Como es conocido, el proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional no recibió aprobación ni negación explicita, devolviéndole toda la potestad al Gobierno para imponerlo en vigencia por fuerza o ministerio de ley. Esta prerrogativa se aplica en todos aquellos proyectos enviados con carácter de urgente, y este es el caso con las reformas tributarias que urgen al régimen aplicar y así dar cumplimiento a lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo ofrecido por el régimen de Guillermo Lasso al FMI, a cambio de nuevos préstamos, es recaudar y, por tanto, elevar en 1.000 millones de dólares los ingresos tributarios del país entre 2022 y 2023.
La nueva carga impositiva recaerá sobre sectores medios y altos de la población y empresas rentables, razón por lo cual el proyecto no contó con el visto bueno de los sectores políticos que dicen representar a dichos segmentos poblacionales del país. Con la decisión del Pleno de la Asamblea quedó expedita la vía de aprobación del proyecto concebido originalmente por el Ejecutivo que teóricamente posibilitaría al régimen recaudar 1.900 millones de dólares en los dos siguientes años señalados por el FMI que, a cambio, desembolsaría 700 millones el próximo mes navideño y otros 1.000 para el año 2022. La dinámica fondomonetarista es clara, presta dinero al Ecuador y al mismo tiempo le exige recabar recursos en impuestos para pagarlo. Según el régimen la entrada en vigencia del proyecto tributario daría señales de tranquilidad a los mercados y mostraría visos de gobernabilidad, situación que es solo hipotética puesto que en la práctica ha ocurrido todo lo contrario.
El siguiente escenario muestra a la reforma tributaria que entrará en vigencia intacta tal y como fue concebida por el Ejecutivo originalmente. Cabe señalar que esto ocurrirá, pese a que la bancada de UNES que posibilitó que esto suceda al abstenerse de votar por el archivo del proyecto, ha señalado que una vez promulgado por ley el proyecto será demandado por inconstitucional ante la Corte Constitucional.
La gran pregunta de rigor es: ¿de dónde saldrán los 1.900 millones de dólares que aspira recaudar el régimen en los siguientes dos años implementando nuevos impuestos? La respuesta está en el formato original del proyecto de reforma tributaria que entraría en vigencia este año por el ministerio de ley.
Nuevos impuestos
La reforma tributaria implementa un nuevo Impuesto a la Renta a personas naturales que perciban más de 2.000 dólares de sueldo mensual, con descuentos posibles entre 500 y 1.000 dólares.
Las personas que tengan un patrimonio superior a USD 1 millón de dólares deberán contribuir patrimonialmente con el 1%, y el 1,5% para quienes tengan más de USD 1,2 millones. De igual modo, las empresas cuyo patrimonio sea superior a 5 millones de dólares deben contribuir con una tarifa única equivalente al 0,8% de su patrimonio durante los siguientes dos años. Se aplicará Impuesto a la Renta único -del 10%- a la utilidad por la venta de acciones de empresas domiciliadas en Ecuador. Se sustituye el impuesto fijo del 2% para microempresas por tabla progresiva que va del 1 al 2%.
Se aplicará un impuesto único a los patrimonios en el exterior no declarados en el país, del 3,5% al 5,5%, cuyo beneficio rige hasta diciembre del próximo año.
También se gravará IVA a determinados productos como: cocinas de inducción, lámparas LED y duchas eléctricas. Los productos de higiene femenina estarán exonerados de pagar IVA.
Se incrementa Impuesto a Consumos Especiales (ICE) a licores de USD 7,18 a USD 10 dólares por litro de alcohol. Se aplicará tarifa única al ICE para cervezas industriales de USD 13,08 dólares por litro. Se elimina del ICE a planes de telefonía personal (10%) y empresarial (15%).
La reforma tributaria incluye exoneraciones e incentivos. Se exonera del pago del Impuesto a la Herencia a beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad del causante, es decir los hijos. Se establece incentivos para la banca cuyos accionistas de instituciones financieras serán controlados cuando tengan 25% o más de capital en el sector bancario y no el 6%, como es ahora.
Se implementa un incentivo para la telefonía móvil cuyas empresas podrán pagar hasta el 50% del monto correspondiente a tarifas por uso del espectro mediante la implementación de proyectos de conectividad.
Diversos sectores que son aludidos en la reforma tributaria han expresado su rechazo al proyecto generando incertidumbre en cuanto al desenlace que tendrá esta medida. Quedan pendiente otras imposiciones del FMI al gobierno como aprobar la reforma laboral y la ley de inversiones, cuyos proyectos serán enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional en los siguientes días.
