Nada peor que las preguntas sin respuesta, cuando se trata de derechos humanos. A 34 años de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, la familia de los menores no ha obtenido respuesta satisfactoria de ningún gobierno acerca del paradero de sus hijos.
El 8 de enero de 1988, los hermanos salieron de su casa ubicada en Miravalle en un Jeep Trooper, de placas PHD-355 hacia las calles Río Coca y Av. De los Shyris, para recoger a un amigo suyo para llevarlo al Aeropuerto, pero nunca llegaron a su destino. Ese día se llevaba a cabo un operativo policial en Tumbaco, por lo que presumiblemente fueron detenidos en ese momento, lo cual es mencionado en las declaraciones del exagente del SIC-10, Hugo España Torres, quien señaló que esa mañana los menores fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por la Policía Nacional y puestos a órdenes del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha. Según su declaración, el mismo testigo manifestó que los menores fueron torturados durante varios días por miembros del SIC-10. En las declaraciones que Hugo España publicó en su libro, El Testigo, se dice que el hermano mayor Carlos Santiago Restrepo A., falleció a causa de las torturas de las cuales fue víctima. Según las declaraciones del libro, el hermano menor, Pedro Andrés, fue asesinado días más tarde para eliminar al único testigo del crimen.
Mantener viva la memoria de Carlos Santiago y Pedro Andrés es cuestión de humanismo. El drama de la familia Restrepo Arismendi valga para que nos sea prohibido olvidar que vivimos en un sistema intrínsicamente injusto y políticamente represor. Valga para saludar la dignísima e incansable consecuencia de una familia en busca de la verdad. Una verdad que, una sociedad ecuatoriana vergonzante, no asume en toda su real magnitud. Valga para emular la valentía de un hombre y una mujer, Pedro Restrepo y Luz María Arismendi, que jamás claudicaron reclamando justicia para sus hijos desaparecidos en manos de la policía nacional. Valga para que un día los miembros policiales tomen consciencia de que la doctrina de la seguridad nacional en sus manos se ha convertido, tantas veces, en la doctrina de la inseguridad popular. Valga para que, entre policías el uso progresivo de la cordura, predomine sobre el uso bruto de la fuerza. Valga para que los miembros de esa policía sepan reconocer e inhibir a tiempo su filosofía congénita de la represión y cumplan su rol de protectores de la sociedad.
Carlos Santiago y Pedro Andrés, dos víctimas inocentes de un régimen represivo, incapaz de concebir políticas de respeto a los derechos humanos, un gobierno socialcristiano que perdió el control sobre sus aparatos policiales represivos y bajo una ignominiosa complicidad, justificó y encubrió frente a lo que todas las evidencias confirmaron fue un crimen de Estado. La proterva acción de un Estado culpable que, luego del crimen, urdió la vergonzosa trama de la impunidad. A través del tiempo, durante 34 años, todo un país con el corazón en una justicia exigida y negada por décadas, invoca la responsabilidad de un Estado que consumó un crimen de Lesa humanidad en la humanidad de dos niños inocentes.
Honrar su memoria valga para que un sistema político reivindique los principios de respeto y defensa de los derechos humanos y justicia social. Valga para que una sociedad civil se fortalezca en su cultura cívica y vocación democrática. Honrar la memoria de Carlos Santiago y Pedro Andrés es un deber moral de todo demócrata y todo ser humano comprometido con la vida.
