La suerte del presidente de Chile, Sebastián Piñera, parece estar echada. A solo diez días de celebrarse las elecciones presidenciales en primera vuelta, la Cámara de Diputadas y Diputados del país del sur decidió por 78 votos -necesarios-, abrir un proceso acusatorio al mandatario, que deberá ser debatido en el Senado donde se requiere 29 votos para aprobar su destitución.
Por lo pronto, Piñera quedó «impedido de salir del país y bajo riesgo de ser destituido y no poder ejercer cargos públicos durante cinco años», luego de que el parlamento chileno aprobara por mayoría democrática la acusación constitucional en su contra, por “actos que comprometieron gravemente el honor de la nación”. Falta de probidad y “haber infringido la Constitución y las leyes” en su vínculo con negocios irregulares en “paraísos fiscales” en relación a un proyecto minero.
Fueron necesarias 22 horas de exposiciones y debates en la Cámara Baja, en la ciudad de Valparaíso, para que al final de una sesión sin precedentes, quedarán al descubierto detalles de vínculos del mandatario chileno con negocios irregulares denunciados en documentos de “Papeles de Pandora”. La investigación parlamentaria se relaciona con la participación de Piñera y su familia, además su amigo íntimo, Carlos Alberto Délano, en el proyecto minero “Dominga”, ante lo cual el Ministerio Público está investigando posibles delitos tributarios y de cohecho.
La Fiscalía de Chile abrió una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, uno de los políticos que aparece en los Pandora Papers sobre movimientos de recursos financieros en paraísos fiscales, por el caso de la venta del proyecto minero Dominga. El Fiscal Nacional de Chile, ha tomado la decisión atendiendo a que los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación.
Decision parlamentaria sin precedentes
El hecho ocurrido en las últimas horas, determina que es la primera vez que el Parlamento chileno aprueba una acusación constitucional en contra de un Presidente de la República. En el caso de Piñera era previsible, tomando en cuenta su historia personal de “vínculos con negocios irregulares y operaciones financieras oscuras”, largamente informadas en medios de prensa, procesos judiciales y denuncias.
En una acción parlamentaria singular, el diputado Jaime Naranjo expuso durante 14 horas las razones y antecedentes de la acusación constitucional, hasta dar tiempo a que el diputado Giorgio Jackson pudiera votar a partir de las cero horas del martes, debido al contagio por Covid-19. Naranjo habló catorce horas -sin descanso- hasta poner en consideración del resto de diputadas y diputados los detalles de la acusación contra Piñera y los motivos que la justificaban constitucionalmente. Los parlamentarios chilenos consideraron que “es un día histórico para la democracia chilena” que, haciendo uso de prerrogativas constitucionales, ponen al mandatario derechista al borde de la destitución.
La Cámara de Diputadas y Diputados decidió poner fin a la impunidad con la que ha gobernado Piñera. “Impunidad como autor de graves violaciones a los derechos humanos, y la impunidad en la que ha estado anteponiendo sus intereses personales siempre ante los intereses de la nación”, según manifestaron los denunciantes. Este hecho fue posible, según destacaron, “por la unidad de toda la oposición”, circunstancia que “resulta ser un homenaje a las víctimas y reconocimiento a sus familiares, que han sufrido por este gobierno”. Además, diputados chilenos indicaron que esta acusación al presidente Piñera “marca un hito en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, en terminar en Chile de una vez por todas con casos de soborno a los niveles más altos de la autoridad del país”.
Entre los casi 12 millones de documentos financieros filtrados —que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, la evasión de impuestos o, en algunos casos, el lavado de dinero— aparecen 330 políticos de 90 países. América Latina no es la excepción: tres presidentes en activo, Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana, están en la lista de la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
La lección chilena es válida, acaso, para Ecuador, país que también se encuentra en similar proceso indagatorio de las acciones presidenciales. Con una diferencia: la lucha contra la impunidad de actos presidenciales reñidos con la ley no tiene porqué “desestabilizar a la democracia”. La presunta culpabilidad presidencial no es consustancial a la afectación democrática en ambos países. Por esta razón, el parlamento en Chile declaró culpable al presidente Sebastián Piñera.
