La política tiene actores que en su dinámica consuetudinaria adquieren mayor o menor protagonismo en el escenario de la contienda por la influencia y control sobre las consciencias ciudadanas. Tres de dichos protagonistas -Gobierno, Legislativo y movimiento indígena- disputan la confianza y aceptación del pueblo, según una encuesta de la consultora Clima Social. En sondeo realizado a 1.670 personas entre hombres y mujeres mayores de 16 años, la investigación realizada a nivel nacional cuenta con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error de +/- 2,4%. Al cabo de siete meses de gobierno, 6 de cada 10 ecuatorianos califican como “mala y muy mala” la gestión del presidente Guillermo Lasso cuyos niveles de aceptación desciende “notablemente en los últimos meses”, registrando de septiembre a diciembre una caída del 26% en la aceptación popular.
En el ámbito legislativo, solo 3 de cada 10 ecuatorianos “está de acuerdo” con el trabajo que realiza Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, deterioro de imagen que confirma que no existen diferencias en la evaluación que el pueblo hacía del legislativo anterior que llegó a tener un 4 % de aceptación ciudadana. En el sector social, el 67% “confía poco o nada” en el movimiento indígena, y solo un 22% de encuestados “confía mucho” en este sector político y organizaciones como la Conaie.
Los protagonistas en acción
Cabe destacar que la dinámica existente en la interacción de estas tres instancias protagónicas de la política criolla, conforma el panorama local con resultados que marcan la tónica del acontecer nacional. En tanto, la ciudadanía concurre como espectadora pudiendo hacer poco o nada en la toma de decisiones que se adoptan en las esferas del poder, evidenciando el desencuentro de los mandantes con los mandatarios y, al mismo tiempo, dejando al descubierto el grado de representatividad ciudadana por parte de los sectores sociales y étnicos.
Sin embargo, al término de un año políticamente conflictivo, económicamente crítico y socialmente deprimente, el gobierno exhibe algunos logros estratégicos, fruto de que el presidente Lasso ha tomado decisiones complementarias y coordinadas entre sí. En las últimas horas el presidente anunció la reducción del impuesto a la salida de capitales en un 1%. (de 5% a 4%), medida favorable a empresarios que, evadiendo impuestos en Ecuador, sacan su dinero del país con destino a paraísos fiscales donde está protegido por sigilos bancarios y otras instancias legales. La reducción impositiva le priva al régimen de recibir 200 millones de dólares que serían compensados con préstamos internacionales. La medida, como es natural, contó con el inmediato apoyo del Comité Empresarial como había previsto el gobierno para compensar el descontento del sector ante el alza salarial de 25 dólares al sueldo básico y las reformas tributarias, impuestas por ministerio de ley, sin considerar las observaciones que manifestaron los sectores empresariales agrupados en las cámaras productivas.
El gobierno con estos resultados, al tiempo que intenta a fin del año una recomposición de las fuerzas leales al régimen, envía una advertencia al sector indígena, calificando al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, de “anarquista” amenazándo con reprimirlo “con todo el poder del Estado”, al extremo de terminar “con sus huesos en la cárcel”. La actuación del dirigente indígena recibe, simultáneamente, de la dirigente de Pachakutik (PK), Guadalupe Llori, calificativos de “errada, absurda, ilegal e ilegítima”, y que Iza es “autoritario y capricho porque utiliza a la Conaie de manera irresponsable”, debido al llamado que el presidente de esa organización realizó a 14 legisladores de PK a comparecer ante la justicia indígena y rendir cuentas por sus últimas decisiones adoptadas en la Asamblea Nacional.
Un panorama, sin duda, favorable al presidente Lasso que, ensaya definiciones y se comienza a inclinar hacia sectores que realmente quiere representar y representa. Ante el rotundo desencuentro con sus ex aliados que lo eligieron -socialcristianos, empresarios, sectores medios-, ahora busca recuperar terreno entre los que deben ser sus aliados naturales: el sector banquero, grupos económicos, inversionistas y asambleístas obsecuentes. Con estas decisiones intenta reagrupar fuerzas leales al régimen, ante la eventualidad de tener que enfrentar con la fuerza -represión y cárcel- las protestas sociales anunciadas a partir de enero motivadas por el creciente descontento y desencuentro popular y ciudadano.
Logros presidenciales
Al final del día, pese a las aparentes contradicciones que impiden gobernabilidad al Ejecutivo en el Legislativo, el régimen termina el año con dos logros estratégicos a su favor: la promulgación de la ley tributaria -que tiene resistencia en sectores medios de la sociedad-, no obstante, favorable al sector bancario al que exime de determinados controles; y el archivo del caso pandora papers que libera al presidente de rendir cuentas por sus inversiones en empresas localizadas en países considerados paraísos fiscales. Alcances logrados gracias a un supuesto y confuso acuerdo con sectores oponentes del correísmo, fracción de PK e independientes.
Aupado por estos logros, el presidente Lasso se permite advertir al sector indígena, acusar de anarquista a su máximo dirigente y amenazarlo con cárcel. El dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, quien, eventualmente, lideraría una nueva protesta popular a partir del mes de enero, respondió al mandatario: “Si me pasa algo, el único responsable es el presidente de la República”.
El gobierno, como una forma de poner el parche antes de la herida, incrementa el salario básico en 25 dólares, medida dirigida a los trabajadores sindicalizados en un intento de neutralizar su eventual apoyo a las manifestaciones anunciadas por la Conaie para el próximo año.
De este modo el régimen cierra el año de gobierno, enfrentando múltiples frentes que abrió su gestión en siete meses: con los indígenas por el tema de los combustibles y otras demandas étnicas (minería, agua, interculturalidad, etc.) aún pendientes de respuesta oficial; con los trabajadores, por las reformas laborales en carpeta y por un alza salarial que consideran insuficiente; con los empresarios, por la ley tributaria y el alza salarial que, sostienen, afecta sus intereses inmediatos. En la práctica, está pendiente de ver cómo reaccionarán los sectores empresariales, sociales, laborales, e indígenas ante un gobierno que comienza a ensayar genuinas definiciones al margen de sus eslóganes de campaña -gobierno del encuentro, país con más mundo, etc.- y que adopta su verdadero derrotero marcado por el FMI y los sectores bancarios que lo sustentan.
El régimen se prepara para iniciar un año complejo, frente al que eventualmente proyecta convertirse de gobierno impopular en gobierno antipopular, represivo y excluyente de amplios sectores populares y ciudadanos, escenario que se advierte desde la evaluación política del año que termina. No obstante, el Gobierno de Guillermo Lasso espera que el 2022 sea un año “bueno”, de reactivación económica y de crecimiento. Según su vocero oficial “de acuerdo a las previsiones y tal como están funcionando las cosas en este momento, debemos esperar que el próximo año sea bueno, que sea un año de reactivación económica, que sea un año de crecimiento de empleo, de crecimiento de inversiones”. La visión de un año “bueno” no es compartida por varias organizaciones sociales y sindicales que, en enero, se reunirán para definir posibles medidas de hecho en contra de las políticas del Gobierno en el ámbito económico y social. Los ecuatorianos, en tanto, continúan en espera de una urgente solución a sus problemas y necesiades básicas en un escenario de desencuentro del pueblo con el gobierno.
