Con esta altisonante expresión se refirió Salvador Quishpe, asambleísta nacional de Pachakutik, a las funciones que cumplen, o dejan de cumplir, miembros del legislativo. La afirmación de malestar la hizo en rechazo a la votación y abstención de algunos representantes de su bancada en relación con el caso pandora papers, que eximió al presidente Lasso de comparecer en un período de 30 días al Pleno: “Increíble que algunos compañeros de Pachakutik voten en contra de que venga el presidente y se transparente ¿No sé supone que nuestra lucha es por la transparencia? Y que otros voten por abstención ¡Increíble! ¿Qué mierda hacemos aquí, compañeros? Avisen si no van a hacer nada, para pedir perdón a la gente y me retiro a ver mis plantas. Esto es demasiado, una vergüenza”.
Acciones y omisiones del Estado
La Asamblea Nacional, parte del Estado, es un escenario político en el que se deben decir y hacer cosas en favor de las mayorías de representados. Impedir que una ley fluya, entrabar los debates o abstenerse, a la hora de votar, no es un comportamiento proactivo en función de los intereses ciudadanos y populares. Estas acciones u omisiones que ya han sido evaluadas, no obstante, son castigadas por la ciudadanía con el 4% de aceptación y credibilidad acerca de lo que hace y dice la Asamblea Nacional, según encuestas.
La pregunta del legislador Quishpe, bien se puede hacer extensiva al comportamiento de otros legisladores que, desconociendo lo que se debate manifiestan oposición a proyectos ley, o se abstienen de votar, en claro incumplimiento de su rol legislativo: “Es el colmo que se esté haciendo el juego tan públicamente al Gobierno que nos está haciendo daño al país. Estoy indignado”, dijo Quishpe.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por su parte, ratificó que se declara en resistencia ante “la falta de respuestas por parte del presidente Guillermo Lasso a la exigencia hecha por esa organización y otros sectores sociales de que se fije el precio del galón del diésel en 1,50 dólares y de la gasolina extra en 2,10 dólares”. Cabe notar que las demandas del sector incluyen la moratoria de las deudas de los pequeños productores, la reducción de las tasas de interés en el sistema financiero, y el control de los precios de sustentación de los productos del campo.
Entre las omisiones del Estado, en otro ámbito temático, el primer debate sobre la aplicación de la ley de aborto por violación no muestra resultados en la Asamblea Nacional, debido a la confusión de diversos asambleístas sobre la legalidad de esta práctica. En Comisión General legislativa médicos y colectivos feministas debatieron el tema; no obstante, algunos ignoraron que el aborto por violación ya es legal y solicitaron que el proyecto de ley no se cumpla. Un segundo debate decidirá el destino de la ley de aplicación del aborto por violación, un hecho frente al cual la Fiscalía recibe diariamente 11 denuncias de abuso sexual: 60% de menores de 14 años, de las cuales 9 de cada 10 fueron abusadas por personas de su círculo personal.
En tanto, la Asamblea Nacional se prepara para recibir del Ejecutivo una ley para derribar aviones con la que, según el presidente Lasso, se protegerá a la ciudadanía en lucha contra el narcotráfico, un planteamiento de ley frente al cual algunos legisladores ya se muestran escépticos.
Posiciones indígenas
En otro orden temático legislativo, representantes del movimiento indígena alertaron que el parlamento ecuatoriano ha incurrido en otras acciones u omisiones impopulares. El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, sostiene que la Ley de Desarrollo Económico, enviada a la Asamblea por el presidente Guillermo Lasso, debilita el control de paraísos fiscales y evasores tributarios. Un mensaje de Twitter del líder indígena señala que esta Ley “perjudica a las mayorías populares y a la clase media, afecta a los productores, promueve el extractivismo y la privatización”. Beneficia solo a la banca y al FMI, advirtió la CONAIE y argumenta que la propuesta de Ley es un intento de “desregularización financiera para debilitar los controles de fuga de capitales, empresas offshore, corrupción y evasión tributaria”. La CONAIE expresa su preocupación por que, al incrementar el impuesto a la clase media, disminuirá el consumo, las ventas y habrá menos incentivos para la producción y la recuperación económica, lo que afecta a la sostenibilidad de las industrias y los comercios con intereses nacionales, se dijo: “Es una legislación que pretende cumplir con las condiciones impuestas por el FMI, para desembolsar USD 700 millones de dólares hasta el final de este año. El Proyecto de Ley es un intento por brindar mayores privilegios al capital financiero en contra de toda la economía real. Los más afectados son las personas y los pueblos históricamente empobrecidos”, concluye la organización indígena.
“Me apena el trabajo que hemos hecho, pero lamentablemente nos deja mucho que decir”, señaló autocríticamente un legislador. Ante esta percepción de la acción legislativa, la afirmación de Salvador Quishpe luce con toda pertinencia a la hora de representar los intereses populares y ciudadanos: ¿Qué mierda hacemos aquí?
