La cultura posibilita que demos sentido al mundo, a los objetos, a las palabras, los gestos y los mitos. El arte es aquella suma de subjetividades que explican nuestra comprensión de aquellos fenómenos y, asimismo, de los acontecimientos sociales. Está envuelto en una carga emotiva y sensible, así como lógica y racional.
El arte y el trabajo cultural, a su vez, son expresiones realizadas con el propósito de comunicar algo que no puede formularse de otra manera; su ejercicio, un esfuerzo de miles de personas trabajadoras, sostiene la vida espiritual y material no solo de sus artífices, sino de comunidades y sociedades enteras. La cultura es esencial en la construcción de sentidos y, por lo tanto, es junto al trabajo, una característica fundamental de todos los seres humanos.
El Estado ecuatoriano, no obstante, es incapaz de comprender y conceptualizar la cultura, el arte y las identidades. Los artistas, trabajadores y gestores de las culturas han sido ignorados e invisibilizados, al momento de establecer los presupuestos de las administraciones de turno.
De igual forma, el sector no puede seguir soportando una débil política pública de las culturas puesto que denigra sus derechos, al invertir la paupérrima suma de USD 0,86 per cápita cada año; es decir, el equivalente mensual de un caramelo de USD 0,07 por cada habitante.
Las instituciones del Sistema Nacional de Cultura (SNC) y las organizaciones culturales autónomas e independientes, atravesamos -desde hace varios años- un proceso sistemático de recorte presupuestario. Cuando han surgido problemas de conmoción interna o externa, desastres naturales o determinadas calamidades, el Estado declara alerta y/o emergencias.
Como resultado, los primeros en soportar grandes recortes -y que el dinero se traslade a otros sectores- son la cultura las artes y la educación; un ejemplo evidente es la reciente mutilación de los fondos, acaecida durante la actual pandemia.
Estas disminuciones se han sumado a aquellas realizadas, en los últimos años y de manera metódica, por el Ministerio de Finanzas las cuales han atentado contra todas las instituciones del SNC, so pena de que -en caso de incumplimiento- sean derruidas.
En agosto del 2019, diferentes sectores autoorganizados se agruparon en las plataformas virtuales bajo la consigna de LaCulturaenemergencia. Consideramos que la medida todavía es pertinente. En consecuencia, exigimos al Gobierno que realice una declaratoria de emergencia cultural, la cual favorezca el cumplimiento de la Ley de Cultura, puesto que su inobservancia afecta -de forma directa- a decenas de miles de familias.
El irrespeto de la Ley aqueja en conjunto, al todo el SNC, a la CCE y a los colectivos autónomos e independientes; no solo es una cuestión presupuestaria: es un problema integral. Es por eso que, ante los motivos que detallamos a continuación, exigimos la declaratoria de emergencia cultural nacional.
1. Recortes sistemáticos de los presupuestos del SNC
En los últimos años, de forma gradual, el Ministerio de Finanzas ha reducido los presupuestos de la CCE y de las instituciones pertenecientes al SNC. En el caso de la primera el recorte -desde el 2017 hasta el 2021- asciende a 6.411.713; sólo en el 2020 la disminución fue de USD 3.376.274.
La planta de empleados y exempleados de la Sede Nacional de la CCE presenta problemas similares. La situación de las jubilaciones, por ejemplo, es aún más grave: el Estado adeuda USD 4.477.672, desde el año 2006 hasta el presente.
Cancelar las jubilaciones de extrabajadores de la CCE, solo del periodo 2021, -tanto del Código del Trabajo, así como las de la ley Orgánica de Servicio Público- de las provincias de Cañar, El Oro, Guayas, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Esmeraldas, Morona Santiago, Tungurahua y Zamora Chinchipe, requieren que el Gobierno desembolse USD 1.231.810,25.
Además, se estima que el próximo año la deuda por jubilaciones ascenderá -por lo menos- a USD 1,5 millones. El hecho generará que la CCE se vea obligada a destinar alrededor de USD 6 millones, a partir de un presupuesto (fijado por el gobierno en la proforma presupuestaria del 2022) de USD 13 millones ¡Casi la mitad implicaría el pago de jubilaciones!
Las necesidades de los núcleos son angustiantes:
a) Alrededor de la mitad del presupuesto anual destinado al pago de bienes y servicios por el Núcleo de Galápagos (USD 70.962,449, se usa para saldar el arriendo de sus propias instalaciones (USD 34.675,20). La inversión diaria en cultura, efectuada por el Gobierno nacional en la región -para una población de 25.244 habitantes- es de apenas USD 0,9.
b) En el 2001, se le asignó al Núcleo de Santo Domingo de los Tsáchilas la cantidad de USD 136.449,51 para que atendiera a los 480.000 habitantes de la provincia, es decir USD 0,28 anuales por cada individuo. Además, su capital provincial -la quinta ciudad más grande del Ecuador- no dispone de ningún teatro.
c) El Núcleo de Tungurahua recibió USD 251.210,29 en el 2021, para asistir a una provincia de 600.000 habitantes que está dividida en nueve cantones. No obstante, fuera del gasto corriente, el presupuesto para la ejecución de procesos y de actividades culturales es de aproximadamente USD 20.000. Esto equivale a una inversión de USD 0,41 anuales por habitante, y a USD 2222 anuales para cada cantón.
d) La situación de los núcleos de Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe es preocupante, debido a la incomprensión que padece el Estado respecto a las condiciones específicas del territorio amazónico. Las distancias, -agravadas por la orografía, la necesidad de transporte aéreo y fluvial, la heterogeneidad cultural- hacen que los costos logísticos para la gestión cultural se multipliquen.
La realidad expuesta contrasta con la del Presupuesto General del Estado (PGE) (2020), el cual asciende a USD 26.915.700.000. La CCE por su parte dispone de la suma de USD 11.816.478; es decir 0,04% del PGE. Mientras tanto instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reciben el 8,42. En el periodo 2018-2021, la disminución presupuestaria de la CCE alcanzó al 20,4%.
La estabilidad laboral y el número de trabajadores en la CCE atraviesan un momento delicado. En varios núcleos provinciales, solo uno o dos funcionarios tienen nombramiento. El caso de Santo Domingo de los Tsáchilas ilustra muy bien esta crisis: apenas existen cuatro funcionarios incluyendo al Director, quienes aglomeran las tareas de conserje, secretario, tesorero, personal de limpieza, chofer, entre otras. Por si fuera poco, no todos disponen de estabilidad laboral. Sus contratos carecen de los derechos de ley: vacaciones, horas extras y seguridad social.
En la sala nacional, desde el 2017, se desvinculan cada año -debido a la escasez presupuestaria- entre 29 y 37 personas, quienes no tienen la posibilidad de volver a ser contratados. En el 2014, la Sede contaba con 167 nombramientos permanentes; en la actualidad son 87. En el 2014 había 52 contratos ocasionales, actualmente hay 4.
La situación de la CCE es similar a la de otras instituciones. Tal es el caso del Complejo Arqueológico Ceros Hojas-Jaboncillo, en Manabí (el segundo en importancia arqueológica después de Ingapirca) Dispone de un escaso presupuesto que casi no suple, los gastos de sus servicios básicos, ha sufrido el despido de 5 guías nativos y los restantes solo tienen contrato hasta diciembre del presente año. Además, no hay recursos para darle mantenimiento a las más de 3.500 hectáreas que guardan el patrimonio de la civilización manteña, una de las culturas más importantes del país y el Abya-Yala.
2. Derechos y condiciones laborales de artistas, gestores y trabajadores de las culturas.
Los trabajadores de las culturas han recurrido frecuentemente al pluriempleo viéndose inmersos en la precariedad laboral. Al mismo tiempo, se ha producido una ascendente digitalización -impulsada por la pandemia- de las manifestaciones artísticas y culturales, hecho que ha propiciado una “afectación/transformación de la naturaleza de varios eslabones de las cadenas de creación-distribución-exhibición” (Cardoso & Salas, 2021)
A su vez las condiciones que atraviesan los sectores culturales en Latinoamérica, agravadas durante la pandemia por Covid-19, son cada vez más difíciles y es notoria la existencia de una crisis de naturaleza ascendente.
En Ecuador la situación de los sectores artístico y cultural también son alarmantes, según una encuesta realizada por el Observatorio de Políticas y Economía de la Universidad de Artes, en el 2021. El 51% de los encuestados dispone de otro trabajo, el cual no está vinculado a sus actividades creativas. El 60% está imposibilitado de ahorrar, y el 30% ahorra menos de USD 100 mensuales. Un 59% no dispone de ningún tipo de seguro médico, mientras que el 21% disfruta de seguridad social o la paga de manera voluntaria; solo el 6% contrata un seguro privado.
Las cifras expuestas evidencian el desapego del Gobierno ecuatoriano hacia los sectores mencionados. El recorte presupuestario que padecen la CCE, junto a varias instituciones alineadas al desarrollo científico y cultural, denotan la apatía, el desconocimiento de los derechos de los artistas y gestores culturales, la incapacidad del Estado para resolver las necesidades artísticas y culturales, y la ausencia de políticas culturales que permitan el surgimiento de una equilibrada gestión pública.
El problema no es una característica intrínseca de la CCE, o de los sectores cultural y artístico, sean independientes o no. Es un mal que se ha ido agudizando, debido a la precariedad de las condiciones laborales, la falta de políticas que incentiven el surgimiento de nuevos públicos, y la miopía institucional del Gobierno en tanto ente encomendado a propiciar el florecimiento sostenidos de quienes subsisten a partir de sus labores creativas.
Buscamos dignificar y estimular el trabajo en los hacedores de las artes y las culturas. El trabajo -a través de la implementación de derechos laborales- permite cubrir las necesidades básicas de una persona y su círculo de relaciones. En este sentido, proponemos la aplicación de varias medidas:
Ministerio de Trabajo: es bien conocido que en el sector cultural predomina la informalidad y la precariedad. Esto influye directamente en la reducción drástica de los ingresos y, más aun, en los largos meses de crisis vinculados a la pandemia en los que los obstáculos para para adaptar el trabajo a la modalidad virtual resultaron, en muchas ocasiones, insalvables.
Asimismo, se ha extendido la práctica del denominado “pluriempleo cultural”. Es decir que la dedicación laboral de un trabajador de las culturas, se compone del tiempo dedicado a los empleos artísticos, sumado a los no artísticos. En esta realidad, los y las trabajadores de la cultura, en Ecuador, tienen una carga horaria semanal que sobrepasa fácilmente las 40 horas.
A eso debemos añadir que los ingresos del sector cultural, incluidas ventas y exportaciones, durante el año 2020, representaron apenas el 50% de lo generado en el año anterior; estas pérdidas confirman la frágil situación de las personas trabajadoras de las culturas.
El Ministerio de Trabajo, en coordinación con artistas, gestores y trabajadores de las culturas debe establecer tarifas de remuneración para todas las áreas del sector cultural, fomentando indirectamente la estabilidad laboral. Además, el Estado tiene que asumir la responsabilidad patronal en el pago de las jubilaciones a los trabajadores de la CCE; financiar y aprobar estructuras mínimas de Talento Humano en los núcleos provinciales (es decir: analistas de Fomento Artístico y Cultural, Museos, Bibliotecas y Archivo, Publicaciones y Editorial, Asesoría Jurídica, Planificación, Comunicación Social; asistentes de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Asesoría Institucional, de Administrativo, Financiero, Tesorería, Contaduría, Talento Humano y secretaría provincial).
Circulación de bienes culturales: el objetivo es ampliar y estimular la circulación de los bienes y servicios culturales y fomentar su comercialización y apreciación. Para ello se debe desburocratizar, de forma estricta, la circulación de bienes culturales (obras plásticas, elementos escenográficos teatrales, etc.) que viajen o formen parte de las delegaciones que se presentarán en el exterior y, de este modo, facilitar e incrementar el acceso a los bienes culturales, generando nuevas demandas culturales en el país, desde el exterior.
Es menester promover la formación y capacitación de los funcionarios que forman parte de las instituciones públicas, renovando los procedimientos de circulación temporal de los bienes culturales. Las obras artísticas, de efectuarse esta tarea, podrán participar en circuitos de difusión a escala nacional e internacional.
Participación en la toma de decisiones de la política pública: las personas trabajadoras culturales se han visto abocadas a no participar en la toma e implementación de decisiones en torno a su sector.
La gran mayoría de estas resoluciones provienen de los poderes políticos de turno, debido a que muchas de ellas constituyen un servicio público o forman parte de alguna agenda política. Necesitamos políticas culturales construidas a partir de la participación de las Asambleas Culturales en los debates públicos y, sobre todo, en una gobernanza abierta a la cultura, en los ámbitos local, nacional e internacional.
Conocemos que la legislación prevé la seguridad social, sin embargo, la cobertura asignada no establece cesantía o jubilación. Es preciso mejorar las condiciones de seguridad social, al considerar a la cultura como un trabajo y no como un beneficio a terceros, comparable a la afiliación voluntaria.
Ley de Reconocimiento al artista: la cual debe implementarse mediante pensiones vitalicias, y por méritos, para artistas que se encuentren en condiciones vulnerables y que cumplan con los requisitos para acceder a los derechos que esta Ley garantice.
Fondos: los presupuestos destinados a los sectores culturales representan una gran preocupación, ya que siempre se han visto mermados o no gozan de una garantía en el tiempo: los indicadores, por ejemplo, revelan que la asignación de presupuesto frente a la suscripción de convenios es baja. Se ha visto necesario, entre los sectores artísticos, la implementación y el fortalecimiento de los sistemas de autogestión, así como la incensante búsqueda de fuentes alternas de financiamiento ante la apatía de instituciones públicas y privadas.
La cooperación internacional ha representado un salvavidas para edificios patrimoniales, bibliotecas, festivales. Proyectos de restauración, talleres permanentes, elencos, colectivos artísticos o propuestas multidisciplinarias, cuyos presupuestos siempre parecen disminuir e incluso han llegado a desaparecer. Sostenemos que es imprescindible la ayuda de organismos internacionales para la obtención de fuentes de financiamiento y recursos que apoyen y patrocinen al talento humano.
Es vital la edificación de redes e infraestructura que permitan el funcionamiento del sector cultural y la creación e investigación de las artes, a través del aval gubernamental, y que la CCE acceda a dichos fondos de cooperación internacional. A su vez, solicitamos la restitución de los fondos que, en primera instancia, fueron asignados a la CCE en el año 2011. También, el aseguramiento de los bienes culturales y patrimoniales de la CCE, a nivel nacional.
Ley de Cultura: implementación inmediata de algunos artículos de la Ley de Cultura, como la creación de la Red de Espacios, el Régimen Integral de Educación y Formación de Artes, Cultura y Patrimonio, la Red Nacional de Bibliotecas. Sabemos que la legislación garantiza el fomento a la creación, producción, distribución y acceso a diversos bienes y servicios culturales, sin embargo, la ausencia de políticas públicas convirtió la norma en letra muerta no aplicable.
El Estado, con su aparataje de prohibiciones y restricciones, cerró involuntariamente una serie de espacios culturales, produciendo -en consecuencia- el desmantelamiento de una red de espacios culturales y audiovisuales, desde la publicación de la Ley de Cultura. Una clara muestra es el cierre de los espacios de diálogo, en los repositorios de memoria, debido a la falta de normativas y decisión política para su implementación.
3.Defensa de las instituciones públicas de arte y cultura.
El concepto de lo público es patrimonial para los sistemas públicos modernos. Cicerón, en la antigua Roma, ya estableció la “cosa pública”. (Res Publica/Republica) como el núcleo de la organización societal. Sin un eje central, que sostenga y medie los puntos de encuentro y los intereses de la comunidad política, es imposible edificar una nación. El repliegue de lo público también atenta contra la construcción de una República plurinacional, puesto que da la espalda a la educación y la cultura como puntos centrales en la construcción y promulgación de las políticas públicas.
La disminución presupuestaria es un indicador del erosionamiento de lo público. La CCE recibe alrededor de 1/250 parte del Presupuesto General del Estado. En el plano conceptual, esto es mas grave: las políticas públicas culturales son obviadas por el Estado. Los reclamos de algunas instituciones educativas públicas, especialmente las universidades, reflejan -de primera mano- este deterioro.
Una de las consignas acuñadas por la Universidad de las Artes es “La educación pública en artes es un derecho”. Afirmación pertinente para reflexionar el alcance de los derechos culturales para los artistas, gestores y trabajadores de las culturas y para la sociedad en su conjunto, especialmente, el sector que por sus condiciones socioeconómicas no puede acceder a las prestaciones culturales específicas. Consideramos que la cultura, la creación, el goce estético, la educación en artes, el patrimonio y la memoria histórica son un Derecho.
Potenciar las instituciones públicas de arte y cultura, así como los espacios independientes y autónomos, contribuye a la sensibilización social y al cambio de formas de relacionamiento entre las personas, sobre todo en un contexto violento, el cual se ha potenciado durante la crisis carcelaria. Apostar por las culturas y las artes, es una respuesta frente a la degradación de nuestra convivencia.
Confiamos en que el diálogo y la consolidación de una propuesta entre las institucione del SNC, los espacios autónomos e independientes y, sobre todo, los artistas, gestores y trabajadores de las culturas, permitan construir un modelo de acción para las políticas públicas de la cultura, y al mismo tiempo la edificación de procesos para mejorar las condiciones de creación cultural y artística, las cuales son el sustento de vida de sus hacedores.
¡Juntos/as por el encuentro plurinacional de las artes y las culturas!
¡Las culturas en emergencia!
¡Justicia presupuestaria para el Sistema Nacional de Cultural y las organizaciones autónomas e independientes!
¡Reconocimiento de los derechos laborales de artistas, gestores y trabajadores/as de las artes y las culturas!
¡Por el respeto de los derechos culturales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador!
