Hay noticias que se vuelven paisaje mediático de tanto repetirlas. Y aun así no generan la indignación ciudadana necesaria que obligue a las autoridades a dar solución inmediata. Es el caso de la falta de medicinas en hospitales del sistema de salud nacional, integrado por los centros médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Este hecho que es para los medios informativos una nota más, no obstante, para los pacientes representa un drama de vida o muerte que viene llenando páginas de periódicos, pantallas de televisión y espacios radiales, sin que hasta el momento se encuentre una solución definitiva y satisfactoria para millones de ecuatorianos que sienten que su salud y vida están en manos de burócratas que no dan respuesta al problema. Esta irresponsabilidad raya en «un crimen de Estado», como lo calificó un paciente oncológico que padece cáncer y no recibe su medicación desde hace meses.
Meses que hacen que la espera en las puertas de los hospitales públicos sea larga y angustiante para familiares de pacientes que reciben pedidos de fármacos e insumos que escasean en las salas de cuidados críticos y de hospitalización. Es el caso del anestésico Rocuronio, usado para sedar a los pacientes infectados del virus del Covid-19, que requieren ser entubados. Ese insumo médico se lo consigue en el mercado negro a un precio de 400 dólares, es decir, a un valor por sobre lo legal. La especulación en redes sociales practicadas por mafias que adquieren los medicamentos y los revenden está a la orden del día, sin que las autoridades muestren operativos efectivos que den con los delincuentes que de preferencia trafican con anestésicos y antibióticos utilizados en las UCI de los hospitales públicos.
Según explicación de los Colegios Médicos, el problema de desabastecimiento en centros de salud pública se agravó con las oleadas de contagios de la pandemia. Es el caso concreto del antinflamatorio tocilizumab, de nombre comercial Actemra, y corticoides intravenosos de elevada demanda. El masivo requerimiento de estos fármacos provoca el incremento ilegal de sus precios, como es el caso de Actemra 200 mg., cuyo valor de mercado no debe exceder los 342 dólares pero que se consigue en mil dólares en el mercado negro por Internet. Ante esta situación personal de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) recomiendan no usar las redes sociales para adquirir medicamento y denunciar a los precios fuera de la ley.
Problema nacional
Si bien el problema es agudo en provincias como Pichincha, Guayas y Azuay, se replica a nivel nacional en todos los hospitales del MSP y del IESS. Y adquiere una gravedad fuera de control en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), centro de salud que despacha tres millones de recetas cada año. En el último semestre, pacientes trasplantados (inmunosupresores), con VIH (antirretrovirales), oncológicos (quimioterapias) e insuficiencias cardiacas (beta bloqueadores, diuréticos, anti grasos) han expresado su preocupación por la falta de estos medicamentos para estas patologías consideradas crónicas. La explicación que ha dado a la prensa el doctor Juan Páez, Gerente del HCAM, es que “hay desabastecimiento de medicamentos, producto de incumplimientos de los proveedores e incremento del número de afiliados, pese a nuestra planificación para la compra de insumos y fármacos, los pacientes han aumentado en varias unidades”. Explicación insatisfactoria, puesto que el Covid-19, -como se constata en la realidad- ha hecho olvidar a los pacientes y a los medicamentos de las demás especialidades, como lupus, artritis, linfoma y otros tipos de cáncer, que atiende el principal hospital del IESS en Quito.
Esta realidad ha motivado diversos periplos del vicepresidente de la República, doctor Alfredo Borrero, por los hospitales del sistema de salud pública, sin resultados concretos en la solución del problema. En sus visitas -a veces solo- a veces acompañado de la ministra de Salud, Ximena Garzón-, ha expresado “su lamento por que los pacientes compren las medicinas con su dinero propio”. Si el lamento oficial es sincero, debería el IESS reponer contra factura los dineros que gastamos los pacientes cada mes en farmacias privadas, porque estamos pagando una afiliación, cuyo servicio de proveeduría de medicamentos no recibimos siendo un derecho de los afiliados al IESS. Otro cantar que se suma al coro de lamentos oficiales es el del presidente Guillermo Lasso que ha dicho -sin concreción en la realidad- que habrá “una auditoria al sistema de compras públicas para evitar que siga campeando la corrupción”. La ministra de Salud, por su parte, aseguró que “el Gobierno ya está trabajando en un plan para solucionar este problema”, medida que en la práctica no se comprueba.
Ante la caótica situación de los hospitales públicos, incomprensible para las propias autoridades, el MSP saca sus propias conclusiones y atribuye la falta de fármacos, no obstante, a la compleja situación que atraviesan los hospitales: sí hay dinero para la compra de medicinas e insumos. Sin embargo, la entidad aún no ha identificado las razones reales del desabastecimiento. La ministra Garzón, ha declarado: “No es que los hospitales no tengan dinero. Están asignados los presupuestos (…) Necesitamos saber por qué no se han ejecutado los presupuestos. Y, sobre todo, corregir estos inconvenientes”. En la práctica nada. Desde la industria farmacéutica se responsabiliza al gobierno por la falta de abastecimiento de medicinas: “Esto significa que estos hospitales (públicos) no se han abastecido de medicinas para entregarlas a pacientes con cáncer, VHI o con enfermedades raras o catastróficas (…) “Lo que no hubo es una buena gestión de compra”, se dijo.
El vicepresidente Borrero, se tranquiliza a sí mismo con expresiones metafóricas: “La salud está enferma”. “El sistema de salud en el país es deplorable”. Palabras dichas luego de su periplo por el sistema de salud pública. Palabras, palabras, tan solo palabras, como dice la canción. Los porfiados hechos que contradicen a las palabras es que el vicepresidente constató que la situación en los hospitales es tan extrema que algunos días no han entregado medicinas básicas como el paracetamol, utilizado para calmar dolores de cabeza y fiebre. “Los pacientes no pueden esperar por sus tratamientos, pues corren el riesgo de que su estado de salud empeore. O, incluso, algunos pueden morir”, dijo un médico del hospital Eugenio Espejo. “Es como si fuéramos a la guerra sin armas”, concluyó.
En protesta los galenos públicos del Hospital Eugenio Espejo (HEE) y HCAM han realizado diversos plantones -como el de los días del mes de junio- para exigir al Gobierno la provisión de medicamentos e insumos que los mantienen “atados de manos”, como reconoció Cristian Cevallos, médico del HCAM. Similar situación ocurre en el Hospital Baca Ortiz de Quito, centro hospitalario que no cuenta con suficientes medicamentos para sus pacientes pediátricos. Otra vez se escuchó el lamento burocrático de ministra de Salud: “Como médica y ciudadana, me siento preocupada sabiendo que hay tantas necesidades de las personas y que los médicos y enfermeras, queriendo ayudar, no pueden hacerlo porque no cuentan con los insumos necesarios”.
En los últimos días se conoció le versión oficial que señala que habría un cambio en el sistema de suministro de medicinas en el país. Los médicos del sistema de salud publica emiten la receta que el paciente puede despachar en cadenas farmacéuticas boticas y éstas facturan al MSP y al IESS. La medida aparece como un abierto beneficio al negocio privado de la medicina en favor de farmacias que, como en el caso de clínicas que establecen convenios con el IESS no cuentan con regulaciones y controles efectivos que eviten sobreprecios en su facturación emitida al Estado. Se ha constatado en la práctica sobreprecios hasta de tres veces el valor de servicios y medicamentos. Otra tarea fallida del Estado
La peor promesa oficial incumplida, es que el día 24 de mayo de 2021 que el gobierno asumió el poder, el vicepresidente Alfredo Borrero prometió mejorar la situación del sistema público de salud para que los hospitales dispongan de insumos suficientes en sus servicios. “No más listas de espera de 12.000 pacientes para una cirugía. Ya no más citas para 5 meses, ya no más medicamentos caducados en los centros de salud”, dijo Borrero. Palabras que se quedan rezagadas ante los hechos que -como calificó un paciente oncológico- rayan en un crimen de Estado.
