En medio de la crisis que enfrenta el gobierno nacional ante la imposibilidad de encontrar gobernabilidad para sus propósitos, y en el marco de una movilización popular creciente en rechazo a sus políticas públicas que pretenden aumentar el precio de los combustibles, imponer reformas laborales contrarias a los intereses de los trabajadores, reformular el esquema tributario nacional en favor de los sectores empresariales, entre otras medidas que buscan consolidar el modelo neoliberal en el país, la respuesta del régimen a la coyuntura no ha sido otra que imposición de nuevas medidas impopulares.
En la opacidad de una política de pocas luces que no logra visualizar las necesidades de la gran mayoría de los ecuatorianos, el gobierno expidió el Decreto 238 que dispone “la creación del marco jurídico indispensable para impulsar el crecimiento de la capacidad instalada”, mediante la creación de políticas públicas para incentivar la inversión privada en el sector eléctrico. En buen romance, se trata de un primer intento de privatización del sector eléctrico nacional lo que supone un obligado incremento en las tarifas del servicio de luz con un grave impacto en la economía popular.
En 20 considerandos que señalan las atribuciones constitucionales del Estado respecto de la administración de la energía en el país, el decreto establece (Art 1) “expedir las políticas del sector eléctrico para el desarrollo del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público general, servicio de carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía”. Y, en un plazo de tres meses, “formular y promover las políticas públicas, y reformar el marco legal y regulatorio, en lo pertinente, para generar condiciones óptimas de carácter técnico, económico, ambiental y social, que permitan incentivar la inversión privada en las distintas áreas del servicio público de energía eléctrica”. Además, (Art 4) “promover esquemas eficientes y competitivos para la participación de inversión privada en las etapas de generación, transmisión, distribución, comercialización y almacenamiento de energía (…), a través de diferentes modelos de gestión tales como asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas y similares”. Y, complementariamente, “implementar las regulaciones necesarias que contemplen tarifas de incentivo y condiciones preferentes”, así como, “conducir la elaboración de una nueva normativa o reforma a la existente para que las empresas públicas puedan captar recursos del sector privado en la inversión y operación de las distintas actividades para la prestación del servicio público de energía eléctrica”.
No obstante, el decreto presidencial no alude en ningún momento que el artículo 315 de la Constitución prohíbe la privatización y estipula que la gestión de sectores estratégicos está a cargo únicamente del Estado, cuya sentencia 001-12-SIC-CC. de la Corte Constitucional lo ratifica.
Reacción del sector eléctrico
Los trabajadores del sector eléctrico organizados en el comité de la Empresa Eléctrica de Quito se declararon “en sesión y movilización permanente y se suman a la movilización nacional convocada por las Centrales de Trabajadores”. Entre las causas de su decisión, el Comité menciona la publicación del Decreto No 238, en el que se emiten las disposiciones para dar paso al “incentivo de la inversión privada” y convoca “a los procesos públicos de selección para la concesión del Bloque de 500 MW de (…) Ciclo Combinado Termo Gas Machala, Sistema de Transmisión Nororiental, Bloque de Ciclo Combinado Gas Natural de 400 MW, y la gestión delegada de la Central Sopladora. Puesto que estas disposiciones establecen que las empresas del sector privado podrán realizar las actividades que le corresponden al sector público, el decreto es “el paso inicial para que la privatización de este sector vaya en escala”.
Los trabajadores eléctricos se manifestaron preocupados porque estas reglamentaciones “se tomen de manera unilateral, sin que exista un análisis previo sobre las condiciones en las que se encuentran las empresas que brindan el servicio eléctrico a nivel nacional”. Como parte del sector, “conocemos muy bien que la rentabilidad que brindan al Estado las empresas públicas cubre los gastos de operación y además generan ganancias, por tanto, aquella desatinada decisión nos causa indignación”, señalaron.
Trabajadores y ciudadanía en general coinciden en que la respuesta del régimen a la crisis en la opacidad de la ceguera presidencial, no concibe otra alternativa que acentuar el malestar popular con decisiones de pocas luces.
