La política suele ser una dinámica contradictoria, puesto que su sentido esencial es que las cosas sucedan en favor de uno y otro concurrente al conflicto de clases que divide a la sociedad en intereses contrapuestos entre propietarios del capital y dueños de la fuerza de trabajo. Esta es la principal contradicción del sistema que divide a las formaciones económico sociales capitalistas entre burgueses y proletarios, entre empresarios y trabajadores. Frente a esta división el sistema imperante hace todo lo que tiene a su alcance por disminuir o soslayar los conflictos de clases, con el propósito de armonizar o atenuar la contradicción capitalista mayor. Pero no siempre lo consigue, pese a promover medidas económicamente populistas y socialmente reformistas, consideradas “políticamente correctas”. No obstante, dicha contradicción capitalista, como un cáncer social se agudiza e impregna como metástasis crítica a todo el sistema vigente al punto de convertirse en irreversible.
Este diagnóstico bien suele ser válido como metáfora para comprender la situación por la que atraviesa el régimen de Guillermo Lasso, autodefinido como «el gobierno del encuentro», régimen que al final de cuentas pretende ser del encuentro entre burgueses y proletarios, entre empresarios y trabajadores, entre opositores y defensores del sistema, sin lograrlo armónicamente. De esta realidad, la vida misma ofrece diversos ejemplos en el Ecuador del desencuentro. Existen desajustes laborales, étnicos, culturales, regionales, de género, sectoriales que enfrentan a unos contra otros como confirmación de que la contradicción mayor del sistema genera contradicciones de segundo orden que agudizan a la principal. Allí están los conflictos entre una región y otra del país, entre las mujeres que luchan por sus derechos, los jóvenes por su futuro, los indígenas por sus culturas, los empleados medios por sus intereses y ahora se suman los empresarios por sus ganancias.
El frente empresarial
En las últimas horas se conoció que Cámaras empresariales se manifiestan abiertamente opuestas al alza salarial de 100 dólares al sueldo básico que pretenden aplicar el gobierno durante su permanencia de cuatro años en el poder. Dividido para el cuatrienio, corresponde en la actualidad un incremento de 25 dólares que entraría en vigencia a partir del mes de enero del 2022, según anunció el presidente Lasso, decisión que contó de inmediato con el rechazo de los empresarios ecuatorianos. El Gobierno no sella todavía un acuerdo. Existe entre los empresarios la preocupación de que el incremento supere los cálculos previstos y responda únicamente a temas políticos. Sectores empresariales manifiestan que las empresas que tendrán mayores impactos negativos son las del rubro exportador, debido a la crisis de comercio exterior. En general, los empleadores consideraron que un aumento imprevisto limitará la contratación y afectará al empleo. Está previsto para las próximas horas que el presidente Guillermo Lasso realice un anuncio sobre el tema salarial.
Entre los sectores de empleadores y trabajadores existe expectativa de que se oficialice la variación del salario básico unificado (SBU) de 2022, tema que fue una promesa de campaña del presidente Lasso de incrementar a USD 500 el SBU, durante los cuatro años de su gestión. A estas posturas de oposición se suman otros frentes conflictivos que enfrenta el gobierno. En la Asamblea Nacional espera aprobación una ley de Reforma Laboral a la que se opondrían sectores de trabajadores, está en carpeta oficial aprobar una Ley de Inversiones que contaría con rechazo de importantes sectores sociales, continúa latente la aprobación de leyes de Educación que encontrarían rechazo entre académicos y estudiantes, queda por aprobar Ley de Cultura que de por sí representa una polémica entre actores del sector cultural, una Ley de Uso progresivo de la fuerza sigue en carpeta junto con otras medidas represivas que afectan al conjunto de la ciudadanía.
Demandas populares a las que el régimen debe dar respuesta inmediata, el subsidio a los combustibles manteniendo precios anteriores a la última alza, decisión del régimen en torno a concesiones mineras, ampliación de fronteras petroleras, políticas que garanticen la seguridad ciudadana y controlen la violencia en cárceles y calles, medidas efectivas contra la corrupción pública y privada, son entre otras las diversas exigencias populares en un país que no encuentra el camino de una convivencia armónica.
Todo esto ocurre en medio de un clima de crisis económica, social y sanitaria que no muestra visos de solución a corto plazo por parte del régimen que, contrariamente, insiste en decisiones que lejos de ser la solución, agudizan la problemática social. No es que la solución dependa de la mera voluntad política, además, es preciso comprender las contradicciones sociales del sistema y decidirse por representar a uno u otro sector presente en el conflicto. He ahí el problema irresoluto. La lucha de clases, según teóricos sociales, se resuelve por la imposición de una de ellas hasta lograr en un proceso revolucionario que apunta a la extinción de todas las clases sociales, prescindir de los actores del conflicto. Utopía dirán muchos, sueño de lobos, dirán otros. No obstante, la realidad histórica demuestra que nunca el capitalismo ha resuelto sus contradicciones dentro del sistema y está aun por verse si hay condiciones objetivas y subjetivas para que las resuelva fuera de él.
¿Un callejón sin salida? Probablemente, dentro de las vías del sistema. La teoría y la práctica social indican que, de no resolverse la contradicción fundamental, difícilmente tendrán solución las contradicciones menores que pasan a ser meras reformas a un problema mayor. Sin embargo, estas reformas que, políticas socialdemócratas pretenden subsanar coyunturalmente, contribuyen a atenuar la contradicción mayor por un tiempo y luego se agudizan merced de la dinámica social.
Algo semejante ocurre en el Ecuador del encuentro. Todo intento oficial por encontrar armonía entre las partes en conflicto termina en un desencuentro entre tirios y troyanos en un encontronazo mayor entre varios frentes que enfrenta el gobierno.
Esa es la única ley social que no requiere de aprobación, se impone sola.
