La Asamblea Nacional rechazó la moción de destitución en contra del presidente Guillermo Lasso, por “grave crisis y conmoción interna” a causa de la vinculación del mandatario ecuatoriano en el caso Pandora Papers. La moción propuesta implicaba convocar al presidente Lasso al Pleno de la Asamblea, para que explique su vinculación en el caso Pandora Papers y responda a las preguntas de los legisladores. Además, fue rechazada la moción que sugería que la Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Bancos, SRI, entre otras, realicen un examen y determinen la vinculación de Lasso en el caso de paraísos fiscales y evasión de impuestos. En su lugar la Asamblea Nacional aprobó exhortar al presidente Lasso a que acuda a una sesión legislativa y explique la relación directa e indirecta de sus bienes y propiedades en paraísos fiscales. La resolución propone disponer a la Contraloría, Fiscalía, SRI y la Unidad de Análisis Financiero que revisen cuentas, propiedades y declaraciones patrimoniales del mandatario, relacionadas con la publicación de los Pandora Papers. Se confirma así la crónica de un resultado político anunciado.
Cronología de los hechos
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que reunió a más de 600 periodistas investigadores, estableció que Guillermo Lasso Mendoza registraba hasta el año 2018, empresas en Panama (Bernini Foundation, Bretten Holding Inc., Pietro Overseas y Tintoretto International Foundation) con la intermediaria Euvenia Touriz Mawyin, empleada en Banisi y Banco de Guayaquil. Según Lasso se trata de empresas que fueron disueltas. No obstante, ICIJ develó en su investigación que sus acciones y activos pasaron a dos fideicomisos: Liberty I Trust es un fideicomiso legal fundado en 2009 con domicilio en Delaware, EE. UU, y Bretten Trust que registra fecha de fundación en 2017 en Dakota del Sur, EE.UU. En ambos casos no existen impuestos sobre las ventas y la renta empresarial estatal sobre bienes y servicios de empresas que operen fuera de esos lugares.
En una cronología se establece un historial del conglomerado de empresas MultiBG de propiedad de la familia Lasso–Mendoza y Lasso –Alcívar, mientras que los Pandora Papers documentan el vínculo que Lasso tuvo con once entidades de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware, que fueron canceladas antes de que se aprobara la ley de 2017 luego de la consulta popular en la que los ecuatorianos decidieron que ningún candidato de elección popular tenga activos y empresas en paraísos fiscales.
Luego de que ICIJ presentó la investigación Pandora Papers con la filtración de datos sobre empresas en paraísos fiscales, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ecuatoriana empieza a diseñar el cronograma de comparecencias en el caso. En seguida, Lasso reprocha en carta dirigida al diario El Universo no publicar la información completa de su historial tributario, al tiempo que el presidente Lasso, María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago se excusan de comparecer en la Comisión legislativa investigadora y afirma estar dispuesto a recibir a los miembros de la comisión en la sede del gobierno. En tanto, la Comisión de Garantías Constitucionales acepta el informe que indica que el presidente Guillermo Lasso incumplió el pacto ético en el caso Pandora Papers. El 6 de diciembre último la ICIJ filtra información adicional acerca de los offshore que Lasso tenía en Panama, al día siguiente la Asamblea Nacional rechazó la moción que vincula a Lasso con el caso y su eventual destitución del cargo.
Lo cierto es que los papeles de pandora traen más sorpresas que la caja de su homónimo. La investigación internacional menciona a Ecuador y, específicamente, al presidente Guillermo Lasso como vinculado con más de 10 compañías off shore y fideicomisos en Panama, Dakota del Sur y Delaware. No obstante, el periodismo nacional no ha participado seriamente en la investigación del consocio periodístico ICIU. Esta omisión periodística local ha impedido una adecuada información a nivel nacional, y lo poco que se sabe proviene de la gestión de las comisiones legislativas que averiguan el caso, a través de la versión de sus voceros. Hasta el momento, la investigación sobre vínculos de personalidades políticas y empresariales en paraísos fiscales ha tenido un impacto político y mediático por el hecho de develar el uso del sistema financiero offshore, un tema que viene sonando desde los Panama Papers en 2016.
A nivel local la investigación no avanza más allá, puesto que los interesados en indagar han sido objeto de intimidación por parte de las autoridades. Organizaciones, académicos y personas comprometidas con los Derechos Humanos hicieron un llamado a los Estados para precautelar la seguridad de los periodistas, funcionarios públicos de veeduría, actores políticos y ciudadanos comprometidos con acciones de control popular y fiscalización institucional a gobernantes y líderes políticos relacionados con el escándalo global de los “Pandora Papers”. Esta exigencia legítima se ha intentado acallar con amenazas e incluso con la apertura de procesos judiciales en contra de investigadores, académicos y líderes progresistas.
Opinión ciudadana
El exmandatario Rafael Correa expresó en Twitter que “la trama de Banisi se asemeja a una matrioska, una muñeca que aloja a una más pequeña en su interior. En este caso, una empresa que engloba a otra”. Sin embargo, asegura que no existe ninguna venta sino “una simulación”. Correa dio a entender que los hijos de Lasso no han pagado impuesto a la herencia en 2020 y 2021. No hay un beneficio y los hijos no la consideran suya y se ha simulado el traspaso. Todo lo controla Lasso, afirmó el ex mandatario.
La ciudadanía expresó su opinión sobre el caso en un sondeo realizado por la empresa Perfiles de Opinión. En la encuesta hecha en Quito y Guayaquil, entre el 13 y 15 de noviembre de 2021 a 621 personas, el 41,90% confía poco en el trabajo de fiscalización de las autoridades estatales en el caso Pandora Papers. El 29,53% no confía nada, es decir, el 71,43% no cree que la Asamblea Nacional, Fiscalía y Contraloría harán una investigación justa e imparcial. El sondeo establece que el 54,82% de personas no ha visto las aclaraciones del presidente sobre el caso Pandora Papers. El 36,11% de los que sí han visto las explicaciones las consideran insuficientes y el 9.07% cree que son suficientes. Casi la mitad de encuestados (48,76%) considera que es muy grave que el presidente de la República presuntamente tenga su dinero en paraísos fiscales. Para el 29,29% es algo grave, el 15,59% lo considera poco grave y el 6,36% nada grave.
El país asiste hoy a la crónica de un resultado anunciando.
