Los papeles de pandora traen más sorpresas que la caja de su homónimo. Estos últimos días, cuando parecía que el escándalo amainaba no porque sus intríngulis fueran menos escandalosos sino porque sus protagonistas ya no pueden acentuar más su bulliciosa andacorreveydile. Pero no, los entretelones del culebrón paradisiaco y sus cuitas off shore quitan el sueño a los defensores de Lasso, y al propio presidente que está recibiendo salvavidas desde los cuatro puntos cardinales; y uno de ellos, proviene de la Fiscal General del Estado, embarcada en un turbulento juego político movido por extrañas corrientes subacuáticas de aguas turbias.
Como se conoce, los Pandora Papers corresponden a una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que revelaron la riqueza y tratos secretos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios. El caso desarrolló una investigación que revela datos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, convirtiéndose en una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países analizaron fortunas ocultas de algunos personajes más poderosas del planeta, bajo la dirección del programa de investigación de la BBC Panorama y el periódico británico The Guardian en Reino Unido.
La primera sorpresa que salta a la vista es que la investigación menciona a Ecuador y, específicamente, al presidente Guillermo Lasso como vinculado con más de 10 compañías off shore y fideicomisos en Panama, Dakota del Sur y Delaware. No obstante, el periodismo nacional no ha participado seriamente en la investigación del consocio periodístico internacional. Esta omisión periodística local ha impedido una adecuada información a nivel nacional, y de lo poco que se sabe proviene de la gestión de las comisiones legislativas que averiguan el caso, a través de la versión de sus voceros. Sin embargo, dichas comisiones están en el ojo del huracán y en las últimas horas recibieron la arremetida de la Fiscalía General del Estado que abrió una investigación acerca de su actuación e informe relacionados con los Pandora Papers.
Esa es la siguiente sorpresa. La Comisión de Garantías Constitucionales conoció, el 23 de noviembre de 2021, un oficio de la Fiscalía General del Estado en el que le solicita información y documentos sobre la investigación de los ‘Pandora Papers’. La notificación de la Fiscalía pide a la Comisión mediante oficio le entregue copia certificada del informe aprobado por la Comisión sobre los ‘Pandora Papers’, copia certificada del audio y la transcripción de la sesión en la que el informe fue aprobado. Y, además, copia certificada del memorando con el que se notificó a la presidenta, Guadalupe Llori, con el informe. Cabe notar que las diligencias de la Fiscalía tienen lugar en atención a una denuncia presentada por el ex asambleísta Andrés Páez. La denuncia presume del “delito de acción pública” por supuesta “falsedad ideológica”. ¿Los pájaros contra las escopetas?
El informe de la comisión permanece en el limbo. Y esta es la siguiente sorpresa de Pandora. La Comisión de Garantías había aprobado una resolución para que el tema sea tratado en la sesión del 23 de noviembre, no obstante, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, hasta el momento no convoca a la sesión en la que se trataría dicho informe sobre los ‘Pandora Papers’. Luego, el temblor de ayer remeció todo intento de analizar el tema.
La Fiscalía y su acción siguen su curso en la investigación previa a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que afronta por supuestas irregularidades en la aprobación del informe del caso ‘Pandora Papers’.
Pero también es cierto que los árboles no dejan ver el bosque. Hasta el momento, la investigación sobre vínculos de personalidades políticas y empresariales en paraísos fiscales ha tenido un impacto político y mediático por el hecho de develar el uso del sistema financiero offshore, un tema que viene sonando desde los Panama Papers en 2016. La filtración revela según lo investigado la presunta relación que Lasso tiene al reemplazar una fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en EE.UU. De acuerdo a The Washington Post, Lasso autorizó la transferencia de empresas a dos nuevos fideicomisos creados en Dakota del Sur en 2017. El presidente ecuatoriano sostiene que no tiene «ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo» con esos fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según declaraciones citadas por el diario estadounidense.
A nivel local la investigación no avanza, puesto que los interesados en indagar han sido objeto de intimidación por parte de las autoridades. Esa es la siguiente sorpresa. Organizaciones, académicos y personas comprometidas con los Derechos Humanos hicieron un llamado a los Estados para precautelar la seguridad de los periodistas, funcionarios públicos de veeduría, actores políticos y ciudadanos comprometidos con acciones de control popular y fiscalización institucional a Gobernantes y líderes políticos relacionados con el escándalo global de los “Pandora Papers”. Los Gobiernos deberían asegurar un marco de libertad de expresión, seguridad personal, y acceso transparente a la información pública que permita determinar responsabilidades y aplicar sanciones en el marco del debido proceso a aquellas personas vinculadas con prácticas de evasión fiscal, lavado de activos, y otros actos delictivos vinculado con el uso de paraísos fiscales. Lo que debe incluir la abstención de parte de los Estados u actores políticas de usar mecanismos de intimidación institucional a través del abuso de acciones como investigaciones penales o administrativas intempestivas. Diversos periodistas, activistas y políticos de la oposición ecuatorianos han señalado que la aparición de Guillermo Lasso en los Pandora Papers debe investigarse por las instituciones pertinentes y ofrecer a la ciudadanía la información necesaria respecto de la situación financiera del presidente. Esta exigencia legítima se ha intentado acallar con amenazas e incluso con la apertura de procesos judiciales en contra de investigadores, académicos y líderes progresistas. Nos preocupa especialmente el hostigamiento, las amenazas y las prácticas de Lawfare que se han iniciado contra diversas personas y muy particularmente contra el excandidato presidencial e investigador de fugas de capitales, el economista Andrés Arauz.
Nos preocupa igualmente que, mientras se investiga a quienes denuncian las prácticas ilegales de evasión fiscal, las autoridades siguen sin pronunciarse o abrir las investigaciones pertinentes contra quienes realmente existen indicios de haber cometido ilícitos relacionados con los paraísos fiscales, como el presidente Guillermo Lasso, señala el planteamiento expuesto.
Por todo esto es imprescindible que el periodismo nacional, de manera imparcial, seria y responsable, asuma la investigación para establecer la verdad, sin temor ni favor, más allá de las sorpresas de Pandora.
