Según un estudio de expertos coordinadores de Relaciones Internacionales de la USFQ, el narcotráfico es una de las nuevas amenazas no convencionales que han proliferado después de la Guerra Fría. Las acciones narcotraficantes involucran a actores no estatales, tienen carácter transnacional y provocan respuestas, más allá de la disuasión militar frente a estados hostiles. El narcotráfico no solo pone en riesgo integridad física de personas, el orden público, el monopolio estatal del uso de la fuerza, sino la democracia, las instituciones, la confianza entre los agentes económicos e incluso el medioambiente, según el informe.
Este diagnóstico está en la línea de visión del portal InsightCrime respecto a Ecuador, que define a nuestro país como una “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa”, puesto que más de un tercio de la producción de droga de Colombia llega a Ecuador y desde las costas ecuatorianas se embarca vía marítima rumbo a los EE. UU y Europa. Consecuentemente, Washington incluyó recientemente a Ecuador en su “lista de países con mayor tráfico o producción de drogas”. Según expertos, el país además de ser «de tránsito» de la droga, es uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye, y da un salto más, a un país procesador», conforme una versión de Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar y analista en seguridad y defensa.
En la literatura se encuentran definiciones que van desde aspectos muy básicos explicando que un Narco Estado es “un estado cuyas instituciones políticas, económicas, sociales y de seguridad han sido impactadas hasta cierto punto por el tráfico de drogas”. Existen tres criterios relevantes según los cuáles un país puede calificar como Narcoestado: la superficie del territorio cubierta por plantaciones ilícitas, el tamaño de la economía ilegal de drogas con respecto al total de la economía y, lo más importante, el patrocinio estatal de la producción ilegal y tráfico de drogas.
¿Por qué habríamos de extrañarnos de ser un “narcoestado” si Colombia, calificada de tal, permaneció secuestrada por más de una década por el narcotráfico que compró presidentes, ministros, jueces, asesinó fiscales, periodistas y a más de 500 policías y dominó la economía local? La pregunta obvia es: ¿por qué habríamos de ser la excepción en un territorio regional hace años tomado como factoría, bodegaje, circuito de distribución y lugar de consumo de drogas por los principales narcocarteles del mundo?
La vecindad geográfica a Colombia y Perú, productores de coca, es la principal vulnerabilidad del Ecuador en relación al narcotráfico. Sumado a la corrupción interna, un sistema financiero dolarizado y una extensa red vial que conecta las zonas de procesamiento de Colombia con los puertos y aeropuertos ecuatorianos. Luego de la represión contra el narcotráfico colombiano, buena parte de la infraestructura del crimen organizado de ese país “se trasladó a Venezuela desde donde sale cerca del 50% de la droga de Colombia, Ecuador por donde sale el 37,5% y Brasil, por donde sale cerca del 12,5%», señala el coronel Pazmiño.
Caso ecuatoriano
Informes de la Coordinación de Relaciones Internacionales de la USFQ concluyen en que Ecuador presenta “debilidades como la proximidad de Colombia y Perú, corrupción, dolarización y una extensa red vial. No obstante, la virtual ausencia de cultivos de coca nos libra de la violencia colectiva masiva y las presiones políticas, pero el tránsito por el país es extremadamente grave. Un estimado del lavado de dinero está en el orden de 500 a 1000 millones de dólares al año.” Esta realidad se traduce en enormes volúmenes de cocaína que son redistribuidos por Ecuador y las conexiones con las FARC y mafias colombianas, mexicanas e incluso rusas que aquello supone. Sus efectos se hacen sentir en la inestabilidad de la economía local -exceso de liquidez, aumento de economía informal, uso de mecanismos fraudulentos como la sobrefacturación de exportaciones para el lavado de dinero- y también representan una amenaza para la vida, la paz, las instituciones y la democracia.
Fotografías digitales sobre nuestro territorio muestran que el cultivo de coca en Ecuador es menor a 100 hectáreas, lo que representa un producto potencial de cocaína y un valor monetario insignificante. Dichos cultivos son localizados en el cordón fronterizo en Esmeraldas y Sucumbíos. Si embargo, el tránsito de cocaína es indiscutiblemente la mayor actividad narcodelictiva en territorio nacional. El flujo por Ecuador, desde Colombia, alcanzó un promedio de 80 toneladas al año entre 1999 y el 2003, lo que representó entre el 10% y el 20% de la producción total colombiana de cocaína que en esos años osciló entre 440 y 660 toneladas. Otra actividad vinculada al narcotráfico que tiene presencia en el país es el lavado de dinero y una parte de lo que generan las mafias que operan es retenido en los paraísos fiscales en el Caribe, no obstante, se podría estar lavando unos 450 millones de dólares, en base a cifras generadas por el tránsito de drogas por Ecuador.
La respuesta del Estado ecuatoriano ha sido enfrentar al narcotráfico con estrategias antinarcóticos diseñadas en los EE. UU, al calor de la guerra contra las drogas norteamericana que se basa en la filosofía prohibicionista de la D.E.A. (Drug Enforcement Agency) y depende del financiamiento de la asistencia antinarcóticos norteamericana. Esta estrategia ecuatoriana consiste en la interdicción en puntos de entrada y salida, la erradicación manual de coca en la frontera norte, el «desarrollo preventivo» en la frontera con Colombia, el combate contra las mafias, la detención de minoristas y mulas, y prevención del consumo.
El resultado mas evidente es que las cárceles ecuatorianas están saturadas de traficantes minoristas y mulas, pero los capos de la droga que operan en el país rara vez son sancionados. Las pruebas en procesos contra narcotraficantes que se basa en confiscar los activos viola el debido proceso, según expertos. Las fumigaciones aéreas desde el lado colombiano arriesgan la salud y la seguridad alimentaria de la población fronteriza ecuatoriana.
Se atribuye al cierre de la base norteamericana de Manta el incremento de las acciones narcodelictivas en territorio nacional. Según versión de InsightCrime, por esta razón «la cooperación antinarcóticos con los países de oferta y demanda, entre los que se encuentra Ecuador, se redujo al mínimo». La base militar norteamericana ejercía un control de las narcoavionetas que ingresaban al espacio aéreo ecuatoriano y, además, hacía un control sobre las lanchas rápidas que salían a abastecer a las embarcaciones en alta mar mediante monitoreo de vigilancia aérea. Además, ejercía control de las naves clandestinas de coyoteros que transportaban migrantes ilegales desde Ecuador hacia los Estados Unidos, como demostró un reportaje nuestro para la televisión ecuatoriana en los años noventa. No obstante Colombia, con siete bases militares norteamericanas en su territorio nacional ha visto incrementar su producción de drogas en los últimos años, al punto que las veinte principales empresas colombianas tendrían vínculos con el narcotráfico, según una publicación norteamericana. Versión ratificada por el superintendente de Sociedades de ese país, quien en un informe de los años noventa señaló una lista de 300 empresas, que “al parecer tendrían nexos con actividades ilícitas”, como primer diagnóstico sobre su situación patrimonial, jurídica y financiera. Adicionalmente, la llamada ‘Lista Clinton’ relaciona los nombres de 460 empresas y 369 personas naturales colombianas con el narcotráfico.
Ecuador se ha visto contaminado por las actividades narcotraficantes colombianas y mexicanas. Esta dinámica se da vinculada al hecho de que otros grupos europeos han surgido como actores importantes en el envío de cantidades significativas de cocaína a Europa, estableciendo presencia y contactos propios en América Latina. Una importante proliferación de grupos delictivos no estatales, armados y más pequeños, la ausencia de organizaciones monolíticas que controlan las diversas etapas de la cadena de fabricación y tráfico de cocaína y la mayor compartimentación de estas actividades, pueden haber generado nuevas alianzas y cadenas de suministro. Informes refieren a grupos de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia. No solo existe participación de las FARC y el ELN, sino nuevas organizaciones colombianas, junto con organizaciones internacionales, que crean disputas territoriales y un aumento de la violencia que tiene implicaciones para Ecuador. Entre estas organizaciones destacan dos carteles mexicanos: el de Sinaloa que empezó a operar en Ecuador aproximadamente en 2003 y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que desde el 2016 empezó a entrar con fuerza en Ecuador, haciendo alianzas con grupos colombianos disidentes de las FARC, que suelen a disputarle territorios al cartel de Sinaloa.
Ante esta realidad, expertos y autoridades alertan de un aumento sin precedentes de la tasa de violencia y homicidios en nuestro país. Según informes policiales, en un año, la tasa de muertes violentas pasó de 6,7 en 2019 a 7,7 en 2020 por cada 100.000 habitantes -el promedio de América Latina es de 17,2-, siendo la más alta de los últimos años, según InsightCrime. Guayaquil es considerado «punto crítico»de violencia en Ecuador debido a los «constantes enfrentamientos entre pandillas”. InsightCrime revela que grupos criminales ecuatorianos operan de manera fragmentada, como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras. Entre ellas destacan Los Choneros, cooperantes con el cartel de Sinaloa; y Los Lobos, Los Lagartos y Los Tiguerones con el CJNG. Estas organizaciones brindan seguridad en rutas ilegales y cuidan las caletas del narcotráfico cercanas a los puertos de Manabí y Guayas. Esto explica que las bandas disputen el microtráfico, disputa que va a nivel del territorio y venta a nivel local. Se estima que un kilo de cocaína en Ecuador cuesta US$2.500 del cual se obtienen 10.000 dosis. Cada dosis se expende en US$2, multiplicado, son US$20.000, es decir, de una inversión de 2.500 se obtiene una rentabilidad de 17.500″, según la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esto hace del narcotráfico el negocio más rentable del mundo con gigantescos mercados estadounidenses y europeos. EE. UU es considerado un narcoimperio como mayor narco mercado consumidor de drogas del mundo. Según una publicación de ese país, el 70% de los ejecutivos que maneja el aparato productivo norteamericano reconoce consumir cocaína a media mañana para sobrellevar el estrés laboral.
Los narcogenerales
Es en este contexto descrito se produjeron las declaraciones del Embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, que revelaron una verdad ya conocida: narcogenerales cooptados por el narcotráfico en el narcoestado ecuatoriano. Algo nada nuevo, a partir de denuncias realizadas por investigadores locales hace algunos años. El propio ex embajador norteamericano Leslie Alexander hizo, en 1997, declaraciones en el sentido de que Ecuador enfrentaba “un serio problema de corrupción”, ante lo cual la Asamblea Nacional guardó silencio, lo mismo la Fiscalía y el Poder Judicial.
La actual denuncia de Fitzpatrick es considerada por observadores como “ambigua y poco meditada” e implica el descredito de la Policía Nacional y de las FF. AA ecuatorianas. Pero lo que es más grave, constituye una abierta violación a la soberanía nacional, a través de la injerencia en asuntos internos del país, si es que la denuncia no está respaldada en un informe oficial rendido de manera personal por el embajador ante las autoridades nacionales.
Se conoce, por un informe del Departamento de Estado norteamericano, que la corrupción relacionada con las drogas es «un problema dentro de las fuerzas de seguridad pública en Ecuador». Anteriormente, en junio de 2019, la policía detuvo al exdirector de Aviación Civil Eduardo L. C. por presunta participación en el crimen organizado en conexión con la incautación de una tonelada de cocaína en Manta. Su hermano fue detenido en septiembre de 2019 en Belice mientras transportaba una tonelada de cocaína. Según estos hechos, la corrupción ha permeado a todos los estamentos del Estado. Existen tales evidencias pero el Estado no reacciona y actúa en consecuencia. Ecuador enfrenta hoy lo que Colombia enfrentó en 1980: la lenta colonización del narcotráfico sobre los estamentos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, figuran empresas y personas de todo el mundo presuntamente relacionadas con distintos delitos dentro de los que se cuentan financiación al terrorismo y vinculación a organizaciones terroristas narcotraficantes, entre otros.
Un estudio de economía subterránea colombiana publicado por Anif en 2017 menciona que 3% del PIB de Colombia correspondería al narcotráfico y negocios asociados, cerca de $29,2 billones. A raíz del desplome del precio mundial de los hidrocarburos en 2014, la cocaína llegó a ser entre los años 2015 y 2018 el principal estabilizador de la economía colombiana. Las exportaciones de cocaína del vecino país en ese periodo llegaron a US$46.032 millones.
¿Por qué Ecuador no puede -o no quiere- develar las principales narcoempresas o lavadoras de dinero ilícito del país y evaluar cuánto incide el narcotráfico en la economía nacional?
El presidente Lasso, o el Canciller, deben llamar al embajador norteamericano, Fitzpatrick, a entregar toda la información disponible acerca de las vinculaciones del Estado ecuatoriano, incluidos instituciones y funcionarios, con el narcotráfico, toda vez que los narcocarteles internacionales ya controlan el sistema penitenciario y parte del sistema judicial del país, como ha quedado en evidencia en los últimos tiempos.
El narcotráfico es un tema social de Estado, no solo de crónica roja, es decir de seguridad nacional y defensa estratégica del territorio. Una misión diplomática no puede jactarse de manejar, mayor o mejor, información de cualquier naturaleza que un Estado nacional ante el cual está representada, menos aún relacionada con la seguridad de ese Estado, por elemental sentido de soberanía.
En una lectura crítica cabe señalar que las amenazas de seguridad que enfrentan los estados no son siempre reales. Los estados con frecuencia inventan o exageran las amenazas que afrontan para concentrar el poder o justificar la represión. Tal era el caso de las «guerras sucias» en el Cono Sur en los años 70 que se libraban en contra de enemigos imaginarios como la ficticia alianza del «comunismo y sionismo».
Regímenes prohibicionista al elevar los riesgos y por tanto los precios, han convertido el narcotráfico en una amenaza a la seguridad nacional de diversos países. Expertos estiman que, de no ser ilegal, la droga sería un problema de salud pública como el tabaco o el alcohol y no un fenómeno del bajo mundo. Existe en esa línea un tratado internacional, la Convención de Viena de 1988 que compromete a los países miembros a la lucha contra las drogas, impidiendo la legalización de los estupefacientes.
Ecuador está llamado a definir una estrategia propia antinarcóticos, conforme sus intereses y valores y no aceptar a ciegas las promovidas por Estados extranjeros. Peor insinuaciones no oficializadas de misiones diplomáticas que, creyéndose con superioridad y licencia para opinar sobre asuntos internos, lesionan la soberanía y generan con su denuncia un problema político interno.
En una revisión de las políticas antidrogas llevada a cabo por nuestro país, sorprende la falta de opciones. La lucha contra las drogas no ha logrado reducir sustancialmente la oferta y está por verse si la eventual legalización sigue siendo una opción políticamente viable o deseable desde las políticas de salud pública.
Ecuador debe tomar iniciativas sin más perdida de tiempo. Decisiones propias, soberanas, socialmente consideradas y técnicamente efectivas en la lucha contra el narcotráfico, antes de convertirse irreversiblemente en un narcoestado, a merced de un narcoimperio y en el patio trasero de la delincuencia internacional.
