La semana política termina con malas noticias. El régimen, lejos de escuchar el pedido popular expresado por diversos sectores, entre otros, la Conaie, los transportistas y representaciones de parlamentarios -Pachakutik, UNES-, decretó un alza de los combustibles este mes de octubre, a 2.55 dólares la gasolina extra y el diésel a 1.90 dólares, incremento correspondiente al 6% para el galón de gasolina y del 12% para el diésel, cuando los costos son 46% más caros del precio inicial. El precio de la gasolina Super ($3,23) no será regularizado, pues está liberalizado.
El presidente Lasso justificó el alza decretado, señalando que “es un sentido de responsabilidad con el país, por las propias relaciones que tiene el Ecuador con el mundo”; entre otras, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige al gobierno del Ecuador el incremento de los combustibles hasta concordar con precios internacionales del petróleo; una exigencia hecha a cambio de transferir préstamos al Ecuador, en el mayor endeudamiento en la historia del país con el organismo multilateral.
La medida oficial adoptada, contraria a los intereses de las mayorías de los ecuatorianos, según analistas, enciende la mecha de una protesta popular que tendrá lugar desde el martes 26 de octubre, convocada por la Conaie con invitación al denominado “Parlamento de los Pueblos”, al Frente Unitario de Trabajadores, al Frente Popular y a la Fenocín. La dirigencia de la Conaie señaló: “Rechazamos y condenamos este nuevo incremento del precio de los combustibles, que con engaños el presidente ha dicho que congela, cuando realmente es un paquetazo para el pueblo ecuatoriano (…) No vamos a aceptar semejante incremento al precio de los combustibles. El Gobierno Nacional, en lugar de escuchar, ha burlado a las mesas de diálogo, que ha propuesto”, según expresó el dirigente Leonidas Iza.
Pachakutik, brazo político de la Conaie, que durante la semana se encontraba “dialogando” con el régimen que pretendía supuestos acuerdos, rechazó el alza señalando que “a último momento el Gobierno realizó un incremento adicional que afecta lesivamente a la economía familiar ecuatoriana. Por tal motivo, consideramos que aun cuando la elevación del precio de los combustibles se haya detenido y no se llegaron a los precios internacionales como se pretendía, este incremento continúa afectando. De tal manera, exigiremos tanto en los espacios de diálogo como con la lucha y la movilización la reducción de los precios acorde a la economía de las familias ecuatorianas”.
El Consejo Ampliado de la Conaie, que se deslinda “de los acuerdos alcanzados en materia de los precios de los combustibles” en los diálogos sostenidos de manera inconsulta por su brazo político con el régimen, manifestó a través de sus representantes que, “quienes han incurrido en este acto de indisciplina serán aplicados justicia indígena, en coordinación con las autoridades de pueblos y nacionalidades en este siguiente mes”. Al mismo tiempo, sus dirigentes manifestaron que, durante la movilización en las calles, “no se tolerará la presencia de delincuentes. Donde exista robo, utilizaremos la justicia indígena, pero no permitiremos el ingreso de la fuerza pública frente a nuestras bases”.
El trasfondo del tema
El presidente de la Asociación de Trabajadores del Petróleo y Energías, ingeniero David Almeida, invitado en el programa La Oreja Libertaria, producción del Colectivo Espejo Libertario, transmitido por Radio Pichincha bajo la conducción de los periodistas Luis Onofa y Leonardo Parrini, sostuvo esta semana que “no existe un subsidio a los combustibles” y que el alza “responde a la necesidad de hacer más lucrativo el negocio del petróleo con el propósito de privatizar la producción y refinamiento de los combustibles”.
Almeida sostiene su afirmación basado “en cifras oficiales y en cálculos respecto de la producción nacional de derivados, así como de valores de exportación e importación de derivados y de identificar cuál es el balance final de toda la producción y comercialización de derivados del petróleo. De los combustibles consumidos en el país, el 64% son importados, y el 36% restante fueron producidos en las refinerías del país durante el 2019, a un costo de producción mayor al precio internacional. Según el balance del 2019, el costo de producción de derivados nacionales fue de $ 1.281 millones de dólares -incluidos gas licuado, gasolinas, fueloil, y Diesel; en tanto, el costo de importación de derivados fue de $ 4.154 millones de dólares, sumadas ambas cifras los egresos estatales son del orden de los $ 5.400. Para verificar que exista un subsidio a los combustibles, debería el Estado recibir menos ingresos que los egresos que mantiene, y que saque dinero de las arcas fiscales para suplir esa necesidad de los derivados. De los derivados producidos localmente en el año 2019, y exportados a precios internacionales, el país obtuvo ingresos por $ 805 millones de dólares; por exportación de derivados y venta interna de combustibles el Estado obtuvo $ 4.783 millones de dólares. Si se suma ingresos y se resta los egresos estatales, se obtiene una utilidad del orden de los $ 152 millones de dólares en 2019. Por esta razón, Almeida afirma que no hay tal subsidio estatal a los combustibles, porque el Estado no logra demostrar el supuesto perjuicio que ha tenido por los precios congelados de los combustibles. En esa dinamica, por un lado, se autoriza al sector privado a importar combustible y, por otro, se busca la privatización de las refinerías nacionales. El precio congelado de los combustibles no permite que un importador privado se pueda beneficiar del negocio de la importación y venta de los combustibles. Al mismo tiempo, el precio congelado de los combustibles reduce el margen de utilidad que obtienen las refinerías estatales. El trasfondo, y lo que viene de la mano con el alza de los combustibles, es la privatización de la cadena de comercialización de combustibles, según demostró el ingeniero Almeida. El economista Marcelo Varela, también invitado en el programa, sostuvo que “el alza de los combustibles incide en los precios de los productos de primera necesidad: con una inflación del 6.5% acumulada de enero a septiembre en el transporte, lo que se refleja en un alza de los precios de alimentos y bebidas que suben este año, conjuntamente, con la medicina y la educación.
Doble discurso oficial
Mal hace el régimen de Lasso en jugar a dos bandas; por un lado, llamar a un diálogo que al parecer solo busca ganar tiempo, y por otro, continuar imponiendo con intransigencia la política de eliminar el subsidio a los combustibles decretando un alza de última hora.
La política y sus actores no resiste dobles discursos por mucho tiempo, es preciso mantener posiciones claras que trasunten honestidad y confianza. No se puede actuar a “dios rogando y con el mazo dando”, como bien dice el pueblo.
El régimen está sepultando peligrosamente sus posibilidades de gobernabilidad democrática, abriendo paso a un estado de excepción represivo que enfrentará a una protesta popular decidida y en capacidad de sostenerse en el tiempo. Lo peor que puede hacer el gobierno en los actuales momentos, es desoír a sus mandantes. La historia la hacen los pueblos, a pesar de que obcecados políticos pretendan cambiarle el curso en detrimento del país y de su propia sobrevivencia bajo incendiarias decisiones.
