En una nueva expresión de ingobernabilidad del régimen, el presidente Guillermo Lasso no consigue apoyo político necesario en la Asamblea Nacional para la aprobación de sus proyectos y leyes. En abrumadora mayoría de 94 votos (UNES, ID, PK) contra 37 abstenciones (CREO), el pleno del legislativo “observó la plataforma presupuestaria 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025″, presentada por el Ejecutivo. Las razones expuestas por los parlamentarios opuestos al proyecto son claras, la proforma oficial contempla recortes a derechos claves de salud y educación.
Desde la bancada de UNES se argumentó que “sin educación el país estará condenado a seguir en el subdesarrollo”, y legisladores del bloque progresista llamaron a cumplir con las disposiciones constitucionales, ya que “Unes jamás será cómplice del retroceso de la Patria”, se dijo. Otros asambleístas de la tendencia reiteraron que entre 2018 y 2022 se quitó más de 850 millones de dólares a la educación, y que el gobierno plantea recortar los recursos de la clase media y baja del país.
Desde la curul de la Izquierda Democrática (ID) se hizo un expreso pedido al Ejecutivo para que modifique la proforma presupuestaria, “pues no se puede ser indiferente ante los recortes a los presupuestos para la educación y los jubilados”.
El movimiento Pachakutik (PK) dejó oír su rechazo a la proforma presupuestaria oficial, puesto que “la carga fiscal no puede caer sobre los hombros de los ciudadanos ecuatorianos, que ya fueron afectados por la pandemia. La visión del Ejecutivo en la Proforma 2022 no apoya la reactivación económica”, se señaló.
Desgobierno social
La ingobernabilidad del régimen en el legislativo se replica en las calles, cuando a la observación planteada por el pleno se suma el rechazo de sectores sociales organizados en la CONAIE a la proforma 2022. El proyecto presupuestario “afecta el núcleo de los derechos económicos y sociales, como el acceso y la calidad de los servicios de salud y educación”, afirma la organización social que considera que el Gobierno de Guillermo Lasso insiste en implementar austeridad fiscal para los humildes, pero tolera los privilegios fiscales para los acaudalados. La CONAIE reitera que el gobierno no regula la evasión y la elusión tributaria de empresas y personas pudientes, mientras que recorta recursos a la educación universitaria en USD 130 millones de dólares, acción atentatoria a los derechos de profesionalización de miles de jóvenes ecuatorianos, en perjuicio de aquellos con menores recursos de pueblos y nacionalidades ancestrales que son sujetos de educación intercultural bilingüe. El cuestionamiento se expresa junto al “rechazo enfático” al recorte de USD 291 millones de dólares para la salud, en momentos en que la pandemia no muestra señales de ser superada en medio del deterioro de los servicios de salud de la red púbica, con meses de espera para acceder a una consulta médica y falta de medicamentos en los hospitales del Ministerio de Salud y del IESS.
La CONAIE en su comunicado reitera que es “inaceptable que el Gobierno argumente el menoscabo de recursos para financiar los servicios públicos, que garantizan derechos, cuando al mismo tiempo, Guillermo Lasso y los grupos económicos están vinculados a paraísos fiscales que significan evasión de impuestos». El documento señala que la actual proforma presupuestaria oficial insiste en los mismos errores ya señalados en la primera reforma que fue devuelta por la Asamblea Nacional al Ejecutivo y, además, incluye la privatización de activos públicos -bancos, refinerías e hidroeléctricas- que busca ser repartidos entre sectores empresariales particulares.
La CONAE llama a impedir “la devastación social y económica que atraviesa el pueblo ecuatoriano por la implementación despiadada de las políticas neoliberales conducidas por la banca y el FMI”
El régimen, en tanto, muestra el mayor signo de ingobernabilidad oficial en el afán del gobierno de gobernar a contracorriente.
