del Estado para mejorar la cooperación entre la Policía y Fuerzas Armadas, sin esperar estados de excepción, sino en tiempo regular”, señaló.
Problema estructural
Diversos analistas coinciden en que el problema de seguridad no se soluciona con el cambio de funcionarios policiales. No obstante, la percepción ciudadana cree que el asunto es cuantitativo y no cualitativo como afirman los analistas. Se considera, equívocamente, que con más efectivos se garantiza la seguridad ciudadana, pero los resultados de criminalidad indican que no es suficiente. El tema policial ha sido constantemente tratado en base a lógicas populistas o clientelares que generan un impacto profundo en la opinión pública. Por ende, la ciudadanía tiende a ver como única salida al problema de la inseguridad el aumento del gasto y del número de efectivos policiales. La pregunta sería ¿Cuántos policías y dinero más hará falta para acabar con la delincuencia?
La situación policial es identificada por los especialistas como un tema que requiere soluciones estructurales en el país. Un estudio de Flacso realizado por los expertos, Olaya Hanashiro y Daniel Pontón, estableció en su momento que en America Latina la policía constituye un actor clave para el tratamiento de la seguridad ciudadana, puesto que el continente es la región que presenta mayores tasas de violencia a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La situación regional se refleja en Ecuador, país en el que una reforma del aparato policial implica reformas orgánicas en el campo jurídico-administrativo del Estado. Las reformas suponen cambios de la institución policial en su relación con la comunidad, nuevas formas de relación y mecanismos de intervención o metodologías operativas más acordes a los nuevos enfoques de la seguridad pública, como la seguridad democrática, humana y ciudadana. Sin embargo, desde la sociedad civil surgen voces contrarias que miran con recelo la iniciativa de cooperación entre la comunidad y la policía, pues al ser el Estado el principal responsable de la seguridad y como ente que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, a través de organismos especializados en la materia -Policía y FFAA-, toda intromisión de la comunidad es visto como “atentatorio contra la seguridad pública”.
Un reglamento de Disciplina de la Policía Nacional define a la institución como “un sistema jerárquico disciplinario”. La jerarquía es piramidal y supone diferencias entre los efectivos de base y los mandos oficiales. Los títulos jerárquicos de los oficiales, así como los valores que organizan y definen el rol de la institución son de carácter militar. Este código de disciplina subordina a los miembros de la institución a reglamentos que niegan derechos reconocidos a los funcionarios públicos civiles como el derecho a la sindicalización, reivindicaciones laborales y cambios en su sistema de seguridad social.
La institución policial bajo un sistema militarizado no presenta rendición de cuentas de la institución, puesto que no se siente obligada por “un sistema transparente y eficaz de rendición de cuentas a la ley, a las instituciones democráticas o a los ciudadanos”. La institución se rige por un sistema discreto que la aísla de la sociedad, se trata de un régimen de “seguridad interna” que asume diversas situaciones institucionales como temas reservados.
Doctrina policial
Doctrinariamente, la Policía Nacional se suscribe a principios de seguridad nacional muchas veces reñidos con los fundamentos de derechos humanos. El respeto a estos derechos solo fue incorporado en la década de los años noventa a la formación policial. Sin embargo, faltan medidas concretas que apoyen una visión de la policía como protectora de las personas y sus derechos. La introducción de cursos sobre derechos humanos en las mallas curriculares ha constituido un cambio importante, no obstante, es incapaz de producir cambios en la acción policial dado que éstos siguen representando ideas y valores extraños a una doctrina institucional que permanece inamovible, según establecen los analistas en su estudio.
Constitucionalmente, existe una definición muy general de las funciones de la policía. La policía es definida como una fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía nacional. Esto ha repercutido en su accionar, al punto que, en términos generales la Doctrina de Seguridad Nacional, basada en el combate a un enemigo interno, sigue orientando la forma de operar de la policía nacional. Sin embargo, el enemigo o amenaza pública que anteriormente tomaba nombre, cara y apellido en los grupos subversivos y adversarios políticos, es desplazado actualmente por la violencia y la delincuencia cotidiana, sicariato, homicidios, delitos contra la propiedad y las personas, narcotráfico, entre otras.
El estudio de Flacso establece una realidad preocupante: El proceso de democratización en Ecuador no ha sido capaz de producir una política de seguridad pública y ciudadana que favorezca la prevención del delito en lugar de la represión. Una política coherente con preceptos democráticos de representatividad de la comunidad, de sensibilidad frente a las demandas y necesidades públicas, que permita la continua rendición de cuentas por parte de la comunidad y otras instituciones. Es decir, no ha sido capaz de promover una profunda reforma de la institución policial.
En la práctica, la doctrina de seguridad imperante se traduce y contribuye a la confusión entre defensa y seguridad, en otras palabras, entre las funciones de las Fuerza Armadas y de la policía, permitiendo la continua militarización de la policía y la policialización de las Fuerzas Armadas. Roles que se han visto acentuados frente a la violencia carcelaria en los últimos meses.
El carácter militar de la policía también se refleja en la logística de la organización: centralización organizacional y funcional de la institución. La policía está asentada en el territorio nacional en grandes cuarteles en una lógica coherente a la de protección del Estado y del orden público, sobre todo en un país con frecuentes manifestaciones públicas y políticamente muy inestable. En términos de logística y estrategia de acción, esa centralización no favorece a las acciones preventivas o no está en concordancia con las necesidades y demandas específicas de los diferentes sectores de la comunidad a los cuales deben servir. En la realidad, diversos puestos de policial barrial no funcionan para las funciones que fueron creadas, o no tienen la dotación de personal y recursos necesarios.
La realidad policial es una demostración de que las respuestas policiales al incremento de la violencia y la delincuencia no han sido eficaces ya que no responden al objetivo de la prevención del delito. La policía parece responder más bien por medio de ciertas adaptaciones o modificaciones que obedecen a factores coyunturales, más que a condiciones estructurales. La policía subsumida a la garantía del orden púbico, en pretexto de la seguridad estatal, reproduce el modelo represivo de la Seguridad Nacional que se traduce en aumento del número de efectivos policiales e incremento de recursos sin contar con la debida evaluación y rendición de cuentas externas acordes a los parámetros de provisión de un bien público y sin obedecer a los criterios de costo beneficio.
El estudio de Flacso concluye en que un control democrático de la policía que conlleve a la promoción de una política de seguridad que respete los derechos y responda a las necesidades de la sociedad, debe ser efectuado a través de la combinación de múltiples mecanismos de control interno y externo.
Se señala textualmente: “A nivel interno se hace necesaria la creación de un código de conducta de los funcionarios/as responsables de la aplicación de la ley que incorpore la legislación internacional existente, auditorías internas, la promoción de una cultura institucional democrática, entre otras. El control externo empieza por una adecuada legislación y el establecimiento de mecanismos eficientes de reclamos civiles y órganos de investigación independientes. Es fundamental la existencia de una Defensoría del Pueblo funcionando plenamente y cumpliendo sus atribuciones, pues constituye un mecanismo esencial para el control de la corrupción y del abuso de poder por parte de miembros de la institución. También es imprescindible el establecimiento de una comisión sobre seguridad pública y ciudadana en Asamblea Nacional que reciba periódicamente informes sobre la institución policial conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos. Asimismo, cumplen un papel importante en el monitoreo de la institución policial las organizaciones no-gubernamentales y las diferentes organizaciones de la sociedad civil que abordan temas de transparencia, gobernabilidad, corrupción y derechos humanos. La incorporación de la legislación regional e internacional existente referente a los derechos humanos y a la conducta de los funcionarios/as responsables por la aplicación de la ley también refuerza el marco jurídico del país y contribuyen a una cultura democrática y de respeto a los derechos.
En este marco, el estudio genera diversas recomendaciones: (1) la desmilitarización de la policía;(2) su despartidarización; (3) la creación de mecanismos de rendición de cuentas y; (4) el establecimiento de una política de seguridad pública y ciudadana por parte del Estado. La responsabilidad del Estado para el diseño de una política integral de seguridad pública y ciudadana no puede ser delegada a la institución policial de forma exclusiva. Para la formulación de una política de seguridad democrática sensible a las necesidades de la población es fundamental la participación de los varios actores involucrados: Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Asamblea Nacional, gobiernos locales, representantes de la comunidad, ONGs y diferentes sectores de la sociedad civil, etc. Sin embargo, es necesario aclarar y definir el papel y responsabilidad de cada uno de esos actores. En el caso de la institución policial, ésta debe ser entendida principalmente como un instrumento de la política de seguridad.
