El gobierno de Guillermo Lasso tiene varios monigotes que quemar este fin de año. Entre los más notables están los frentes que el régimen deja abiertos al finalizar un año frustrante, de múltiples desencuentros y diversas demandas populares.
Un gobierno que llegó al poder a fines del primer semestre tardó sólo el semestre siguiente en descomponer la imagen de triunfo y ver disminuido el apoyo popular obtenido en las urnas en abril del 2020. El Gobierno llegó al poder auspiciado por grupos financieros y bancarios, coludidos con sectores agroexportadores, industriales y comerciales agrupados en las cámaras y, al poco andar, planteó como agenda propia el recetario del FMI: reformas tributarias, laborales y nuevas reglas de inversión, respondiendo a las estrategias de endeudamiento exterior, a cuenta de recibir préstamos con que financiar el gasto público burocrático y el déficit fiscal. Entre otras medidas el fondo monetario exigió recaudar impuestos, reducir el tamaño del Estado y disminuir presupuestos de servicios básicos como educación, salud, vivienda y cultura. Al cabo de siete meses de gestión, y al finalizar el año, el país no sale de la crisis sanitaria, no se reactiva económicamente; no se produce un consenso político de gobernabilidad y no supera la descomposición social que le aqueja.
Las medidas fondomonetaristas, implementadas bajo el supuesto de reactivar la economía de una crisis endémica, volver más competitivo al país y crear empleo formal, condujeron al gobierno a la proliferación de frentes opositores. El gobierno termina con diversos conflictos abiertos durante el ejercicio anual: trabajadores opuestos a reformas laborales que conculcan derechos, indígenas que rechazan el alza de los combustibles y exigen demandas étnicas, empresarios que se oponen a reformas tributarias que aumentan impuestos al sector y al alza salarial básica que afecta sus intereses.
El desencuentro con diversos sectores ciudadanos es evidente, incluido sectores etarios juveniles en demanda por oportunidades de trabajo y estudio, grupos feministas que reclaman demandas de género, minorías sexuales y otros estamentos profesionales de la sociedad (magisterio, comerciantes, médicos, transportistas, etc.), con problemáticas específicas no resueltas. Según observadores, el gobierno exhibe fracasos evidentes: alianzas electorales rotas a pocos días de instalado el régimen, imposibilidad de lograr gobernabilidad en el seno del parlamento, incapacidad de brindar seguridad ciudadana al país en un contexto de violencia delictiva (carcelaria y callejera) fuera de control, sin precedentes en el país.
Las fiestas de fin de año pusieron un paréntesis al conflicto político social que, según han manifestado sectores de oposición, se reactivarían a partir del mes de enero movilizaciones ciudadanas en protesta social por las demandas populares no atendidas. No obstante, el régimen concluye el año con dos logros estratégicos: imposición por fuerza de ley de las reformas tributarias con el texto originalmente planteado por el Ejecutivo, y archivo del caso pandora papers, hecho que exime al presidente de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional por sus inversiones empresariales en paraísos fiscales. A sus logros habrá que añadir opiniones de representantes de las cámaras productivas que consideran que “la reactivación económica esta en marcha” y, por tanto, ven “con optimismo el año que viene”. Esto a condición de no gravar más impuestos a un sector industrial que representa el 12% del PIB, y de ese modo conseguir que el crecimiento económico se concrete en el 3,3%, según manifiestan analistas. El sector empresarial considera indispensable establecer acuerdos con prestamistas internacionales, consecuentes con su visión fiscalista, a fin de consolidar los factores que hacen posible la mentada recuperación económica, a saber, un efecto rebote de la economía, planes de vacunación, trabajo conjunto de los sectores públicos y privados, espíritu emprendedor; todas razones que permiten ser optimistas, según el sector industrial que propugna un equilibrio entre los intereses laborales y patronales. En esa línea de acción sugieren “superar las normas del pasado”, en referencia a reglas laborales que deben «ser técnicas y basadas en reformas y estímulos a las inversiones en rubros agroindustriales y alimenticios». Los industriales consideran prioritaria la reducción de impuestos -a la salida de capitales y otros- y se pronuncian contra el alza salarial y reformas tributarias, mientras estiman insuficiente obtener incentivos, prefieren eliminar lo que llaman los “desincentivos”. Esa sería la dirección correcta del régimen para obtener estabilidad, mediante una agenda de competitividad que transparente las normas tributarias, laborales y comerciales. Una dirección que conduzca a “acuerdos elementales” para alinearnos en torno a una causa común: el empleo, actuando con pragmatismo y dejar de lado “los debates ideológicos estériles”.
En cambio, el movimiento ciudadano y popular piensa diferente, aunque sin espacios de expresión legislativa influyentes que proporcionen certeza y representatividad a sus intereses, continuará siendo un factor determinante en los escenarios políticos de los próximos meses, sobre todo en aquellos contextos informales de protesta social que podrían perfilarse en las calles, sitios de trabajo y estudio, entre otros.
Este fin de año en Carondelet se quemarán diversos y contradictorios monigotes. El año 2022 se muestra incierto con una pandemia que amenaza con recrudecer y conflictos sociales que agudizan sus contradicciones, frente a un régimen sin liderazgo político, con descendiente apoyo a su gestión y pérdida de credibilidad en la opinión popular.
