El país se pregunta: ¿estamos avanzando por el camino correcto con la implementación de medidas oficiales tendientes hacia una reactivación económica? De no ser así, ¿existe posibilidad de corregir el rumbo y quiénes son los llamados a hacerlo?
Una primera impresión es que los convocados a dar una respuesta, son los sectores políticos más dinámicos que, de algún modo, protagonizan la agenda nacional, a saber, los trabajadores sindicalizados, los indígenas en sus organizaciones y aquellos sectores políticos que dicen representar los intereses nacionales. Actores que se mueven en un contexto que podríamos caracterizar como el regreso a una segunda época plutocrática en Ecuador, (similar a la vivida en el primer cuarto de siglo pasado), según la versión histórica de Juan Paz y Miño. Tiempo en el que no existía un Estado regulador, no había normas laborales, no había seguridad social, ni existían los impuestos directos. Voceros del propio empresariado manifiestan que «el reto es reactivar la economía, pero no hay una política pública en ese sentido, y se debe recuperar la institucionalidad del país”.
Sentimiento popular
La ciudadanía, con habitual subjetivismo, manifiesta su estado anímico. En medio de una pandemia que no termina, la población se muestra parcialmente optimista, pues la mitad de los consultados piensa que el 2022 será un mejor año, mientras que 7 de cada 10 ecuatorianos afirma sentirse feliz, conforme una encuesta de Cedatos.
El optimismo popular contrasta con la construcción -desde hace cinco años- de un modelo empresarial por un tipo de empresarios que no es precisamente el más progresista, ni el más avanzado; sin embargo, cuando se le pregunta al ciudadano cómo cree que será el año que se inicia, un 50% responde que será mejor que el año pasado, un 17% considera que será un año peor y 28% que será igual al anterior, solo el 36% tiene esperanza de que la economía sea próspera.
Seguramente en esa percepción están confundidos deseos con realidades, puesto que en la actualidad en solo un lustro se ha desmontado un proyecto de construcción económica y social y se ha frenado la posibilidad de retomar el camino de reconstrucción de una economía popular. En Ecuador se desmontan derechos humanos, laborales, sociales con el propósito de que las rentas empresariales mejoren, privilegiando a los predilectos de siempre, modelo que ha sido impuesto sobre la base de un autoritarismo vigente en el país.
En este escenario, es obvio que los actores más golpeados resultan ser los trabajadores y los indígenas, que son quienes tienen capacidad de movilización y de hacer fuerza para tratar de conquistar demandas sensibles de la población. Sin descartar que en el seno de sus organizaciones prevalecen oportunismos y una gama de individualidades que perfilan acciones en función de intereses particulares y no en el fortalecimiento de la organización. Prueba de ello es el sectarismo existente entre varias organizaciones sindicales y un Parlamento Laboral, que se disputan la representatividad de los trabajadores en detrimento de la unidad. Estos movimientos al estar debilitados, muestran una opción poco viable de que puedan representar ampliamente al conjunto de la sociedad ecuatoriana, conjunto que aspira a que el modelo económico imperante sirva para beneficiar sus condiciones de vida y de trabajo.
Las organizaciones sociales mencionadas, además, a la hora de enfrentar la lucha por sus derechos, privilegian el enfrentamiento con el correísmo sin ver con claridad el enemigo que está atrás. Ejemplo de aquello son la extrema izquierda, la izquierda socialdemócrata ambigua y vacilante, o el propio socialismo militante orgánico, con sus divisorias y tendencias internas dispersas que, en un caso votan con la derecha y, en otros, con la ultraizquierda. En tanto, el progresismo pierde también iniciativa y liderazgo político ante la dispersión de las fuerzas reformistas. Esta conducta partidocrática se expresa en el Legislativo en la acción y conducción de una Asamblea Nacional que deja mucho que desear respecto a los derechos laborales y a una legislación tendiente al fortalecimiento de una economía social y solidaria.
La pregunta pertinente es: ¿hacia dónde vamos?
En definitiva, en la ciudadanía prevalece la sensación de que no estamos avanzando por el camino correcto con medidas oficiales tendientes hacia una reactivación económica, y que no existen posibilidades de corregir el rumbo. Una vez más el pueblo enfrenta sus sueños a la realidad, y aúpa esperanzas entre la espada y la pared.
