En un comunicado, organismos de Derechos Humanos que forman parte de una Alianza contra Las Prisiones, advierten que el país “no vive ya una crisis carcelaria, sino un claro proceso necropolítico, que extermina a la gente despojada y destituida de la sociedad: jóvenes, personas pobres, migrantes, mujeres trans, gente con discapacidad, personas encausadas sin sentencia”.
En la práctica, la realidad parece darles razón cuando se constata que entre ciudadanos asesinados por “la omisión del Estado”, están las poblaciones urbanas empobrecidas que han luchado en sus barrios en octubre de 2019, pero que la justicia estatal decidió nombrar como delincuentes”
Entre las personas ejecutadas debido a la “omisión del Estado” se encuentran Helen, una mujer transexual (…) Victor Guaillas, defensor del agua y derechos de la naturaleza, criminalizado por protestar en octubre del 2019 pero que no tenía sentencia firme. Además, fueron asesinadas numerosas personas sin sentencia ejecutoriada, jurídicamente inocentes, señala el organismo en su comunicado.
Prueba de la omisión estatal, señalan que la inacción del Gobierno tardó siete horas en la intervención policial, luego del primer pedido de auxilio por parte de los reclusos amenazados de muerte en la penitenciaria del Litoral. Mientras tanto, varios representantes del gobierno incluidos el presidente Lasso, ministro de Defensa y Gobernador del Guayas brindan en un evento del cuerpo diplomático militar de los Estados Unidos celebrando el aniversario de los Marines.
“Durante esas horas -señala el comunicado de derechos humanos-, el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, en comisión por omisión, a por lo menos 68 internos en un país donde la pena capital está proscrita. Durante esas 7 horas las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales transmitieron en redes sociales la desgarradora espera de sus verdugos, quienes tuvieron tiempo suficiente para romper más de una docena de paredes con tacos de dinamita, a los cuales nunca debieron tener acceso”, denunciaron.
En fuerte critica el comunicado califica las respuestas estatales de “indignantes e insatisfactorias”, al constatar que, luego de siete horas de masacre carcelaria, la versión oficial afirmó que las ejecuciones masivas son el resultado de la prelibertad de un interno, quien sería el “cabecilla” de una banda. Además, como justificación la comandante General de la Policía, Tania Varela, señaló que el personal a su cargo no contaba con las condiciones para intervenir y detener la masacre en la penitenciaría. Los representantes de los derechos humanos expresaron su indignación porque “el gobierno no asume su responsabilidad por las masacres y busque todo el tiempo culpar a gobiernos pasados o instituciones, como la Corte Constitucional”; al tiempo que rechazan que la dimensión internacional de las masacres carcelarias ecuatorianas se reduzca, en la versión oficial, al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la “guerra entre bandas”.
El comunicado de los representantes de los derechos humanos concluye en que, “la dimensión internacional de las masacres necesita entenderse como lo que es: un naciente exterminio de personas pobres, sometidas a violencia racista y sexista como forma de gobierno, como necropolítica (la gestión económica y política de las poblaciones humanas a través de su exposición a la muerte) en América Latina”, reafirmaron.
La explicita declaración de organismos de derechos humanos, amerita una profunda reflexión ciudadana acerca de que, si el Estado ecuatoriano en manos del actual Gobierno, es protagonista de dicho proceso necropolítico que, de ser cierto, contradice todo principio humanista y de convivencia democrática en el país.
