Frente a hechos de corrupción que tienen lugar en nuestro país, los Estados Unidos se yerguen como garante moral arrogándose la facultad de catalogar a quienes son corruptos de los que no lo son, y calificarlos como acreedores o no a visas de no inmigrantes para visitar su país. Sería ingénuo caer en la trampa de creer que los Estados Unidos son el paladín de la ética y la justicia mundial. País que, históricamente, ha resuelto sus diferencias políticas y económicas, internas o externas, con la violencia de magnicidios asesinando a sus presidentes o invadiendo a pueblos con guerras imperialistas. No es pues, precisamemnte, el gobierno norteamericano el más indicado para ver la paja en el ojo ajeno, lo cual no quiere decir que esa paja no exista.
Tampoco la ingenuidad puede ser tal, al extremo de confiar en la autodepuración de nuestras instituciones. No pidamos peras al olmo, no habrá tal saneamiento en la función judicial; no se puede pedir a los jueces que reconozcan aquello que la Embajada gringa no está dispuesta a revelar acerca de la corrupción judicial criolla. Jueces de acciones escandalosas y públicamente conocidas en dictámenes a favor de narcotraficantes, o en contra de enemigos políticos. Sería interesante, pero iluso a la vez, que la Embajada revele los nombres de jueces, funcionarios judiciales y narcogenerales que actúan desde la impunidad en asociación delincuencial ilícita o corrupta. Y sería más iluso aun, que jueces y generales de la República involucrados en actividades ilegales, tuvieran gestos de transparencia evidenciando patrimonios y fortunas – que si las tienen -, y que para sus superiores no es desconocido que poseen propiedades inmuebles, haciendas, vehículos de alta gama, entre otros bienes difícil de adquirir por quienes viven de un sueldo de funcionario público. Como también resulta difícil ocultar 250 jueces que han ayudado a delincuentes declarándoles inocentes, frente a lo cual miembros del poder judicial prefieren rasgarse las vestiduras y no sanear la institución a la que pertenecen magistrados y generales. Sin embargo, más importante que los nombres, resulta conocer por qué razón concreta se les denegó las visas.
La declaración de la Embajada es clara y la noticia de la revocatoria de visas a narco generales y jueces es un hecho confirmado en Comunicado oficial de la sede diplomática norteamericana, en la que se dice que a jueces corruptos de la Función Judicial se les ha revocado la visa por no calificar para dicho documento.
Reacción oficial
Ante estos hechos, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se dedicó a informar que la Embajada no dará ningún detalle adicional acerca de la identidad de los revocados las visas. Ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, Vela y la comandante policial, Tannya Varela, insistieron en la “probidad de los generales de la institución”, quienes están bajo investigación voluntaria. Y no descartaron la posibilidad de que los EE. UU esté dispuesto a entregar la lista de funcionarios que perdieron la visa a través de “un mecanismo de cooperación penal internacional”. Esto podría ocurrir ante la evidencia de que el embajador Michael Fitzpatrick reveló la preocupación norteamericana por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden, a través de la corrupción de ‘narcogenerales’ y de “jueces, abogados, funcionarios públicos o privados”. La condición para que esto ocurra es que exista una denuncia penal con la consecuente investigación fiscal, pero no existe pronunciamiento oficial al respecto. Tampoco el Gobierno ha insistido en la oferta de campaña de recurrir a la colaboración de la ONU para la acción de una comisión internacional anticorrupción en el país; contrariamente, el régimen ha preferido recurrir a instancias locales que, obviamente, resultan ser juez y parte frente al tema.
En la Declaración de la sede diplomática norteamericana se agrega que la Embajada de los Estados Unidos “toma seriamente el tema de la corrupción”. Un hecho delictivo que “amenaza la estabilidad de los países y seguridad de la ciudadanía. Impide el desarrollo económico, acaba los derechos y destruye la confianza ciudadana en las instituciones”. Según el documento, “en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado igualmente involucrado”.
En tanto, crece el clamor popular por ver si, como señala el presidente Biden, “Estados Unidos está tomando medidas concretas para contrarrestar la corrupción y el crimen organizado, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero”. Si verdaderamente es así, el gobierno norteamericano debe entregar a nuestro país a los corruptos y delincuentes criollos que se refugiaron en su territorio, tal es el caso de Yamil Mahuad, hermanos Isaías, Lenin Moreno, María Paula Romo, investigados por casos de corrupción entre otros que gozan de amparo político o impunidad judicial en los Estados Unidos.
También preocupa que la información obtenida por los norteamericanos en Ecuador responda a una flagrante afectación de nuestra soberanía, puesto que evidencia que organismos de inteligencia estadounidense operan en territorio ecuatoriano, con o sin colaboración de ciudadanos nacionales, obteniendo información de cada juez o funcionario judicial de la República. El Comunicado de la Embajada señala que “el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene amplia autoridad para denegar o revocar las visas basándose en la información de que el titular ya no es admisible en los EE.UU. La visa “es un privilegio y no un derecho”, otorgada por decisión soberana de los Estados Unidos, agrega la declaración. Frente a un tema que no concluye ahí, Ecuador debe iniciar acciones tendientes a depurar sus instituciones judiciales, militares y policiales ante la alarma norteamericana. Simultáneamente, debe precisar competencias de la sede diplomática estadounidense en nuestro territorio a fin de evitar injerencias atentatorias a la soberanía nacional. Acciones que también están relacionadas con la lucha anticorrupción que Ecuador debe librar con apoyo de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU), y no con participación de un solo gobierno extranjero en particular que tiene intereses especificos, puesto que la corrupción es un fenómeno que, como pandemia, impacta a toda la comunidad internacional.
