La nueva masacre carcelaria acaecida la madrugada del sábado en la Penitenciaría del Litoral tiene entretelones singulares por el nivel de violencia ejecutada por los reos con un saldo hasta anoche de 68 muertos y 25 heridos, y por la ausencia del Estado que dio lugar al enfrentamiento armado entre bandas criminales. Ambos hechos se manifiestan en una circunstancia que refleja una realidad insólita: en los precisos instantes cuando los reclusos protagonizaban un intenso tiroteo entre reos de los pabellones 3, 7, 8 y 9 que atacaron a los del pabellón 2 y área Transitoria. A la misma hora -19h00 del viernes- el presidente de la República, Guillermo Lasso, y funcionarios responsables de la seguridad nacional y provincial -el ministro de Defensa, Luis Hernández y el Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, vestidos todos de elegante frac-, hacían un brindis con sendas copas de licor durante una recepción organizada por la diplomacia norteamericana en una fiesta de aniversario de los Marines de Estados Unidos. ¿Coincidencia o puro simbolismo? El hecho se suma a la escasa intervención del Estado ecuatoriano en la crisis carcelaria con una declaratoria de estado de emergencia sin resultados notables, en medio de discursos que buscan culpar del tema a gobiernos anteriores.
Entre las causas de la “crisis carcelaria”, señaladas por los analistas, se encuentra la ausencia del Estado en el sistema penitenciario nacional, e instituciones responsables de la “rehabilitación social” de los reos, y su liberación por decisión de jueces en discutidos fallos, además de la complicidad del personal de vigilancia del sistema penitenciario cooptado por la corrupción.
Ante estas opciones, el narcotráfico está cambiando sus líderes que antes tenían entendimiento con el Estado, a través de una relación con otros gobernantes. Hoy la cárcel es escenario del proceso de recambio de caudillos de las bandas criminales financiadas por narcocarteles internacionales y locales. El objetivo es el control del negocio de estupefacientes, sitios de bodegaje y tráfico internacional de drogas que utilizan el espacio territorial ecuatoriano para llegar a su destino final en mercados americanos y europeos. Una actividad que está siendo dirigida desde los centros penitenciarios locales por líderes y sus organizaciones que cuentan con todas las prerrogativas prohibidas por la ley: privilegios en el régimen de visitas carcelarias, sistemas de comunicación electrónica, facilidad de acceso a armamento sofisticado, anuencia del personal de vigilancia -directivos, jefes y personal operativo- sobornado por los capos.
Ineficiencia oficial
Según la Comandante General de Policía, Tannya Varela, esta vez la causa del enfrentamiento entre reos fue la liberación de Alex Salazar, uno de los cabecillas de la banda de Los Tiguerones que el 10 de noviembre de 2021 se acogió al régimen semiabierto, tras cumplir el 60% de su pena. Los 700 presos que controlaban el pabellón 2, fueron atacados por otras organizaciones delictivas que intentaron apoderarse de ese pabellón ahora sin líder. El juez Oswaldo Dávila, de la Unidad de Garantías Penales de Guayaquil, otorgó el beneficio penitenciario a Salazar y se emitió la boleta de excarcelación. La Fiscalía exhortó a los jueces para que den prioridad a las audiencias de juicio y pedidos de revocatoria a la prisión, pues el 40% de presos no tiene sentencia.
El primer mandatario, Guillermo Lasso, responsabilizó de las masacres carcelarias a los órganos judiciales de Ecuador: “El deber fundamental de un Estado es garantizar la vida de los ciudadanos, sin discriminación alguna. Es el derecho humano fundamental (…) hoy esa labor resulta imposible, por decisiones judiciales que ponen restricciones exageradas a la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado para defender la vida (…) Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional”, dijo Lasso en una de sus publicaciones en Twitter. El mandatario señaló que les hacen falta herramientas constitucionales para recuperar el orden en los centros carcelarios y combatir a las mafias. La Corte Constitucional le respondió al mandatario que está tratando de evadir sus responsabilidades: “La severa crisis que afecta al sistema penitenciario requiere de acciones diferentes y estructurales, diferentes a las que pueden ser adoptadas en un Estado de Excepción”, señaló en “un llamado a la Función Ejecutiva para que implemente acciones concretas y adecuadas”.
No obstante, las mutuas inculpaciones entre instituciones del Estado no terminan ahí. De acuerdo con testigos e información recabada por reporteros locales, los disparos comenzaron a escucharse en las poblaciones vecinas el viernes por la noche, los presos transmitieron desde sus teléfonos móviles en vivo, a través de Facebook, para mostrar lo que estaba pasando y suplicar ayuda al Gobierno: “Quieren meterse por una de las puertas…Ayúdenos con la Policía, con los militares”, dijo un reo desde una transmisión en redes sociales. Pero ninguna autoridad intervino y recién se ha pronunciado sobre la nueva masacre hasta entrada la mañana del sábado, sin embargo, que en el sistema penitenciario está declarado el “estado de emergencia” en todas las cárceles del país, desde la anterior masacre que dejó 119 reos muertos a finales de septiembre, cuando restan solo dos semanas para que termine el plazo de excepción, y desde entonces no han parado las muertes de presos. En lo que va del año 2021 se han registrado 265 muertes violentas en las cárceles ecuatorianas.
En esta oportunidad se comprobó la lenta reacción de los aparatos del Estado que anunciaron de la masacre dos horas después de iniciada a las 19h00 del viernes; aun cuando habían sido alertados dos días antes de “extraños movimientos” al interior de la penitenciaria, que auguraban lo que sucedería horas después. En el momento de iniciada la balacea entre los reos, la policía se abstuvo de intervenir -según versión del Gobernador del Guayas-, porque “la situación revestía tal peligrosidad y riesgo”, que la fuerza policial tampoco intervino inmediatamente, habiendo ingresado al lugar de los hechos a las 2 de la madrugada del sábado, según confirmó la comandante policial, Tanya Varela, quien también reconoció que “el tema del control del pabellón 2 no está resuelto, por lo que más seguro es que continúen los enfrentamientos”.
El Estado y sus instituciones, mal hacen en inculparse mutuamente por la ineficiencia oficial. El relevo de los capos de las mafias cuenta con significativa ventaja ante la ausencia de un Estado que, en su omisión, auspicia acciones delictivas violentas de mafias internacionales y locales con protagonismo de pandillas que actúan libremente con la complicidad de la inacción de las fuerzas armadas y de la policía. No obstante, la mea culpa oficial.
