El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes que decretó el estado de excepción para todo el país ante un aumento de los índices de violencia a causa del narcotráfico, según indicó, ordenando la movilización en las calles de policías y militares. El mandatario anunció: «Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional».
Lasso indicó que «en las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico» y que «en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas». Se declaró el «estado de excepción por grave conmoción interna», debido al «aumento de la actividad delictiva», especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen, apuntó el mandatario. Según esta medida presidencial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevarán a cabo “controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga”, entre otras acciones.
La declaratoria de estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional, ha motivado diversas reacciones ciudadanas. En primera instancia, estado de excepción significa que los aparatos del Estado están colapsando en su intento de controlar lo que ahora pretende vigilar la medida oficial. Ante esa realidad, surge la interrogante acerca de qué capacidad tiene la policía para cumplir su trabajo de brindar protección ciudadana con sus propios recursos profesionales sin asistencia de militares, como estipula la medida excepcional. Lasso anunció además la creación de un «comité de defensa legal de la fuerza pública» encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados por ciudadanos en el marco de acciones de seguridad. El presidente Lasso anunció que se creará dicha unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública que combatan a la delincuencia. Esta unidad se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía y de las FF.AA. que sean demandados por simplemente cumplir con su deber. “La Ley debe intimidar al delincuente mas no al policía”, dijo Lasso.
El gobernante también decidió cambiar a su ministro de Defensa en medio de una crisis carcelaria y una «etapa de inseguridad» en la nación, todo por efectos del narcotráfico, según dijo. Entre enero y agosto de este año en el país se registraron 1.427 asesinatos, 55 más que los de todo el 2020, según el ministerio de Gobierno. Según anunció el Primer Mandatario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevarán a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones.
Si el estado de excepción implica insistir en tradicionales patrullajes callejeros durante dos meses, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar resultados de seguridad y disminución de la criminalidad a largo plazo en forma sistemática, más allá de ese periodo de tiempo. Como suele suceder, es probable que la delincuencia termine tomándole el pulso, una vez más, a los aparatos del orden estatales para medir la dimensión de sus iniciativas y reacciones y, final de cuentas, adaptándose a las excepcionales circunstancias represivas y encontrando nuevas formas de eludirlas. En tal sentido, jamás serán suficientes las respuestas policiales o militares a un problema social que debe ser atendido con políticas públicas en la perspectiva de reducir las causas económicas y sociales de la delincuencia. Incluso el narcotráfico tiene su propia dinámica en la posibilidad de obtener ingentes cifras de dinero con que comprarlo todo y un poder de fuego, en apariencia ilimitado y superior, frente a los organismos del orden y que, por tanto, también requiere de un tratamiento específico en las medidas de contención.
Reacciones ciudadanas
Una objeción ciudadana a la medida adoptada por el presidente señala que Lasso percibe dos peligros: la delincuencia y la protesta social, que hace mal en meterlas en el mismo saco y aplicarles la misma medida represiva. Ese equívoco presidencial implica que se diluye en las dudas sus intenciones antidelictivas, que se confunden con un pretexto para dotar al Estado de poderes especiales para disuadir o, en su peor expresión, reprimir la protesta de sectores opositores al gobierno. ¿Por qué se decreta precisamente ahora el estado de excepción a pocas horas de iniciarse una movilización convocada por el FUT y la CONAIE, en consecuencia, de que la delincuencia tiene antecedentes anteriores?
Una medida excepcional como la adoptada desde la presidencia debe contar, necesariamente, con la anuencia popular, con el apoyo activo de la ciudadanía. La democracia obliga a que todo estado de excepción que restrinja derechos, cuente con la participación activa de los miembros de la comunidad en donde se aplica; un estatus de pasividad ciudadana da lugar al peligro latente de excesos antidemocráticos por eventuales abusos de las fuerzas del orden.
Lasso ha prometido indulto para los miembros de las fuerza policiales y militares que resultaren enjuiciados por excesos cometidos en ejercicio de sus funciones profesionales. Sin duda es carta abierta presidencial que deja pendiente una interrogante: ¿están los efectivos policiales y militares en capacidad de medir la dimensión de sus actos, respetando los derechos ciudadanos, sin hacer uso y abuso de la protección presidencial?
En el terreno del imaginario colectivo, no es nada saludable que el país perciba que a la protesta social se le da el mismo tratamiento policiaco militar que a la delincuencia, puesto que son dos fenómenos de diferente naturaleza, origen y consecuencias. Una medida antidelictiva que tiene que ser aplicada con un prioritario carácter técnico, no se debe confundir con la medida política de querer persuadir a la protesta social de inhibirse de actuar ante las mismas armas con que el Estado amenaza a la delincuencia. El presidente no mide la corta distancia que existe entre un gobierno impopular a otro antipopular. La historia le dará la medida de los hechos.
