Son dos vecinos -Ecuador y Perú- con un destino histórico común y una vocación industrial marcada por la riqueza del subsuelo, cuyos recursos naturales mineros ahora enfrenta a ambas naciones a un desafío económico similar. Una impronta geográfica que, como se ha dicho, representa una oportunidad histórica.
Para evaluar las opciones existentes para ambos países de cara a la industria extractiva aurífera y cuprífera tiene lugar los días 18 y 19 de noviembre, en formato virtual, el II Encuentro Minero Binacional Ecuador Perú con participación de tres actores claves en la actividad de ambos países, la industria, la comunidad y el Estado.
En su primera jornada el encuentro contó con la participación del Viceministro de Energía de Ecuador, Javier Vera G, quien al ilustrar su intervención con estadísticas destacó que el país en 8 áreas mineras tiene potencial de explotación de 3 millones de hectáreas y un 48% de territorio que se puede concesionar en el llamado cinturón de cuprífero aurífero de Chile-Perú-Ecuador. En el año 2016, en el país había 790 mil hectáreas concesionadas a empresas mineras, en 2018 aumentaron a 3 millones. Se calcula que el área donde se practicará la extracción de minerales -oro, cobre y plata-, es 90 veces mayor que la superficie del Parque Nacional Cotopaxi.
Además de esta potencial riqueza, durante el año 2020, la minería generó $ 810 millones de dólares en exportaciones, y permitió recaudación de $ 430 millones por impuestos y captó $ 374 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa. Según estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y noviembre de 2020, la exportación de productos mineros alcanzó un valor de $ 810 millones, reflejando un crecimiento del 206% comparado con el mismo periodo del 2019 en el cual estos rubros sumaron $ 265 millones de dólares. Hasta el mes de noviembre del 2020, los minerales representaron el 4,4% de las exportaciones totales del país. Los minerales se ubican como el sexto producto más exportado después del petróleo, camarón, banano, enlatados de pescado y cacao, superando a productos de exportación primaria como flores y madera. Hasta el tercer trimestre de 2020, el sector registra $ 374 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), posicionando a la minería como la actividad que más divisas extranjeras ha captado, ocupando el 41,73% del total nacional de inversión extranjera. En el año de la pandemia la inversión extranjera directa creció a $ 1. 016, 09 millones de dólares, apalancada en la inversión minera. Las exportaciones mineras el año pasado totalizaron $ 921 millones. Eso incluyó las ventas de cobre de la mina Mirador propiedad de Ecuacorriente, una unidad del consorcio chino CRCC-Tongguan, y las ventas de oro de la mina Fruta del Norte de la minera canadiense Lundin Gold Inc. Como proyección económica se estimaba que para para el año 2021, en un escenario pesimista, las exportaciones serían del orden de $ 1.646, 03 millones de dólares, con una recaudación tributaria de $ 540,10. Como escenario optimista, se visualiza una cifra de $ 2. 039, 55 millones de dólares en exportaciones y tributos por el orden de los $ 1.115, 38 millones de dólares.
El viceministro ecuatoriano de Minas, Xavier Vera Grunauer, del ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, puntualizó que Ecuador exhibe 1.600 millones de dólares exportados en minería, por debajo de camarón, banano y plátano, habiéndose incrementado la cifra en un 74% comparado con las exportaciones del año 2020. Se trata de una actividad que genera hoy 40 mil empleos directos, que para el año 2023 aumentará a 150 mil y en el 2025 a 300 mil plazas de trabajo. Además, citó el viceministro al Banco Mundial que señala la existencia de “una transición hacia una energía limpia en un futuro con baja producción de carbonos”. El mundo se encamina hacia el uso de energías limpias y para eso se requiere minería, una industria que “solo representa el 6% de emisión de gases en el planeta”.
En su intervención, el vice ministro peruano del ramo, Jorge Chaves, señaló que “cada país tiene su particularidad con respecto al desarrollo estratégico frente a los conflictos que pudiera generar la actividad extractiva. En Perú hay en los actuales momentos 130 conflictos sociales, 85% son mineros y 15% petroleros. Frente a esta realidad -señaló- “el Estado no puede estar ausente entre la integración que hace la empresa extractiva con la comunidad, en su rol regulador de articular y mediar en la búsqueda estratégica de soluciones para las partes en conflicto. Las comunidades sienten el abandono del Estado frente a sus derechos que tienen al desarrollo. Se advierte la falta de un ingrediente comunicacional que diga cuánto apoya la minería al desarrollo, realidad que debe ser percibida por los pobladores. En el Perú existen más de 7 mil pasivos mineros, lo que refleja el descuido estatal existente respecto a la actividad minera. Una buena administración debe propender al desarrollo y cuidado ambiental, manifestó el viceministro. El estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos, transparentando la actividad: ahí está el secreto de éxito.
En ambos países existe conciencia de que “una buena comunicación es indispensable y que la minería ha sido muy irresponsable con la comunicación”. La población no conoce las oportunidades que ofrece la minería y cómo asignar sus regalías en forma justa. En Ecuador el 60% de las regalías debe ser invertido en obras social por los Municipios. Por su parte, la empresa privada debe trabajar en equipo con las comunidades desde la etapa de la exploración y empoderarlas desde el inicio y con mayor razón en la etapa de explotación.
El trabajo junto a la comunidad
En un segundo panel, “Sumando oportunidades”, el académico peruano, Efraín González, rector de la Universidad Católica, expuso cómo “el espacio cuenta para el desarrollo humano comunitario”, y manifestó que, entre los enfoques para el desarrollo, uno utilitario destaca el incremento del PIB, y otro, el enfoque concentrado en la libertad de las personas. El primero tiene un carácter neoliberal que destaca la “capacidad de elegir entre las opciones de mercado”, mientras que para una óptica diferente “el crecimiento económico no es el objetivo esencial, sino “ampliar capacidades y derechos de las personas con acceso a oportunidades”. En este horizonte el espacio geográfico es condicionante para satisfacer derechos a educación, salud etc. En cada lugar hay recursos naturales localizados geográficamente que deben ser utilizados, puesto que “una de las negaciones del desarrollo humano es la pobreza”. En Perú, el Estado solo está presente de preferencia en zonas urbanas, en tanto, el país tiene un mapa orográfico con ocho zonas naturales donde existe flora, fauna y recursos en capacidad de resolver las necesidades y elevar el Índice de Desarrollo Humano compuesto por “esperanza de vida, logro educativo e ingresos que obtiene la persona”. Un estudio empírico realizado en 1.800 distritos del país demostró que “sectores urbanos tienen mejores oportunidades que los rurales de alcanzar mayor desarrollo humano”.
En el caso ecuatoriano se exhibió el resultado obtenido por la empresa Solaris Resources Ecuador, en la implementación de un nuevo modelo de gestión en el sector minero. Federico Velásquez, Vice Presidente Operaciones Estratégicas de la compañía, expuso la experiencia compartida con la comunidad en el proyecto Warints, en la provincia amazónica de Morona Santiago. Se trata -indicó Velásquez- de un modelo de “minería participativa” desarrollado en Ecuador con el fin de “evitar los conflictos sociales en el sector minero” mediante la superación de la “mentalidad arcaica que existe en el sector minero que reduce la cuestión a “llegar a acuerdos con una comunidad y pagar ciertos montos de dinero, eso es insuficiente”. La comunidad ve avanzar un proyecto minero, pero no entiende su significado y ahí radica el problema. Ha llegado el momento de democratizar y transparentar a la minería y su proceso de exploración, se dijo. La concesión minera permite hacer estudio en los suelos, pero la superficie no es propiedad de la compañía, por lo mismo, debe haber un relacionamiento fuerte con la comunidad. El concepto de colectividad que existe territorios indígenas debe ser considerado esencialmente. Son comunidades originarias ancestrales, colectivas, según costumbres de cada país. El beneficio de un proyecto minero debe ser para la comunidad en territorios de influencia. Para ello debe existir un contrato que ayude a la comunidad a identificar el potencial minero de su territorio. Ejemplo es Warints y Yawi, en territorios ancestrales del Ecuador, donde se llegó a un acuerdo para el inicio de la exploración minera. Los derechos de superficie son de la comunidad y reconocidos por Lowell, empresa exploradora que prefiere establecer acuerdos a corto plazo, máximo de seis meses. La comunidad -señaló el representante de la compañía- debe entender “los resultados de laboratorio en la prospección (…) Explorar es perforar y se ofrece a la comunidad un acuerdo de exploración donde reconocemos el concepto de servidumbre individual y colectiva. Esto implica programas de desarrollo en beneficio de la comunidad”. En el caso Warints y Yawi, se formó un Directorio del proyecto que incluye a la comunidad, a través de la Alianza estratégica de Warintza. Esto permite informar a la comunidad sobre hallazgos y resultados de la exploración y, al mismo tiempo, la comunidad ayuda con contactos comunitarios y la empresa contribuye bajo el concepto de 50-50 con programas de desarrollo participativo comunitario. En esa dinámica la capacitación es importante para los miembros de las comunidades para que sean protagonistas en procesos de exploración y exploración minera. De esa manera, la comunidad puede auditar las responsabilidades empresariales, sociales y técnicas. Solaris Resources comenzó a explorar hace un año y hoy comparte la actividad con 400 miembros de la comunidad shuar en seis campamentos conectados vía helicóptero.
La gestión comunitaria peruana busca similares experiencias. El dirigente comunero Lorenzo Capa señaló que el objetivo es compartir y para ello “la minería de desarrollo sostenible debe tener transparencia en sus actividades sociales y ambientales”. En esta dinámica el sector privado es muy importante para superar una realidad. “Donde hay zonas de influencia directa e indirecta de empresas mineras siempre hay desigualdad y pobreza, ha crecido la desconfianza”, señalo el dirigente. El Estado no ha sabido hacer bien las cosas. Ha habido proyectos diferentes y donde hay mineras hay progresos. No obstante -dijo- existe “un plan de desinformación para crear desconfianza”. En eso influye “la falta de capacitación de la gente, el Estado no tienen un plan de intermediación y alertas tempranas. El Estado aparece cuando ya han estallado los problemas. No nos planteamos la concertación, la conversación y el diálogo con mesas técnicas. Un espacio para los actores: empresa minera, el Estado y la sociedad civil”, enfatizó Capa.
La zona de influencia debe tener prioridad en desarrollo y para eso debe haber una empresa de confianza que implica capacitación comunicación, a través de un proceso de sinceramiento. Debe haber autocrítica sobre lo que hemos hecho y lo que se debe hacer. Se requiere de “mayor coordinación entre Estado y la empresa para tener sistemas de salud para análisis de sangre para, implementar mecanismos de justicia ambiental”.
El otro tema es laboral -dijo el dirigente- “en la etapa de exploración hay trabajo, pero en la etapa de explotación no lo hay suficiente”. No existen planes de becas, no hay un plan de tecnología para la empresa. Debe haber autoempleo que genere ingresos. Es necesario implementar “un plan de inversiones para jóvenes y mujeres que permita su desarrollo autónomo, adecuado a su realidad concreta, respetando las costumbres de cada pueblo”, concluyó Capa.
Tony Morocho, presidente del GAD Cumbaratza, de Zamora Chinchipe, al referirse a la minería dijo que es hablar de desarrollo y mejorar la calidad de vida en infraestructura comunitaria. Reflexionó acerca de qué leyes amparan a la comunidad y cómo desarrollar proyectos mineros. Indicó que los GADs en el país tienen legalmente autonomía administrativa y presupuestaria. Existe una Ley orgánica territorial amazónica para gestionar proyectos sustentables en educación e infraestructura en la Amazonía. Y en dos proyectos mineros en Zamora Chinchipe se garantiza las regalías desde un fondo común para que los pueblos y comunidades tengan provecho de la actividad minera.
La provincia de Zamora Chinchipe percibe dos dólares por cada barril de petróleo en GADs parroquiales, siendo una provincia esencialmente minera, con tres anillos, uno de zona de influencia y dos que no son zona de influencia. Manifestó que se hará una reforma para que toda la provincia sea de influencia minera. “El Estado en esa gestión debe tomar cartas en el asunto y regular a los pequeños mineros. Existen diferentes maneras de explotar el oro y el cobre, a gran escala, artesanal y pequeña minería. Todos debemos ser legalizados y normalizados porque damos fuentes de empleo a la comunidad como la industria a gran escala”.
La regularización de la pequeña minería es necesaria para no contradecir la Constitución vigente que señala los derechos de la naturaleza. A su vez, el pequeño minero debe tener prioridad con menores costos de producción. La provincia ha mejorado económicamente, pero existe la falta del Estado en la protección de derechos. Con las regalías mineras se ha construido espacios públicos recreativos y favorecido al sector campesino en proyectos productivos, y se ha construido una obra de salud comunitaria parroquial. La minería genera trabajo y desarrollo de los pueblos, concluyó el representante del GAD provincial.
