Un taxista habituado a conversar con sus clientes para a amenizar el trayecto a sus pasajeros me soltó una frase en broma cargada de ironía: “Ecuador no tiene remedio, ¿no ve lo que pasa en los hospitales, en la presidencia y en la asamblea? De primera, no capté el sentido de la afirmación, luego caí en cuenta y sonreí de buena gana. El amigo conductor había constatado en broma, una verdad en serio. Ecuador es un país sin remedio en un doble sentido, pensé: no hay medicinas en los hospitales para las enfermedades del pueblo, y sigue sin remedio para los males de la nación.
El amigo taxista lo afirmaba porque aseguró haber visto plantones de pacientes a las puertas de los hospitales reclamando medicinas. Mientras tanto, casi a la misma hora la ministra de Salud, Ximena Garzón, y otras autoridades del sistema de salud pública, fueron convocadas por la Asamblea Nacional para que informen sobre la escasez de medicamentos. Con popular sabiduría el taxista había tocado en dos facetas el fondo del problema. La responsabilidad de los burócratas encargados de hace cumplir el derecho ciudadano a la salud y la protesta de los afectados por incumplimiento. Acto seguido, el amigo taxista aseguró que en la asamblea “no pasa ni pasará nada”. Que la ministra les “dará vueltas” a los 137 asambleístas y terminará libre de toda acusación en un juicio político con negaciones y abstenciones vergonzantes.
Una seria realidad
La situación descrita por el taxista es mucho más seria que su broma. Desde hace meses, la ciudadanía ha denunciado el desabastecimiento de medicamentos contra el cáncer, enfermedades catastróficas e, incluso, de fármacos básicos, en los hospitales del país. Asimismo, se realizan plantones a escala nacional, solicitando al Gobierno que abastezca de estos recursos a las casas de salud del país.
Actuando a la zaga las autoridades responsables han tratado de explicar lo inexplicable: “Conscientes de los problemas de abastecimiento de medicamentos, nos reunimos con todos los actores involucrados. Nos solidarizamos con ellos y les ratificamos nuestro compromiso por alcanzar soluciones que solo vendrán del diálogo y el consenso”, señaló recientemente el médico Alfredo Borrero, vicepresidente de la República asignado por el presidente Lasso para asumir los problemas de la salud del país. La explicación resulta inaceptable para los afectados puesto que la solución del problema no pasa por “diálogos” ni “consensos”, sino por medidas efectivas que deben ser adoptadas en forma urgente por funcionarios solventes.
Anteriormente, Borrero ha realizado “tours” por hospitales del sistema de salud pública para luego describir el problema sin dar soluciones efectivas. Al cabo de esporádicos recorridos por centros hospitalarios en Quito, Guayaquil y Cuenca, el funcionario descubrió que el hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) del IESS, el Eugenio Espejo en Quito, los hospitales Abel Gilbert Pontón, de Guayaquil y José Carrasco, de Cuenca, atraviesan una situación insostenible por falta de entrega de medicinas básicas como Paracetamol. “La salud está enferma”, dijo el vicepresidente Alfredo Borrero en un intento por describir la realidad de los hospitales del sistema sanitario del país. La frase quedó solo en metáforas. En la práctica, en uno de sus periplos, Borrero participó el pasado 24 de noviembre en un evento de colocación de la primera piedra, para la construcción de un hospital privado en La Aurora, parroquia urbana del cantón Daule en Guayas. Esto ocurre mientras los usuarios del sistema de salud pública, incluidos los pacientes con enfermedades raras y catastróficas, denuncian la escasez de medicamentos, para controlar sus enfermedades. Sin embargo, ante los reclamos ciudadanos, solo hay silencio y fomento de la salud privada. No obstante que, desde el 24 de mayo de 2021, cuando el gobierno asumió el poder, el vicepresidente Alfredo Borrero prometió mejorar la situación del sistema público de salud para que los hospitales dispongan de insumos suficientes en sus servicios. “No más listas de espera de 12.000 pacientes para una cirugía. Ya no más citas para 5 meses, ya no más medicamentos caducados en los centros de salud”, dijo en esa oportunidad. En sus visitas -a veces solo- a veces acompañado de la ministra de Salud, Ximena Garzón-, Borrero ha expresado “su lamento por que los pacientes compren las medicinas con su dinero propio”. Si el lamento oficial es sincero, el IESS debe reponer contra factura los dineros que gastamos los pacientes cada mes en farmacias privadas, porque estamos pagando una afiliación, cuyo servicio de proveeduría de medicamentos no recibimos siendo un derecho de los afiliados al IESS.
Por su parte, la ministra Garzón llegó a afirmar: “No es que los hospitales no tengan dinero. Están asignados los presupuestos”. Y añadió: “Necesitamos saber por qué no se han ejecutado los presupuestos”. El vicepresidente y la ministra, luego de los periplos hospitalarios, sacaron una conclusión: sí hay dinero para la compra de medicinas e insumos. Pero, la entidad aún no ha identificado las razones del desabastecimiento. Simplemente insólito el desconocimiento oficial sobre las razones de fondo de la crisis de la salud.
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer denunció que, en el listado de medicamentos para proveer a los hospitales, no constan los oncológicos pediátricos. “La ministra Ximena Garzón sabe plenamente la problemática, pero no toma decisiones. El objetivo del Gobierno es reducir los gastos que inflan el presupuesto anual, los niños con cáncer están en ese rubro. Hasta ahora solo discurso y soluciones parche nada más”,
Algunos directivos de hospitales intentan también una explicación a vuelo de pájaro: “Las últimas adquisiciones de medicamentos de estos hospitales se hicieron hace siete meses, según el Servicio de Contratación Pública (SERCOP)”. Esto significa que los hospitales no se han abastecido de medicinas para entregarlas a pacientes con cáncer, VHI o con enfermedades raras o catastróficas. Las autoridades de los hospitales han reconocido que hay recursos para adquirir medicinas. “Lo que no hubo es una buena gestión de compra”. Según los directivos hospitalarios, “la emergencia sanitaria de Covid-19 hizo que el sistema sanitario se olvide de los pacientes con otras enfermedades”. Autoridades de salud y directivos hospitalarios, a “ojo de buen cubero”, calculan que la crisis institucional se solucionará en, al menos, seis meses.
Según explicación de los Colegios Médicos, el problema de desabastecimiento en centros de salud pública se agravó con las oleadas de contagios de la pandemia. Es el caso concreto del antinflamatorio tocilizumab, de nombre comercial Actemra, y corticoides intravenosos de elevada demanda. El masivo requerimiento de estos fármacos provoca el incremento ilegal de sus precios, como es el caso de Actemra 200 mg., cuyo valor de mercado no debe exceder los 342 dólares pero que se consigue en mil dólares en el mercado negro por Internet. Ante esta situación personal de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) recomiendan no usar las redes sociales para adquirir medicamento y denunciar a los precios fuera de la ley. “Los pacientes no pueden esperar por sus tratamientos, pues corren el riesgo de que su estado de salud empeore. O, incluso, algunos pueden morir”, ha dicho un médico del hospital Eugenio Espejo. “Es como si fuéramos a la guerra sin armas”, concluyó.
Un ejemplo representativo y paradójico sucede en el HCAM del IESS en Quito, el mayor hospital de la seguridad social cuyo presupuesto es de $158 millones de dólares anuales, que fue entregado “a tiempo” pero no fue ejecutado, sino en un 17% a junio de este año 2021. En el hospital Carlos Andrade Marín existen 341 procesos de compra represados que no se sabe cuándo se ejecutarán, una muestra de esa insólita realidad es que de 269 medicinas que necesita el hospital solo se adquirieron 88, y de 702 insumos requeridos en el primer cuatrimestre solo se compraron 58, provocando una crisis de salud sin precedentes. ¿Crisis casual o deliberada para tener motivos de privatización del seguro social, bajo el argumento de ineficiencia de un hospital que despacha tres millones de recetas al año?
¿Qué clase de ineficientes administra el seguro social y los hospitales del IESS del país? La realidad habla por sí misma: Ineficiencia o corrupción, robo de medicinas de las bodegas de hospitales, sobreprecio en compras, falta de pedido de aquellos medicamentos donde solo existe un solo proveedor porque no se puede aplicar sobreprecio, jueza que otorga sobreseimiento a implicados en delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en hospitales. ¿Qué hace la Fiscalía para dar con los culpables de una crisis que tiene evidentes casos de delincuencia hospitalaria, inherente al gobierno anterior e incapacidad del actual para sancionarla?
Denuncia periodística
El periodista Romel Garzón, buscando una explicación a la ausencia del Estado en la solución a los problemas de salud pública denuncia que el fenómeno está asociado a la negligencia incapacidad administrativa y corrupción público-privada. Garzón señala que “la corrupción se lleva el 10% del presupuesto de cada contrato que realiza el Estado con el sector privado”; y, también, nos dice que “en 2020 la Contraloría ha sufrido un vertiginoso descenso en el establecimiento de glosas, es decir, en la posibilidad de detectar y señalar perjuicios para el Estado realizados por negligencia o violación de la ley en la asignación de recursos públicos”. Según el colega periodista, “esta institución y todas las que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social, sufren desde 2017 un sistemático deterioro en sus capacidades institucionales para detectar y procesar actos de corrupción”. El presupuesto asignado para todas las instituciones de la Función de Transparencia y Control Social en 2017 fue 222.6 millones de dólares y en 2021 es apenas de 167.8 millones (el 0,52% del presupuesto del Estado), lo que equivale a una disminución de 25% de recursos financieros que recibía esa Función del Estado. A las corruptelas en el gasto público se suma la corrupción del sector privado, la cual se expresa principalmente en la evasión tributaria que, según cifras de la CEPAL, llega a ser de 7.600 millones de dólares por año.
Entre lamentos oficiales, el presidente Guillermo Lasso ha dicho -sin concreción en la realidad- que habrá “una auditoria al sistema de compras públicas para evitar que siga campeando la corrupción”.
Realidad sin remedio
Entre el Estado y la salud existe una relación mórbida, toxica dirán algunos, de doble vía. El uno contamina al otro y profundiza lo que debe ser una dinámica de soluciones ahondando los problemas, bajo una lógica de ineficiencia y corrupción. La salud está enferma, dice el vicepresidente, descubriendo el agua tibia. ¡Cuidado al confundir causa con efecto! El enfermo es el Estado, contaminado por el virus de una política perversa de individuos que hacen de ella un botín. Ex ministros infames que salieron huyendo del país después de vacunar a sus familiares y amigos; un presidente discapacitado para gobernar que en lugar de hacerlo se dedicó a “supervisar” a los sitios de vacunación, mientras los vacunados VIP estaban frente a sus narices en el propio gabinete presidencial. Una Asamblea Nacional y una Fiscalía que hacen la vista gorda sin fiscalizar ni investigar, para dejar en la total impunidad la corrupción de funcionarios que se van campantes a su casa sin rendir cuentas al país por su deprorable gestión. Ministros de finanzas que en plena crisis sanitaria pagaron deudas al chulco internacional, restando recursos a la salud. Una mafia organizada para delinquir en los hospitales del sistema de salud, entregados a su arbitrio a cambio de apoyo parlamentario al exgobierno repartidor. Una ministra de gobierno que salió libre de polvo y paja, luego de la repartición hospitalaria. Un sistema de justicia con juezas y jueces corruptos que otorgan sobreseimiento a presuntos implicados en delincuencia organizada en hospitales del país.
Estos hechos que para los medios informativos son una nota más, para los pacientes representa un drama de vida o muerte que llena las páginas de periódicos, las pantallas de televisión y los espacios radiales, sin que hasta el momento se encuentre una solución definitiva y satisfactoria para millones de ecuatorianos que sienten que su salud y vida están en manos de burócratas que no dan respuesta al problema. Esta irresponsabilidad raya en «un crimen de Estado», como lo calificó un paciente oncológico que padece cáncer y no recibe su medicación desde hace meses.
Tiene mucho que explicar la ministra Ximena Garzón a la Asamblea Nacional. Es de esperar que la realidad no le dé razón al taxista y en la asamblea que “no pasa nada”, pase algo. En algo, el taxista amigo, sí tiene razón: hasta el momento “Ecuador, no tiene remedio”.
