Contrariamente a lo que afirman los voceros oficiales el proyecto de ley urgente de “Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional está siendo objeto de diversas críticas por considerarlo atentatorio a los intereses de la clase media ecuatoriana. Las observaciones provienen de la mesa legislativa de Desarrollo, y bajo una granizada de críticas el documento permanece en estado de congelamiento por parte de expertos económicos y tributarios desde el primer día de análisis y debate. El futuro del proyecto en los siguientes nueve días es incierto, afirmaron fuentes legislativas, y advirtieron que esta ley de reforma tributaria propuesta por el régimen, no hace otra cosa que “contraer la economía, informatizar el comercio y desincentivar la inversión en el país”. Las objeciones al documento oficial se concentran en la tabla de aportaciones tributarias de personas naturales, el impuesto patrimonial y la eliminación de deducciones de gastos personales que, según advierten, constituyen un duro peso para los sectores económicos medios.
En la Comisión legislativa encargada se escucharon voces contrarias a la ley tributaria. Wilma Andrade, de la ID, presidenta del organismo parlamentario, señaló que las observaciones realizadas por los expertos tributaristas serán analizadas y algunas incorporadas para el debate del proyecto. A renglón seguido agregó que, “el impuesto referido a las personas naturales que ganan más de $ 2.000 mensuales, sin que se generen las deducciones como existía antes, atentaría a la formalidad del tema tributario”. La parlamentaria socialdemócrata, en un intento de encontrar puntos intermedios, señaló que es posible “un equilibrio”, pues si se amplía la base contributiva podrían bajas los porcentajes de las contribuciones patrimoniales. Es decir, se trata de revisar “la eliminación de los deducibles”, caso contrario se termina golpeando a la clase media y con ello bajará el consumo de bienes en el país en clara contracción de la economía nacional. La legisladora estimó que el propósito oficial de obtener $ 1.800 millones de dólares adicionales en impuestos mediante la aprobación de la ley tributaria “es ambicioso y tendrá que aterrizar de manera más realista”, y ser menos dramático para algunos sectores medios. El debate legislativo continúa este fin de semana en torno a una ley recomendada por el fondomonetarismo internacional. Se espera la presencia de sectores empresariales en la Asamblea Nacional y del sector financiero del gobierno para expresar su criterio en la discusión.
Con anticipo se conoció la versión del ministro de finanzas, Simón Cueva, considerado por sectores de la oposición como “peón del FMI” en la región. Cueva insiste en que “la proforma presupuestaria del 2022 va en la dirección de continuar bajando el déficit fiscal con recursos permanentes” y, supuestamente, dar “sostenibilidad a las finanzas públicas, dar una imagen de seriedad y, por tanto, atraer inversiones que servirán para reactivar la economía”. En sus argumentos destaca la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria, no solo para la baja del déficit, sino porque también bajaría la necesidad de financiamiento, que ahora está en el rango de los $ 9.500 millones. El ministro recordó, además, que la reforma tributaria apunta a una mayor contribución de al menos 6.000 personas y sociedades conyugales con patrimonios mayores a $ 1 millón y a $ 2 millones, respectivamente. También hay una contribución especial para empresas con $ 5 millones de patrimonio en adelante, que suman 1.900 empresas en total. Destacó que se hace una serie de rebajas en el IVA, por ejemplo, para toallas sanitarias y otros productos de higiene.
Continúan las objeciones
No obstante, voceros del sector privado manifestaron diversas objeciones a las intenciones oficiales. Expertos tributarios argumentan que “la carga impositiva hacia las personas naturales, que según la propuesta significaría cerca de $ 800 millones, “está errada” porque, únicamente, afectará al 3,4 % de los ecuatorianos, pero que ese grupo de personas pertenece a la clase media que es la que mueve la economía del país, que tienen ingresos entre $ 2.500 y $ 5.000 mensuales”. Estas personas, según argumentan, “no deben ser castigadas con más impuestos y si quieren mantener la tabla impositiva propuesta en el proyecto debe aplicarse el sistema de deducciones para ese sector de personas”. Los expertos sostienen que el impuesto a la renta para las personas naturales “como está planteado en el proyecto pretende regresar a lo que estaba fijado en el 2007, donde no había deducciones de gastos personales como vivienda, salud, educación y vestimenta. Y eso sería un retroceso”. No debe gravarse tanto a la clase media, que al momento no tiene un ahorro, consideran los analistas.
Desde la Cámara de Comercio de Quito existe objeción al proyecto, pues “el objetivo de la reforma del Gobierno es netamente recaudatorio, va en contra de la reactivación económica y la formalización de la economía”. Considerado, además, nocivo para el ahorro y desincentiva la inversión en el Ecuador, porque en el 2022 las empresas deberán pagar tres impuestos: impuesto al patrimonio, impuesto a la renta y el impuesto que se creó en la Ley de Simplicidad Tributaria, lo cual implica menos liquidez. Es “una irresponsabilidad” incluir a las empresas que no generaron ganancias entre las que tienen que pagar el impuesto al patrimonio, concluyen los especialistas. En tanto, el Impuesto a la Renta de las personas naturales “es una reforma peligrosa e inconsistente” con la intención de ordenar un sistema tributario eficiente y progresivo, porque alienta la informalidad y es confiscatorio. Los contadores de Pichincha, desde su organización gremial, manifestaron que la eliminación de las deducciones de gastos personales “afectará a la cultura tributaria de los ecuatorianos”.
Al final del día, los expertos piden a la comisión legislativa que “medite sobre el efecto económico del incremento del impuesto a la renta a la clase media, también arguyen que el proyecto de Ley en discusión establece varias normas que “atentan contra la seguridad jurídica, la certeza y estabilidad de las inversiones realizadas en el Ecuador”, la eliminación de los incentivos sin una clara transitoriedad en la Ley solo ahuyentará las inversiones, señalaron. Desde el gobierno el defensor de la medida a ultranza, -Cueva- insiste en que Ecuador tiene vocación de regresar a los mercados, pero se buscaría que lo hiciera de forma ordenada, predecible.
Lo único predecible es que, a este paso, la reforma tributaria del gobierno reciba un rechazo creciente de parte de los propios sectores a los que dice favorecer.
